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¿Será Felipe VI el último monarca de España?

Don Felipe preside su último acto como Príncipe con los tres expresidentes

Juan Rodríguez Teruel

El nuevo monarca que hoy se corona sabe que reinará un país que constituye una excepción en el panorama de las monarquías parlamentarias occidentales del siglo XX, por dos motivos. Es el único país en el que una monarquía ha acabado sobreviviendo a dos períodos republicanos contemporáneos. También es el único caso de los 29 Estados europeos que experimentaron transiciones hacia la democracia (aunque algunos se hayan quedado a medio camino) después de la Segunda Guerra Mundial donde se recupera la forma monárquica para coronar un régimen parlamentario. Y con ello, ha sido el único caso de un país que pasa de un sistema autoritario a uno democrático reinstalando una monarquía, y no la república democrática que la dictadura había asaltado.

Lo común no solo fue optar por una república sino hacerlo por sistemas de carácter más o menos presidencial. Por el contrario, de las otras nueve monarquías parlamentarias actuales en Europa (dejando de lado los casos peculiares de Andorra y del Vaticano), todas ellas han vivido bajo la monarquía desde su independencia, con lapsus puntuales derivados de períodos de invasión o de conflicto bélico internacional.

Y, ¿por qué se ha mantenido la monarquía en Europa? Existe una correlación elevada, e imperfecta, entre monarquía y progreso social. Las monarquías parlamentarias de Noruega, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo se encuentran entre los países con mayor nivel de bienestar del mundo (a los que podríamos sumar los ‘peculiares’ micro-Estados Mónaco y Liechtenstein). Por detrás, a poca distancia, vendría el Reino Unido. Y España. Algunos habrán querido leer esta correlación como una relación causal entre monarquía y progreso. Probablemente, la lectura debería ser la contraria: la monarquía ha resistido allí donde el sistema político y económico ha permitido una redistribución del progreso social entre la gran mayoría de ciudadanos, que han tolerado, a menudo por desinterés y apatía, la institución monárquica.

Las monarquías demuestran tener una enorme capacidad de resistencia en las democracias europeas, siempre que coexistan con elevados niveles de bienestar económico. Cuando esto se rompe, el malestar social se traduce en protesta política y la corona se tambalea, las monarquías desaparecen. Y no regresan. Excepto en España.

Así pues, ¿cuándo caen las monarquías? Las monarquías europeas del siglo XX que dejaron de serlo sufrieron dos circunstancias: el hundimiento de los imperios tras la I Guerra Mundial, o bien el de los regímenes autoritarios que los monarcas apoyaron. El último caso de este tipo tuvo lugar en Italia, cuando el referéndum republicano (de un 2 de junio pero de 1946) puso punto final a la monarquía parlamentaria de Humberto II.

¿España seguiría la misma senda llegado el caso? ¿Qué tipo de república podría suceder a Felipe VI? Cualquier especulación es gratuita, por supuesto. Pero resulta difícil de imaginar que el resultado sería una república parlamentaria a la italiana o la alemana, esto es, un simple cambio del mecanismo se selección dinástica del Jefe del Estado por uno de elección parlamentaria. La elevada polarización política que se da en España y las dificultades en cooperar que demuestran cada vez más las elites políticas a la hora de acordar pactos y nombramientos políticos relevantes (recordemos, por ejemplo, cómo cada vez se prolongan más las renovaciones de los miembros del Tribunal Constitucional) hacen difícil imaginar la capacidad para renovar, cada cuatro años, un cargo de altísimo nivel simbólico y cuya autoridad debe mantenerse por encima de los partidos.

Si a esto añadimos la deriva personalista que ha adquirido la política ejecutiva (tanto a nivel estatal como autonómico y local), parece bastante plausible imaginar que una crisis política e institucional de la monarquía en España (que lo sería del conjunto del sistema constitucional) desembocaría en una reorganización institucional, que probablemente adoptaría un esquema semipresidencial: elección directa de un Jefe de Estado (un verdadero presidente), con poderes reforzados, manteniendo un jefe de gobierno elegido por el parlamento y supeditado al primero.

Que eso suceda o no quizá dependa de cómo Felipe VI gestione sus instrumentos de poder simbólico y persuasivo, y sobre todo, de cómo los que realmente gobiernan y deciden en España, gobiernos, parlamentos y partidos, consigan superar el malestar y la crisis de confianza que manifiestan los ciudadanos. La paciencia y la aceptación pasiva y desapasionada de estos es el verdadero sustento de una institución cuya principal aportación, como ya señalaba Walter Bagehot, es la permanencia y la estabilidad, no la representación de ideas o intereses concretos. Al fin y al cabo, como afirmaba el propio Bagehot, “los beneficios que aporta un buen monarca no tienen precio, pero los daños de un mal monarca son irreparables”.

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