Balance de las políticas de austeridad en España

La puesta en marcha en mayo de 2010 de la política de ajustes en la zona euro frenó en seco una incipiente recuperación, y colaboró decisivamente a generar la segunda recesión de esta larga crisis. Un resultado previsible, conocido el efecto contractivo de los recortes de gasto público en un contexto de falta de crédito y endeudamiento agudos. Todo supeditado a la reducción de los déficit públicos. La recuperación se fiaba a dos caminos: de un lado, la mejora de la confianza de los mercados y de la inversión derivada de la consolidación fiscal; de otra, de una ganancia de competitividad exterior generada por una intensa devaluación salarial. Ambas cuestiones han resultado fallidas.

Actividad y empleo durante la crisis: políticas aplicadas

El déficit público se ha reducido cuatro puntos en cuatro años. Para 2013 se estima que se situará en torno al 7%, algo superior al objetivo de la Comisión (6,5%). Pero esto excluye la repercusión de los 41.000 millones utilizados del rescate financiero. El ajuste se ha hecho esencialmente reduciendo el gasto, y sobre todo las partidas básicas del Estado de Bienestar. También se han aumentado los impuestos, lo que ha permitido elevar algo la recaudación, que se había desplomado con la crisis, aunque de forma insuficiente, por dos razones: porque la situación recesiva contrae las bases impositivas y porque España tiene un nivel de fraude muy elevado, y mantiene un diferencial de presión fiscal respecto de la media de la eurozona de 9,2 puntos de PIB (unos 90.000 millones al año). Esta consolidación además ha actuado de manera procíclica, con lo que el impacto contractivo de las medidas ha anulado buena parte (si no todo) el ajuste.

La deuda pública ha seguido aumentando, hasta suponer casi el 100% del PIB, lo que ha supuesto al país un sobrecoste para su financiación en los mercados tremendamente oneroso. El descenso de la prima de riesgo desde julio de 2012 no es achacable a la política de austeridad, sino a la decidida intervención entonces del Presidente del BCE.

Por su parte, la devaluación salarial está siendo muy intensa, por la rebaja de retribuciones de los empleados públicos y el impacto de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Popular en febrero de 2012, que ha otorgado mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales y ha abaratado y facilitado el despido. La caída salarial se aprecia en todos los indicadores. Un ejemplo: la caída de la remuneración real de asalariados en España fue del 14,8% en el período 2010-2012, la segunda mayor de la UE tras la registrada en Grecia (-30,9%).

Remuneración real de asalariados 2010-2012Tasas de variación porcentual acumulada

El efecto global sobre el crecimiento es, cuando menos, dudoso. Porque a las eventuales ganancias alcanzadas por el desplome de los costes laborales se contrapone el impacto restrictivo sobre la demanda de las políticas de ajuste y esos mismos recortes salariales. El saldo final apunta a que, sin una reactivación de la demanda interna, el despegue de la economía española resultará imposible.

En materia de empleo las estadísticas muestran nítidamente el fracaso de la reforma laboral. Desde su entrada en vigor se han perdido 610.000 puestos de trabajo, 9 de cada 10 de ellos indefinidos; se ha elevado el número de despidos; ha caído el peso de la contratación indefinida sobre el total; se pierde empleo a tiempo completo y solo crece el de jornada parcial; aumenta sin parar el paro de larga duración (ya es el 58% del total); y se ha paralizado la negociación colectiva. Resumiendo: menos empleo y más precariedad. El balance global de pérdida de empleo desde el primer trimestre de 2010 es tremendo: se han perdido 1,6 millones de empleos, un 8,5% de la ocupación total existente entonces).

Volumen de empleo (miles) y tasa de paro (%)

Con todo, lo más preocupante es el coste que está suponiendo la austeridad extrema en términos de cohesión social. Los recortes de gasto han afectado de forma crucial a los grandes subsistemas que sostienen el Estado de Bienestar. Además, se han aprobado reformas que intentan consolidar este ajuste de forma estructural por la vía de reducir la intensidad y cobertura de su acción, sin buscar mecanismos de mejora de su eficiencia.

En sanidad, los gobiernos regionales han reducido sus presupuestos un 13% de media, y los cambios legales realizados han reducido la asistencia a inmigrantes irregulares, instaurado copagos y excluido medicamentos de su cobertura. A ello se suman algunos intentos de privatización sin justificación económica. En educación, se han elevado las tasas universitarias, se han reducido las becas, se ha elevado la carga lectiva de los profesores y se ha aumentado el número de alumnos por clase. En materia de pensiones, la medida más trascendente ha sido la reforma aprobada unilateralmente por el gobierno del PP en 2013, que establece un nuevo sistema de cálculo de las pensiones que supondrá una rebaja de las cuantías medias futuras, y un nuevo sistema de revalorización anual que producirá importantes pérdidas de poder de compra. Por lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, el aumento del paro de larga duración y las medidas adoptadas en 2012 han reducido drásticamente la cobertura en 17 puntos porcentuales, pasando del 78,2% al 61,4%.

La caída de los ingresos familiares (más desempleo, menos salarios) y el recorte de las políticas sociales han aumentado los niveles desigualdad. El índice de Gini ha pasado en España del 31,9% en 2007 al 35% en 2012, mientras la media de la UE no ha crecido en esta etapa, y se sitúa en el 30,6%. Según este indicador, la distribución de la renta en España es la segunda más desigual de la UE, tras Letonia. Otros indicadores al respecto muestran una foto similar.

Desigualdad económicaIndice de GINI

Las transferencias sociales han reducido su capacidad para corregir estas desigualdades. Globalmente, el 50% de la población más pobre ha perdido peso en la distribución de la renta disponible (2 puntos); la mitad que más tiene se lleva ya el 73,5%. Todo ello ha conducido a un dramático crecimiento de la pobreza y la exclusión social. El porcentaje de personas en riesgo de exclusión ha aumentado en 3,8 puntos respecto al inicio de la crisis, alcanzando al 26,8% de la población.

Riesgo de pobreza y exclusión socialPorcentaje de la población total

El riesgo de pobreza se sitúa también en máximos, el 27%. El grupo más afectado está siendo la infancia, que representa ya casi el 30% de la población en riesgo de pobreza. Igualmente, está creciendo de forma muy aguda entre los jóvenes, sobre todo en los denominados “ni-nis” (sin empleo ni formación).

Por todo ello, y pese a la propaganda actual del gobierno, resulta más que dudoso que la puntual mejora de algunos indicadores macroeconómicos que ahora se aprecia sea realmente el preámbulo de un nuevo tiempo de prolongada prosperidad. La modernización que necesita la economía española no se ha abordado, y los recortes están desmantelando nuestro precario estado de bienestar. De continuar esta erosión de la cohesión social, puede terminar socavando la base democrática y social del Estado español. No es posible hablar de recuperación si no mejora la calidad de vida de los ciudadanos, y eso está muy lejos de suceder sin un cambio real en las políticas desarrolladas.