El sistema financiero de Chipre está en una situación de quiebra. ¿Pero qué debe hacer la Unión Europea y el resto de Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria? ¿Salvar a los bancos chipriotas? ¿Dejar caer los bancos pero salvar a los depositantes? ¿Permitir que los grandes depositantes pierdan sus ahorros para que los pequeños ahorradores los puedan salvar?
Estas son las preguntas que llevan semanas encima de la mesa de los ministros de Economía de la zona Euro y que se resolvieron el sábado 16 de marzo con la tasa excepcional del 6.75% a los depósitos de menos de 100.000 euros y del 9.99% a los depósitos superiores, revisada a posteriori para dejar exentos a los depósitos inferiores a los 20.000 euros, y vuelta aún a revisar para dejar exentos a todos los depósitos inferiores a los 100.000 euros y terminar aplicando una “tasa” de hasta el 30 por cien en los depositos superiores a los 100.000 euros.
Se ha escrito que la “tasa sobre los depósitos” que se quiere aplicar es una “confiscación” de los ahorros. Pero esa argumentación parte de la premisa que los depósitos, sean de la cuantía que sean, están garantizados, y eso no es cierto. Los depósitos sólo están garantizados hasta los 100.000 euros ante un riesgo de quiebra de la entidad financiera. Y la tasa que se quiere aplicar es precisamente para evitar esta quiebra, de modo que incluso la podríamos calificar de “mal menor” si consideramos que sin el plan de rescate, probablemente como mínimo uno de los dos grandes bancos chipriotas quebraría y sus depositantes podrían perder todos sus ahorros. El plan de rescate y la tasa permitiría no sólo garantizar los depósitos inferiores a 100.000 euros, como marca la ley, sino garantizar los depósitos superiores con una pérdida de “sólo” el 30 por cien.
Y aquí está el meollo de la cuestión: ¿por qué, en lugar de aplicar esta tasa no dejamos caer a bancos técnicamente en quiebra, los liquidamos, y garantizamos todos los depósitos hasta un máximo de 100.000 euros? ¿Por qué no garantizamos los ahorros de los pequeños depositantes y permitimos que todo aquél que tenga más de 100.000 euros pierda toda la cantidad que supera este importe? Esa es la ley que, en principio, debería imperar para todos. ¿Da miedo hacerlo? ¿Incluso nos da miedo en un contexto como el chipriota, donde la mayoría de grandes depositantes son no residentes que llevaron su fortuna a la isla para sacar provecho de su peculiar status de “paraíso fiscal” dentro de la zona euro?
Si los bancos chipriotas quebraran, se calcula que se podrían perder hasta el 60% de los depósitos. Pero eso no quiere decir que todo el mundo perdiera el 60% de lo depositado, sino que los pequeños depositantes podrían mantener el 100% de sus ahorros, y los grandes perderían hasta más del 90% en el caso que tuvieran más de un millón de euros en la isla. ¿Por qué no se ha tomado esta medida? Porque nadie ha querido, empezando por el gobierno chipriota. Un gobierno que no quiso ni tan siquiera aplicar una tasa del 15% a todos los depósitos superiores a 100.000 euros, como proponía la Comisión Europea, medida que hubiera evitado proponer inicialmente una tasa para los depósitos inferiores a esa cantidad, y que ha terminando aceptando una solucion mucho peor.
Seamos claros: el principal responsable de la actual situación de quiebra financiera en Chipre no es la troika europea, sino del gobierno chipriota, que se ha beneficiado durante muchos años del flujo de fortunas desde el exterior, principalmente de Rusia, y que ahora no quiere poner en riesgo su particular “gallina de los huevos de oro” tasando a los grandes depositantes extranjeros para poder salvar a los pequeños depositantes chipriotas y al conjunto de su sistema financiero.
