De acuerdo con los datos ofrecidos por la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida, (EU-SILC), en 2012, el 12,3% de los españoles y españolas que estaban trabajando se encontraban en una situación de pobreza relativa (esto es, su renta disponible era menor que el 60% de la mediana de la renta disponible; en España, 7182 euros anuales per cápita, después de impuestos y transferencias sociales). Esta cifra, es la segunda más alta de la Eurozona tras Grecia (15%) y la tercera en el total de la Unión Europea (detrás de Grecia y de Rumanía, con el 19%).
La precarización de las relaciones laborales, el vuelco en la distribución funcional de la renta (que situaba en 2013, por primera vez de muchos años, a las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo) el descenso de los salarios reales acontecido en los últimos años y la erosión de las políticas sociales debida a la consolidación fiscal presionan a la baja los ingresos de los tramos medio-bajos de la escala salarial, incluyendo descenso del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional desde 2011 (que se ha revalorizado en un 0,6% mientras que el Índice de Precios al Consumo lo ha hecho en un 5,6%). El efecto neto de este proceso está erosionando el valor del empleo como vector de inclusión social y de ejercicio activo de ciudadanía económica.
No se trata sólo de tener un empleo, sino de tener un empleo digno que permita participar activamente en la vida social, política y económica de la comunidad. Cuando desde los poderes públicos se insiste en que la mejor política social es la creación de empleo, se debería añadir “digno y suficiente”. A este respecto cabe recordar el artículo 35.1 de la Constitución Española y el menos conocido 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Trabajar para no salir de la pobreza. Que un porcentaje significativo de la población ocupada se encuentre en esta situación nos dice mucho de las prevenciones que debemos tomar a la hora de evaluar las políticas de flexibilización laboral y de creación de empleo que puedan acompañar a la tan esperada “recuperación” de la economía española.