Este es el primer editorial de Agenda Publica. Será los lunes cuando los editores del blog compartiremos con los lectores y colaboradores nuestro análisis sobre cómo vemos la actualidad política. No siempre la preparará un editor del blog pues, según los temas que queramos tratar, recurriremos a expertos aunque siempre será validada por los editores.
¿Estamos perdiendo la oportunidad de hacer de esta crisis una buena crisis? Este mes cumpliremos cuatro años del momento en que el capitalismo bursátil amenazó con estallar. Desde entonces, el desplome de la economía occidental, y en particular la de países como España, ha generado elevados costes sociales y altera los delicados equilibrios de nuestro ecosistema europeo. Pero también ha obligado a las sociedades afectadas a preguntarse por qué ha sucedido todo esto.
Para algunos, la crisis está sirviendo para reducir el sistema de bienestar y la política. La crisis como excusa. No obstante, en sistemas políticos como España, demasiado acostumbrados al inmovilismo, también está provocando un efecto secundario: poner al descubierto nuestras deficiencias políticas, destapar interrogantes sociales y territoriales durante largo tiempo disimulados y dejar en evidencia las contradicciones de una manera de hacer política que hemos llegado a tomar por eterna. El rey va desnudo y ahora ya no lo puede ocultar. Para nosotros la crisis es, también, una oportunidad.
Sin embargo, observamos cómo van sucediéndose los años (uno, dos, tres…) y la reflexión colectiva y sus consecuencias, igualmente colectivas, no acaban de tomar cuerpo.
Nos preocupa en especial la ausencia de explicación política de lo que nos está sucediendo. Se escribe, se discute y se buscan, sobre todo, soluciones económicas a la crisis. Pero esto puede resultar insuficiente si asumimos que nuestra crisis, la que nos ha conducido a una situación de malestar general y la que está bloqueando las salidas que hasta el momento parecían haber funcionado, es esencialmente una crisis política.
Nos referimos con ello a la acumulación de disfunciones y perversiones que han experimentado las reglas políticas que se dio nuestra sociedad en la transición y a la práctica política que las ha desarrollado durante estos años. Un sistema político que se hizo para dejar atrás la dictadura y abrir una nuevo horizonte democrático para la sociedad española, y para los pueblos y culturas que la componen, se ha acabado convirtiendo en un gran desarreglo institucional: parlamentos que parecen sobredimensionados para la función que realmente hacen, acatar la voz del gobierno y mantener desconocidas señorías; ejecutivos que no se sienten en la obligación de responder de sus decisiones y errores ante el parlamento, cuanto menos ante la ciudadanía del que deriva su legitimidad y razón de ser; un sistema judicial lento, con instrumentos propios de los inicios del siglo XX, y poco poroso a la sociedad, cuyos derechos está llamado a proteger; partidos que prescinden incluso de sus propios militantes, porque no les necesitan para mantenerse puesto que ya tienen el presupuesto público en sus manos para financiarse; autogobiernos a los que el Estado no reconoce como Estado y administraciones públicas permisivas con la proliferación del clientelismo...
Esta lista difícilmente podría entenderse sin una ciudadanía que no ha ejercido su responsabilidad democrática hasta sus últimas consecuencias. Sin una praxis democrática cotidiana, es más difícil mantener una democracia de calidad. Durante demasiado tiempo, los ciudadanos se han acostumbrado a legitimar el poder de sus gobernantes sin exigir la necesaria rendición de cuentas como contrapartida. Ahora, y sólo ahora, nos preguntamos por qué Zapatero no pinchó la burbuja inmobiliaria en 2004 y no asumió el riesgo de la incomprensión ciudadana. También es inexcusable no plantearse qué consecuencias colectivas y qué costes sociales ha tenido la decisión de Rajoy de retrasar la presentación del presupuesto para 2012 a fin de no perjudicar sus expectativas en las elecciones en Andalucía. No hacerse preguntas fue un lujo en tiempos de bonanza económica; en tiempos de crisis, es un disparate que no nos podemos permitir.
No alimentaremos el discurso de la antipolítica. Al contrario, queremos promover el debate sobre las reglas políticas, con rigor y con datos, con vocación de reformarlas y no de destruirlas, porque pensamos que esta es la única forma sensata de evitar su destrucción. No hace falta derribar ninguna institución, pero sí transformarlas y actualizar sus reglas y su funcionamiento para devolverles el sentido con el que fueron instauradas hace más de 30 años.
Los diversos síntomas que se manifiestan en la política española pueden ser vistos como los indicadores de una debacle general. Pero también permiten una lectura más optimista y constructiva. Por muy lejos que puedan parecer entre sí la crisis económica, el descrédito de las instituciones y la cuestión catalana, por ejemplo, todas ellas podrían reconducirse mejor con una misma fórmula: reformar, clarificar y oxigenar el manual de instrucciones de nuestro sistema político. Incrementar la exigencia y la transparencia en el funcionamiento de nuestras instituciones. Llamar a las cosas por su nombre, y hacer que funcionen según su nombre.
En tiempos de crisis, las expresiones contundentes, la búsqueda de salidas unilaterales, los discursos populistas e incluso los políticos que proponen no cumplir las normas pueden funcionar como calmantes. Puesto que hay mucho margen de mejora en nuestra política, aspiramos a conseguir más. Revisando la interpretación de nuestro pasado, cuestionando nuestro presente y buscando las puertas del futuro. En un momento en que la política será cada vez menos española y más europea, más compleja, aspiramos a que la ciudadanía asuma su papel de protagonista principal en la política.