Chipre está viviendo las consecuencias del pinchazo de su burbuja financiera, como también le ocurrió a Islandia, aunque con dos importantes diferencias: en Chipre no sólo están en peligro los ahorros de sus ciudadanos sino de las grandes fortunas de los no residentes y -a diferencia de Islandia- la República de Chipre forma parte de la Unión Económica y Monetaria. De modo que los ahorradores islandeses perdieron gran parte de sus ahorros cuando el sistema quebró, pero los chipriotas esperan que el resto de europeos salvemos no sólo sus ahorros sino las fortunas de los no residentes que tienen sus depósitos en Chipre. ¿Pero es eso justo?
¿No sería más justo que los depósitos superiores a 100.000 euros, la mayoría en manos de ciudadanos no europeos, fueran grabados con una tasa, aunque sea del 20 o el 30 por cien, para “rescatar” sus propios bancos en quiebra, debido precisamente a la burbuja generada por el dinero sobrevenido al pequeño Estado insular? Eso quizás sería lo más justo, pero el gobierno chipriota se ha resisitido durante mas de una semana. Rusia, evidentemente, tampoco lo queria aceptar. Pero la alternativa a la tasa (o quita) de los grandes depositos era la quiebra. Y en una quiebra los grandes depositantes lo hubieran perdido casi todo. Pero nadie queria una quiebra, porque eso si que seria un grave precedente para las entidades financieras del sur de Europa.
Tampoco en España hemos permitido que ningún banco o caja de ahorros quebrase. ¿Y por qué no? Quizás hubiera sido ¿mejor? permitir la quiebra de alguna pequeña caja de ahorros, garantizando los depósitos de hasta 100.000 euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que ir inyectando fondos a la entidades para evitar que nadie pierda ni un euro. ¿O no?
Porque la pregunta clave es esta: ¿estamos dispuestos a que los depositantes españoles que tengan más de 100.000 euros en sus cuentas -la mayoría empresas- pierdan su dinero? Hasta ahora nadie ha estado dispuesto. El Estado se ha gastado el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos garantizando la viabilidad de las entidades y así garantizar todos los depósitos de forma indirecta, al margen de su cuantía. Y es con esta misma filosofía que se ha planteado el rescate bancario español. ¿Cuál era la alternativa al rescate? Probablemente la quiebra de alguna de las entidades. ¿Qué hubiera pasado con los 100.000 millones depositados en Bankia si la entidad hubiera quebrado? ¿Quién hubiera garantizado los depósitos? ¿Un Estado español sin recursos? Sin el fondo de rescate europeo muchos ciudadanos hubieran perdido sus ahorros y quizás hubiera sido imposible garantizar incluso los depósitos inferiores a 100.000 euros. Quizás el rescate público no sea la mejor opción, pero ¿estábamos dispuestos a que los clientes de Bankia soportaran en solitario la quiebra de la entidad para evitar tener que inyectar fondos públicos? También tenemos que tener en cuenta que el rescate se produce cuando otras opciones ya fracasaron ¿o hemos olvidado que Bankia salió a bolsa precisamente para no tener que inyectar fondos públicos para capitalizarla?
Desgraciadamente esta es la disyuntiva en la que nos encontramos: rescate público europeo o quiebra. Y si un banco quiebra pero su Estado no es suficientemente solvente para garantizar los depósitos, los depositantes perderían sus ahorros -como recordaba hace unos días el ministro de finanzas alemán. Eso es lo que hubiera pasado en España sin rescate bancario. Y eso es lo que se ha intentado evitar en Chipre con la “tasa” o “quita” a los depositos superiores a 100.000 euros.
La disyuntiva en Chipre no es entre asumir una perdida del 20 o el 30% sobre los ahorros o mantenerlos como hasta ahora, sino entre asumir esa perdida o perder los ahorros. Si los chipriotas no están dispuestos a asumir esa perdida parcial, lo más probable es que terminen perdiendo todos sus ahorros.
El caso chipriota nos obliga a mirar la realidad de frente y asumir que las ayudas públicas a la banca para mantenerla a flote han servido para salvar los depósitos. Sin esas ayudas, y sin un sistema de garantía de depósitos europeo que a día de hoy no existe, el riesgo de quiebra de algunas entidades hubiera sido muy alto, y millones de españoles hubieran podido perder sus ahorros. Debemos pues sabernos mirar bien en el espejo chipriota.