En la actual discusión que estamos teniendo en nuestro país sobre cómo mejorar nuestra democracia, hay pocas propuestas que planteen la ampliación de la capacidad de decisión directa de la gente, de la ciudadanía. En general no estoy muy de acuerdo con los referéndums para decidir sobre casi cualquier tema, porque lo que nos dice la experiencia de países como por ejemplo, Suiza, es que al final la gente participa muy poco en estas convocatorias. Así, en Consorciacionalismo y democracia directa en Suiza, Eva Anduiza señala que desde los años setenta hasta los 90 la participación en elecciones y referendos ha sido muy baja en este país (45% de media en las votaciones federales desde los años setenta). Por su parte, Wolfang Merkel, en su New Democracy Barometer, además de insistir en la baja participación política que hay en Suiza, clasifica a este país, desde la perspectiva de la calidad de la democracia, en una posición intermedia. Parece, por tanto, que en donde se aplica de manera extensiva, la democracia directa produce desafección en la gente, y no necesariamente sirve para mejorar la democracia.
Sin embargo, sí que se podría pensar en formas de ampliación de la capacidad de decisión directa de la gente en relación con aspectos más concretos, como es la posibilidad de elegir directamente a determinados puestos clave de nuestro sistema institucional. Cito y comento en estas breves líneas cuatro casos: el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal de Cuentas, y el Presidente del Tribunal Constitucional.
El antecedente de esta propuesta está en el ámbito universitario: la elección del rector por la comunidad académica. Aunque en su momento esta opción se criticó mucho, lo cierto es que hoy en día nadie la cuestiona, ya que esta posibilidad ha servido para limitar en alguna medida al menos el poder de las oligarquías académicas que ponían y quitaban rectores a su antojo.
Pues bien, si podemos elegir rectores, ¿por qué no podemos elegir a todos los demás cargos que he mencionado antes? Hagamos un repaso breve de cada una de estas figuras.
Primero, el Defensor del Pueblo. Nadie duda de que es una institución que en la práctica no vale para casi nada. Pero en teoría sus funciones son muy interesantes, ya que la competencia primordial del Defensor del Pueblo es la de poner el dedo en la llaga de todo lo que nuestras administraciones públicas hacen mal. Imagínense que el Defensor del Pueblo se eligiera por la ciudadanía (actualmente lo hace el Parlamento): seguramente su función de vigilar los casos de mala-administración (léase, por ejemplo, de adjudicación de contratos públicos a dedo en compensación por la financiación ilegal de los partidos políticos) mejoraría.
Segundo, el Fiscal general del Estado. El fiscal general del estado es el garante de la política “fiscal” del gobierno. Tiene la función de velar por que la legalidad se cumpla, siguiendo las instrucciones del gobierno a estos efectos. Sin embargo, el fiscal general debería ser una institución independiente del gobierno (no hay ninguna razón para que ello sea de otra manera) y para ello nada mejor que elegirla directamente por los ciudadanos. Con un Fiscal general independiente de los poderes públicos, ¿se habría des-imputado a la infanta? Cabe planteárselo.
Tercero, el Presidente del Tribunal de Cuentas. De nuevo estamos ante una institución que es fundamental para la lucha contra la corrupción en nuestro país y para el buen funcionamiento de la democracia, a pesar de lo cual no vale para casi nada. Todos tenemos la sensación de que siempre actúa tarde y mal. Pero no vale de nada porque está dominada por las élites políticas de nuestro país. Si al menos el presidente fuera elegido directamente, por la ciudadanía, y no por los partidos políticos, entonces probablemente los casos de corrupción que estamos conociendo ahora se habrían destapado antes o se habrían limitado a su debido tiempo.
Finalmente está el Presidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional desarrolla una labor de garante de la legalidad constitucional en nuestro país de primer orden. A pesar de ello está profundamente deslegitimado, por estar en manos de las trifulcas partidistas que se suceden en nuestro país. Pero si al menos su presidente fuera independiente de los partidos políticos, fuera elegido por los ciudadanos, y se le otorgara un voto de calidad ampliamente entendido y regulado, entonces su posición institucional podría mejorar y con ello la democracia española.
Entre la Escila de la democracia directa para todo y la Caribdis de la democracia representativa hay formas intermedias que puede merecer la pena pensar para mejorar nuestra democracia.