Si el otro día era el propio secretario de Estado, Lassalle, el que reconocía que la Comisión de Propiedad Intelectual no funcionaba, ahora ha sido la Sociedad de Autores Audiovisuales —que representa a 120.000 directores y guionistas europeos— la que ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra el nuevo sistema español de remuneración por copia privada que ha sustituido al canon digital.
A principios de diciembre el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó el canon digital. Para quien no lo sepa, el canon digital era una cantidad de dinero que se cargaba sobre los aparatos electrónicos, las fotocopiadoras o los CD’s, fueran a ser usados o no para grabar y distribuir ilegalmente copias de obras originales. El canon generaba 115 millones de euros, que eran entregados a las sociedades que gestionan los derechos de autor para su posterior reparto entre los socios. Este canon ha sido ahora sustituido por un pago de 5 millones de euros que saldrá de los presupuestos.
La Sociedad de Autores Audiovisuales estima insuficiente esta cantidad y considera que el Gobierno ha hecho “un regalo de Navidad de 110 millones de euros a las industrias electrónicas”, ya que, aunque el canon ha desaparecido, el precio de los aparatos no ha bajado.
La Sociedad alega que la nueva legislación española no respeta la directiva europea sobre copyright ni la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, porque “no vincula la remuneración al acto de copia privada y no estima de forma satisfactoria el grado de perjuicio sufrido por los titulares de los derechos”.
Esto de los derechos de autor era otra de las cosas que se iban a solucionar con la sola entrada de don Mariano en La Moncloa. El mal funcionamiento de la Comisión y la chapuza que ha sustituido a la chapuza del canon indican todo lo contrario.