El Gobierno y los agentes sociales firmaron ayer lo que, con un tono algo rimbombante, ha venido a denominarse como un nuevo “Pacto social”. La verdad es que todos podemos estar de enhorabuena: el Ejecutivo, porque a pocos meses de unas elecciones que, a juzgar por las encuestas se le presentan bastante difíciles, ya que puede vender que gracias a la incipiente recuperación que no termina de llegar a los ciudadanos puede ir deshaciendo parte de sus propios recortes; los agentes sociales y, en especial, los sindicatos, que pueden afirmar que con esta nueva ayuda se ha logrado una victoria ante la rigurosa austeridad que nos gobierna en Europa; la sociedad en su conjunto y, en concreto, parte de los 3.779.937 parados que, según la última EPA, carecen de prestación.
A la espera de poder estudiar la regulación en concreto, de lo publicado en este medio se desprende que la nueva ayuda tendrá los siguientes caracteres configuradores básicos: se trata de un subsidio de 426 euros que podrán percibir durante seis meses (es decir, la misma cuantía y la misma duración que el programa hasta ahora vigente –y que lo seguirá estando presumiblemente- denominado PREPARA); dirigido a parados de larga duración (más de doce meses en desempleo) con responsabilidades familiares; que lleven al menos seis meses sin percibir ninguna prestación; y que no cuenten no pueden tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, unos 484 euros. Además, es de suponer que, como es habitual, no solamente se tenga en cuenta los ingresos de los beneficiarios, sino el del conjunto de la unidad familiar, por lo que el mencionado criterio se aplicará también a quienes convivan con el desempleado, de tal forma que el conjunto de ingresos de todos sus integrantes, dividido entre el número de miembros, no supere el mencionado umbral.
Al margen de estas cuestiones técnicas, a cuyo estudio tendremos tiempo de dedicarnos, lo cierto es que aun siendo positiva la medida que ayer se adoptó, no puede satisfacernos completamente, al menos a medio y largo plazo. La profunda crisis económica que hemos atravesado ha puesto de manifiesto una serie de insuficiencias de nuestro sistema de protección por desempleo, que ha sido incapaz de mantener la tasa de cobertura en unos niveles aceptable para un Estado social que quiera denominarse como avanzado. Tampoco están a la altura nuestras políticas activas de empleo, cuya insuficiencia es un mal crónico que la crisis no ha hecho más que agudizar.
El siguiente gráfico muestra la inversión en unas y otras. Como puede comprobarse, España gasta mucho en políticas pasivas, prestaciones, como consecuencia del incremento espectacular del desempleo que hemos vivido en estos años. Sin embargo, el relativo a activas, aunque por encima de la media europea (en términos agregados, no así en gasto por desempleado), se encuentra muy lejos de otros países europeos de referencia. Además, si analizáramos en detalle ese gasto, veríamos que lo que se invierte en servicios de empleo es una cantidad relativamente exigua.
La solución a estos problemas ha venido dada por la aprobación sucesiva de una serie de planes extraordinarios y coyunturales. Primero fue el PRODI, luego el PREPARA y ahora el que nos lleva a esta reflexión. Por su propia naturaleza extraordinaria estos planes morirán tan pronto vayamos superando la crisis, por lo que habrán resuelto un problema coyuntural, pero no el de fondo.
Por ello sería aconsejable que, aprovechando esta nueva etapa de diálogo, el Gobierno, los grupos políticos y los agentes sociales abordaran también la reforma del nivel asistencial de nuestro sistema de protección por desempleo (no en el sentido necesariamente del recorte) y de las políticas activas de empleo. En el primer caso, resulta imprescindible ver por dónde se han producido las fugas, de qué forma podemos taponarlas y de dónde podemos obtener los recursos para ello.
En el segundo, tras mil y una reformas legislativas, sería positivo acometer “de facto” la modernización de los servicios públicos de empleo. España, en los últimos años, se ha encaminado, como el resto de países de nuestro entorno, hacia un proceso de privatización del procedimiento de colocación y ayuda a los parados. Sin embargo, hemos olvidado que aun apostando por la colaboración público-privada, resulta imprescindible que los servicios públicos de empleo cuenten con un desarrollo suficiente, no solamente para competir con las agencias privadas, sino para llevar a efecto las labores de coordinación y control de las que no puede prescindir.
En definitiva, bienvenida sea esta nueva ayuda que viene a solventar, en parte, un grave problema, probablemente el mayor de cuantos adolece la sociedad española. Sin embargo, que no nos haga olvidar que el problema de fondo persiste, que con la salida de la crisis quizá se olvide, que las recesiones son cíclicas y que no debiéramos tropezar otra vez en la misma piedra.