Como ocurre cada vez que estalla una crisis económica importante, en los últimos años los economistas se han convertido en las estrellas del rock de las ciencias sociales. A ello han contribuido de manera destacada dos libros: Por qué fracasan los países, coescrito por D. Acemoglu y J. A. Robinson, y El capital en el siglo XXI, de T. Piketty.
El argumento del primero es que, al contrario de lo que sugieren las explicaciones culturalistas à la Weber y geográficas à la Sachs, lo que explica las extraordinarias divergencias en los niveles de renta per cápita entre los países son las instituciones. Los países crecen cuando desarrollan instituciones económicas y políticas inclusivas, y fracasan cuando esas mismas instituciones se conviertan en extractivas y concentran el poder político y económico en manos de unos pocos. El argumento del segundo es que hoy vivimos una segunda Edad de Oro o Gilded Age y, salvo que se tomen medidas, veremos un futuro dominado por una clase de rentistas como los que desfilan en las novelas de Jane Austen y Balzac, con el consiguiente riesgo de que los súper ricos aprovechen su poder para “comprar gobiernos” que aseguren sus privilegios. ¿Cómo evitar que el aumento de la desigualdad acabe perjudicando el crecimiento económico y desvirtuando la democracia?
La solución tradicional del igualitarismo redistributivo ha sido, como decía Pepe Fernández-Albertos aquí, dejar funcionar libremente a los mercados primero y proteger a los perdedores del mercado laboral redistribuyendo rentas después. En el plano teórico, la concepción de la justicia como equidad de J. Rawls ha sido la justificación normativa más frecuentemente invocada por el igualitarismo-de-impuestos-y-transferencias. De acuerdo con esta lectura tradicional de Rawls, el objetivo de la agenda institucional del igualitarismo socialdemócrata debería ser hacer la tarta lo más grande posible (eficiencia), pero asegurándonos de que esto redunde en beneficio del grupo social más vulnerable (igualdad). El Estado del bienestar que se construye a partir de 1946 sería la materialización institucional de este liberalismo socialdemócrata.
Como ocurre cada vez que estalla una crisis económica importante, en los últimos años el Estado de bienestar ha sido el blanco preferido de la crítica conservadora por ser una estructura institucional ineficaz e insostenible. A esta crítica se suma que en una época caracterizada por la globalización, la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal y el cambio tecnológico, los mecanismos tradicionales del Estado de bienestar, concebidos para economías básicamente industriales, parecen haberse quedado obsoletos. El reto que enfrenta la socialdemocracia es, por tanto, actualizar su agenda socioeconómica y la estructura institucional que la encarna; esto es, el Estado de bienestar.
Una propuesta sugerente es la del igualitarismo predistributivo, cuya idea fundamental queda bien resumida por el eslogan popular según el cual “más vale prevenir que curar”. Dicho de una forma un poco más elaborada: si queremos reducir la desigualdad, no podemos limitarnos a intervenir (ex post) sobre sus efectos sino que debemos actuar (ex ante) sobre sus causas. Pero, ¿cómo se previene en materia de pobreza, exclusión y desigualdad social? A continuación analizaré tres versiones distintas del igualitarismo predistributivo, que se derivan de tres interpretaciones diferentes sobre las causas del aumento de la desigualdad en las tres o cuatro últimas décadas.
La primera es la versión liberal del igualitarismo predistributivo y toma como base lo que Acemoglu y Autor han llamado el “modelo canónico” o “estándar” en economía para explicar la evolución de la dispersión salarial en una sociedad. La idea es que los cambios o shocks tecnológicos aumentan la demanda de trabajadores cualificados, de forma que la única manera de que no aumente la desigualdad en las rentas antes de impuestos y transferencias es un incremento equivalente en la oferta de trabajadores cualificados. En los periodos en que esta carrera entre la tecnología y la educación la gana la primera, la desigualdad aumenta, y cuando la que gana es la educación, la desigualdad disminuye. Si queremos que el aumento de la desigualdad no disminuya la calidad de la democracia, concentrémonos en preparar antes que en reparar. Y cuanto antes, mejor.
La segunda es la versión republicana y parte de una observación empírica: a diferencia de lo que predice el modelo canónico, el proceso de concentración de ingresos en manos de los súper ricos en las tres o cuatro últimas décadas ha registrado evoluciones muy diversas en los distintos países de la OCDE. Los ingresos del 1% más rico han muy significativamente en EEUU, Reino Unido y Canadá, mientras que en Japón, Alemania o Francia se han mantenido relativamente estables. Si la principal causa del aumento de la dispersión salarial fueran las fuerzas tecnológicas –el cambio tecnológico sesgado que ha aumentado desproporcionadamente los salarios de los trabajadores más formados-, ¿por qué economías industrializadas con un nivel de desarrollo tecnológico a priori similar difieren tanto en cuanto a la evolución del comportamiento de la desigualdad salarial?
