Contra la violencia machista: Pacto de Estado y profesionalidad-sensibilidad

El lunes 4 de mayo nos despertábamos con el asesinato machista de una mujer de 47 años a manos su pareja en Almeria. Conforme avanzaba el día otro asesinato – esta vez de un menor a manos de la pareja sentimental de la madre – era conocido en Torrevieja. Además, en el caso de Almeria la violencia machista costó la vida a otra persona del ámbito laboral de la víctima. Cuatro días después de estos hechos – el viernes 8 de mayo – conocíamos otro asesinato machista. Esta vez,  la víctima se encontraba en el Complexo Hospitalario Universitaria de Ourense donde permanecía ingresada – al parecer – por una agresión anterior por parte de su marido. Y esta semana otros dos asesinatos machistas en menos de 48 horas engrosaban esta macabra lista. Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hablan de 12 víctimas mortales por violencia machista (vid. Ley Integral) en lo que llevamos de año y un caso en estudio. Además, esos mismos datos hablan de un menor asesinado por violencia machista y 16 menores que han quedado huérfanos por este tipo de violencia. Los datos son contundentes y muestran la realidad más brutal de este tipo de violencia: la que mata, la que asesina. Una realidad que nos habla de que solo dos de las mujeres asesinadas en lo que va de año había denunciado su situación de maltrato y que, por ende, solo dos habían obtenido una orden de protección (solo vigente en uno de los casos). Toca preguntarse por qué y para ello una lectura crítica de la Macroencuesta de 2015 nos arroja muchas luces. Y es que – hoy por hoy – el análisis de casos nos permitiría – incluso – hablar de una cierta 'edad de riesgo' de ser víctima mortal de este tipo de violencia. Fíjese que 4 de las víctimas mortales de este año tenían edades comprendidas entre 21-30 años y 3 de las víctimas tenían entre 31-40 años así como entre 41-50 años. Pero si tomamos la variable edad de las víctimas mortales de violencia machista en el período comprendido entre 2003-2012 (según datos del VI Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer)  observamos que un total de 177 mujeres de entre 31 a 40 años fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas (27%). Otra franja de 'edad de riesgo' que cabe significar es la comprendida entre los 21 a 30 años en donde durante ese periodo de tiempo fueron asesinadas un total de 151 mujeres (22,9%). Le siguen por tramos de edad las mujeres de entre 41 a 50 años con 126 mujeres asesinadas (19,1%) y las mujeres de más de 64 años con 85 mujeres asesinadas (12,91%).

Pues bien, partiendo de los anteriores datos sobre la variable edad de las víctimas mortales, una de las hipótesis a tener en cuenta a la hora de determinar por qué las mujeres de entre 21 a 40 años tienen estadísticamente un mayor riesgo de ser asesinadas por este tipo de violencia no es otra que estamos ante grupos cuyas edades les hacen estar potencialmente más sensibilizadas (y/o concienciadas) ante este tipo de violencia lo que resulta determinante para que – llegado el momento – decidan dar por finalizada la relación (algo de imposible aceptación para el agresor y momento de mayor incremento del riesgo).

Otro dato a tener en cuenta, y que resulta también coincidente a lo largo de la serie histórica, es el relativo a la relación de convivencia entre la víctima y el agresor en el momento del asesinato. Y es que en 9 de los 12 asesinatos por violencia machista en 2015 la víctima convivía con su agresor. Durante el periodo 2003-2012, en el 65% de los asesinatos por violencia machista había convivencia entre la víctima y el agresor. Porcentaje que se incrementó en 2012 con un 71,2%. Desde el punto de vista del análisis de casos resulta relevante poner en relación estos datos con los del factor edad en la medida en que muchas de las víctimas mortales se encontraban en trámites de separación y, por tanto, en un momento en el que la ruptura de la pareja era ya un hecho. Fijaos que en 2015, los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre este extremo informan que la relación entre la víctima y el agresor era de 'pareja o en fase de separación' en 7 de los 12 casos.

Sin duda son datos para pensar y reflexionar pero sobre todo para actuar. Y es que mucho se ha comentado sobre la especificidad de este tipo de violencia (aquí, aquí, aquí y aquí) y sobre sus particularidades (por qué las víctimas no denuncian, por qué una vez que han denunciado se retractan, etc.). Desde distintos foros se ha hablado (y se habla) de la necesidad de un pacto de Estado, de la necesidad de la formación específica de todas y todos los operadores, del compromiso firme y decidido por parte de los poderes públicos, etc. (¡Ojo!, estamos en año electoral). Los datos de la Macroencuesta y de las estadísticas que periódicamente se publican requieren de lecturas críticas y propuestas concretas de actuación. Y es que no hacer nada (o no hacer lo suficiente) implica aceptar como inevitable este tipo de violencia. Es más, implica aceptar el pacto patriarcal sobre la que se sustenta. Algo inaceptable para una sociedad que presume de democrática y avanzada. Y es que no podemos ignorar la existencia de una cierta 'violencia de género institucional' ante la incapacidad de los poderes públicos de dar respuesta efectivas y eficaces ante este tipo de violencia.

Recordemos a Soledad Cazorla que nos dejaba el pasado 4 de mayo y recordemos cómo en su lucha contra este tipo de violencia apelaba a que los poderes públicos debían centrarse en la prevención, la sanción y la protección y asistencia a las víctimas. Ya lo decía ella cuando señalaba que combatir esta peculiar violencia no era tarea fácil, o cuando advertía que el camino iba a ser largo y tortuoso (y lo vemos). Es más, señalaba que el camino iba a ir acompañado de 'inclemencias' de toda índole. Hoy, recordamos a Soledad Cazorla y a todo su trabajo en la lucha contra este tipo de violencia y a cómo reclamaba la especialización. Especialización y formación cuya justificación – precisaba – “no (era) tanto por la complejidad técnico-jurídica de la materia (que también), sino por la exigencia de una especial profesionalidad-sensibilidad ante el problema de esta singular violencia”.  De ahí que instara a las y los profesionales, en especial del ámbito jurídico, a estar formados no solo en el derecho a aplicar sino en la aproximación a otras materias extra jurídicas que pudieran ayudar a conocer y acertar en las decisiones que desde cada ámbito profesional competen. Me quedo con esta última parte y con esa invitación para 'acertar' en las decisiones contra este tipo de violencia. Los últimos asesinatos machistas evidencian que no se está acertando en las decisiones que se adoptan y que no se está protegiendo adecuadamente a las víctimas. El caso de Ourense no deja lugar a dudas. Habrá que preguntarse por qué y apelar de nuevo a ese Pacto de Estado contra la violencia machista que requiere de voluntad política pero, además, de profesionalidad-sensibilidad – como decía Soledad Cazorla – para su abordaje.