Sería difícil negar el hecho de que el Estado de Bienestar español experimentó una transformación impresionante desde la reinstauración de la democracia hasta el final del siglo XX. Desde los primeros años setenta, el gasto social se dobló y lo mismo ocurrió con la presión fiscal. Sin embargo, y a pesar de que los países más importantes de la UE estaban ya tratando de contener el gasto social desde 1980, el Estado de bienestar español (EBE) nunca logró darles alcance en términos de gasto e ingresos. En 2007, tras una década de crecimiento económico sin precedentes, nuestro gasto social en porcentaje del PIB era del 21,6% mientras que en Italia, Alemania y Francia sobrepasaba el 25%; tampoco nuestro sistema fiscal se puso a la altura de otros europeos. Tras cinco años de crisis, con un PIB a la baja, el porcentaje de gasto social se ha acercado a otros países de Europa, pero nos siguen diferenciando de ellos algunos complejos problemas y la falta de una estrategia clara de política social.
Por lo que se refiere a los problemas, al comenzar este siglo, el EBE presentaba aún serios desafíos que lo alejaban de los mejores EB europeos. Por un lado, adolecía de un limitado nivel de institucionalización en algunos sectores de política social, como los relativos al cuidado, la infancia y las familias, debido tanto a la prioridad que por diversas razones se había concedido al desarrollo de otras políticas, como al extraordinario papel que han venido desempeñando las mujeres como proveedoras de tal cuidado. Por otro lado, presentaba problemas similares a los que afrontan otros EB europeos, en concreto los denominados Nuevos Riesgos Sociales, que sin embargo se manifiestan de manera especialmente intensa e interconectada en España (lo que nos recuerda que no sirve de nada reformar un sector de políticas sin tener en cuenta los demás).
Sin ánimo de exhaustividad, tales nuevos riesgos se concretan en España en fenómenos como los siguientes. El rápido envejecimiento de la población y, en parte derivado de ello, la necesidad en un futuro cercano de más recursos para atender el pago de las pensiones, el gasto sanitario y el creciente número de personas en situación de dependencia. Las pensiones no serían en la actualidad un problema grave si no fuera por el desempleo masivo (ahora de un 26% frente al 11% del promedio de la UE). A su vez, este es el resultado de la defectuosa transición que realizamos hacia una sociedad postindustrial basada en el protagonismo de un modelo productivo asentado sobre sectores de bajo valor añadido.
Además, en parte como consecuencia de tal modelo, sufrimos un terrible fracaso escolar (con chavales que preferían el salario de la construcción al estudio) que duplica la media de la U-27 y que complica la vuelta al mercado laboral de estas personas deficientemente instruidas cuando caen en el desempleo.
El fracaso escolar y la necesidad de mejorar la calidad de la educación y la formación profesional son dos grandes retos del sistema educativo a los que, sin embargo, no puede atenderse solo desde tal sistema, pues sabemos que el rendimiento escolar está muy ligado a las características socioeconómicas de los estudiantes. Y aquí es precisamente donde encontramos dos de los grandes problemas de nuestro EB: la desigualdad y la pobreza. Se trata de problemas centrales y vergonzantes por tres razones:
1) Somos el tercer país con más desigualdad de la UE-27.
2) La situación no se debe solo a la crisis sino que ya estaba ahí antes de la llegada de la misma y no hicimos nada por corregirla.
3) Afecta a colectivos especialmente frágiles, mayores y niños, siendo para estos últimos una condena de por vida.
Estos problemas se han agravado por la crisis ya que son los segmentos más pobres, los que más ingresos pierden por impacto de la misma (a diferencia de lo que ocurre en otros países, como explica Muñoz de Bustillo) y todavía se agravarán más en muy poco tiempo debido tanto a la destrucción de empleo como al escaso desarrollo de nuestro EB, profundizando así en el otro creciente problema de la sociedad, la dualización entre aquellos bien integrados en el mercado laboral y los que nunca lo estarán, lo que puede ocasionar que un tercio de nuestra población quede descolgada del sistema.
Por lo que respecta a la estrategia, durante los años 80, se comenzó a edificar un sistema de bienestar compuesto por políticas que pretendían abarcar a sectores amplios de nuestra sociedad (por ejemplo, en materia de educación, el objetivo entonces era la equidad más que la calidad, en materia de sanidad, la universalización; en pensiones, se introdujeron las no contributivas). Sin embargo, la segunda mitad de los 90 y la primera mitad de los 2000, fue una década prácticamente pérdida para el EBE, y no solo porque no se aprovechó para solucionar los problemas del país (por ejemplo, la fuerte dualización del mercado laboral) sino que distintas iniciativas solo tendieron a agravarlos (por ejemplo, en materia fiscal).
¿Qué estaba pasando en Europa durante estos años? A finales de los noventa, algunos países europeos y la propia UE en su estrategia de Lisboa abrazaron la llamada perspectiva de “inversión social”. Considerado por algunos el paradigma emergente en política social, este enfoque no ha estado exento de críticas, tanto por parte de los defensores del paradigma keynesiano, que lo acusan no sin razón de abrazar los valores del neoliberalismo, como por parte de los propios neoliberales, que lo culpan, con razón, de operar con instrumentos keynesianos.
Sintéticamente, considera que las políticas sociales no son una carga sino una inversión. Sin embargo, para sus defensores los recursos públicos no deberían destinarse a la reparación de situaciones de necesidad sino a la prevención de las mismas (a preparar, no a reparar), dotando a los ciudadanos de herramientas que les proporcionen habilidades para integrarse adecuadamente en el mercado laboral, y esta inversión debe realizarse desde el mismo momento en que se nace. Se trata de políticas de escolarización temprana y a lo largo de la vida y que apoyen la inserción laboral de las mujeres e incluso de los mayores y otros colectivos que antes no se consideraban empleables.
Algunas de estas políticas parecen haber inspirado las llevadas a cabo entre 2005 y 2010 en España (Plan Educa3, iniciativas de refuerzo de la Formación Profesional o la propia Ley de Igualdad). También en este periodo debe reconocerse la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia. Sin embargo, una vez más, olvidando la evidencia científica sobre el hecho de que el crecimiento por sí solo no redistribuye de manera suficiente, volvimos a obviar nuestros problemas centrales (pobreza, desigualdad y dualización), que otros países sí estaban tratando de atender. Ahora, los avances de la última década se han disuelto como un azucarillo en el café y nuestros problemas se han agravado sin que nadie parezca tener propuestas para solucionarlos.