La hipótesis de Hacker y Pierson es que las fuerzas del cambio tecnológico, siendo reales, se producen en el contexto más amplio de los cambios ocurridos a partir de la década de los 70 en esos mismos países y que han afectado a sus instituciones laborales, por un lado, y a las normas sociales y culturales (y aquí sobre todo al grado de aceptación social de la desigualdad), por el otro. En estos cambios institucionales sí hay diferencias entre países como EEUU y Japón, lo que explicaría que la evolución de la dispersión salarial también haya seguido patrones divergentes. En opinión de Hacker, seguramente el teórico político que ha hecho una defensa más sistemática del igualitarismo predistributivo, estas divergencias reflejan no sólo diferencias en la evolución de las instituciones políticas y económicas, sino sobre todo diferencias en el poder que disfrutan los agentes que operan en el mercado. El siguiente gráfico muestra el Índice de Poder de Negociación, entendido como la fracción del producto nacional por trabajador capturada en forma de remuneración por el trabajador medio (jornada completa), para el periodo 1950-2005. A efectos comparativos, el gráfico muestra también la evolución de la renta mediana del 1% más rico (eje secundario, dividendos del capital aparte).
Fuente: Extraído de Levy y Temin (2007).
Siguiendo la literatura del crecimiento económico que subraya el papel de las instituciones en el crecimiento económico (como hacen Acemoglu y Robinson, exacto), Levy y Temlin sugieren que la única forma de requilibrar las fuerzas en el mercado, y por consiguiente en las rentas salariales, es que el gobierno intervenga para cambiar las reglas del juego del mercado. Si queremos una democracia donde todos los ciudadanos puedan mirar a los ojos a los demás sin miedo al reproche o la intimidación (lo que Pettit llama el “eyeball test”), entonces el policy maker republicano puede hacer por lo menos dos cosas: (1) reforzar el papel de los sindicatos, porque a veces las interferencias generadas por estos actores pueden ser eficientes para el equilibrio de una economía; y (2) estrechar los márgenes del mercado laboral por arriba –al estilo de la “regla 1:12” de limitación de los grandes sueldos votada (y rechazada) en referéndum por los suizos en 2013- y por abajo –interviniendo el sistema de precios a través de la legislación sobre salario mínimo para que los sueldos de las cinco primeras decilas no se descuelguen con respecto a los incrementos de la productividad-.
Por último está la versión marxista del igualitarismo predistributivo, que en el campo de la economía se inspira en el estudio sobre la distribución de la riqueza de Piketty y en el de la filosofía política parte del análisis de las implicaciones institucionales de la teoría de la justicia social de Rawls. La idea de Piketty y del último Rawls es aproximadamente la misma: la dinámica económica inherente al capitalismo tiende a crear desigualdades que, salvo que se adopten medidas, se traducen en la sobrerrepresentación de los intereses de las élites económicas en el proceso democrático. Si queremos evitar que una fracción reducida de la sociedad controle la economía y pueda así “comprar gobiernos” para asegurarse sus privilegios, quizá compensar a través de transferencias a quienes menos tienen ex post, cuando la exclusión social es ya un hecho, no sea la mejor estrategia, sino que deberíamos adoptar medidas para dispersar la propiedad del capital productivo ex ante. Pero, ¿cómo puede conectarse este liberalismo socialdemócrata de cuño pikettiano con la práctica política? El policy maker al que le gusta llevar una camiseta con el logo “r > g” puede seguir tres estrategias: (1) establecer un derecho ciudadano a un (pequeño) patrimonio o capital a través de la instauración de algo así como un Fondo Soberano de Inversión que reparta la fracción de la riqueza que es herencia (común) de las generaciones anteriores –a través de un dividendo social, como en Alaska, o de un baby bond que se paga a todos los ciudadanos al cumplir la mayoría de edad, como ocurrió en el Reino Unido-; (2) dispersar el valor per cápita del capital productivo a través de una renta básica universal o un Impuesto Negativo, como se hizo en Dauphin (Canadá), con el experimento del Mincome y en Seattle/Denver durante los experimentos SIME/DIME; y (3) promover iniciativas que favorezcan la economía social o cooperativa.
Las políticas para evitar una nueva Edad de Oro del capitalismo de rentistas no pueden limitarse a corregir ex post sus consecuencias sino que deben actuar ex ante sobre sus causas. Predistribuir las habilidades cognitivas y formativas mediante la inversión en educación es importante, pero existe evidencia que sugiere que es sólo una parte de la historia. La otra parte tiene que ver con la (desigual) distribución del poder y el capital productivo. Las malas noticias son que combatir esas otras desigualdades implica adoptar medidas políticamente más controvertidas que la inversión pública en educación. Las buenas que hay muchas otras cosas que podemos hacer además de construir guarderías.