El pasado mes de julio terminaron los trabajos de la comisión para la reforma electoral de Asturias. Tras las elecciones anticipadas de 2012, convocadas por el presidente Álvarez Cascos en el intento de aumentar su mayoría parlamentaria, el PSOE dispuso de suficientes escaños para formar un gobierno en solitario. Hasta la fecha los socialistas han podido apoyarse en Izquierda Unida y en el diputado bisagra en la Junta, el magenta Nacho Prendes, para poder gobernar el Principado. De hecho, fue justamente este último el que decantó la balanza a la izquierda en Asturias sobre la base de un acuerdo de mínimos que incluía, entre otras cosas, una reforma de la ley electoral autonómica.
Merece la pena recordar que la ley electoral de Asturias es un caso peculiar. Aunque tiene algunos elementos comunes con otras regiones, como sus listas cerradas y bloqueadas o una barrera electoral del 3%, se trata de una de las pocas comunidades autónomas peninsulares (junto con Murcia) que tienen un distrito diferente a la provincia. En Asturias están delimitadas tres circunscripciones: un distrito central, que tiene la mayoría de los escaños y población (con treinta y cuatro diputados), uno Occidental (con seis escaños) y otro Oriental (con cinco escaños). Esta variación en las magnitudes de distrito es el origen de dos sesgos de manera simultánea.
En primer lugar, cuando se combina la fórmula d'Hondt con magnitudes de distrito inferiores a 8-9 escaños se generan efectos mayoritarios. Dado que es el caso en los dos distritos periféricos, los umbrales de votos efectivos – los porcentajes necesarios para optar a un escaño – son superiores al 10%. Por lo tanto, se genera cierta desproporcionalidad. Pero en segundo lugar, dado que el prorateo – la asignación de escaños a cada distrito – se realiza también mediante d'Hondt, tanto Occidental y Oriental reciben más escaños de los que les corresponderían por población. Por lo tanto, la traducción de los votos en representación, el “valor” de los votos, es sensiblemente superior en estos dos distritos.
Ambos sesgos han tendido a beneficiar a los partidos grandes en detrimento de los pequeños, aunque en su conjunto el sistema electoral sea mucho más permisivo que el del Congreso de los Diputados. De ahí que tanto Izquierda Unida como UPyD hayan sido muy insistentes en la necesidad de corregirlos. IU porque sistemáticamente ha perdido escaños a favor del PSOE en Occidental y Oriental. UPyD porque la reforma es algo relevante para sus votantes y un compromiso de legislatura. Pero dado que una reforma de este tipo requiere alterar los distritos, el principal componente redistributivo del sistema, el debate ha sido complejo.
Los socios minoritarios del gobierno propusieron de entrada un distrito único, igual que Navarra o Madrid. Ello maximizaría su representación parlamentaria y acabaría con el problema de prorateo. Por el contrario, Foro Asturias y Partido Popular propusieron aumentar las circunscripciones – con claros efectos mayoritarios – y reducir los escaños en la Asamblea. La Federación Socialista Asturiana ha tenido que superar un dilema complejo; sostener un sistema electoral que le beneficia pero por la otra cumplir las demandas de sus socios. El dictamente final fue justamente un acuerdo del PSOE con IU y UPyD. Los últimos renunciaron al distrito único y los socialistas aceptaron generar un sistema de miembros mixtos.
El dictamen votado por los tres partidos fijaron que solo se repartan 35 escaños entre los distritos, quedando 10 suplementarios para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Estos últimos escaños se repartirían entre aquellos partidos que superen la barrera electoral empleando aquellos cocientes mayores de la fórmula que quedan sin representación. ¿Cuál es la implicación práctica? Este sistema supone una mejora notable de la proporcionalidad al tiempo que se respeta la territorialidad de Occidental y Oriental, los cuales no desaparecen. Una simulación de los resultados de los pasados comicios suponen que IU ganase un escaño en detrimento del PSOE. Por otra parte, el documento también prevé que el reparto de escaños entre distritos pase a hacerse por una cuota de reparto (de Hare), que permite una correspondencia casi perfecta entre población y escaños.
Pero además, la reforma no solo se quedaría ahí. Quizá una de las innovaciones más interesantes es la introducción de listas desbloqueadas. Un sistema que, por otra parte, es regla en todos los países europeos con sistemas proporcionales frente a la excepcionalidad del caso español o portugués. Estas listas permitirán opcionalmente marcar votos preferenciales por candidatos (excluyendo el primero, que debería elegirse por primarias), escogiéndose en primer lugar a aquellos que obtuvieran más del 5% de “cruces” sobre el total de votos al partido. En caso de no cumplir tal requisito o no completarse los escaños del partido, se seguirá el orden de la lista. Este sistema es casi el mismo que emplean en Suecia, y permite dar libertad al elector y rendición de cuentas a los diputados.
Por último, el borrador de la ley contempla una batería de propuestas encaminadas a fomentar la participación electoral y la transparencia. Introduce así la obligatoriedad de dos debates electorales, papeletas en Braille para personas invidentes, sustitución de diputados incapacitados temporalmente o el voto anticipado, que permitiría votar en ayuntamientos u otros lugares habilitados desde dos semanas antes de los comicios (como en Finlandia o Canadá). Del mismo modo, recomienda el desarrollo en una ley futura del voto electrónico a los residentes fuera de la comunidad y medidas tan de sentido común como un mailing centralizado de papeletas electorales para evitar el derroche que generan las campañas electorales.
El texto final del dictamen ha nacido del trabajo de la comisión, el asesoramiento de diferentes expertos y la evidencia empírica disponible. Y lo cierto es que esta reforma no supone un cambio radical del sistema. Por ejemplo, el cambio propuesto en Madrid o en Cataluña supone un salto mucho mayor. Sin embargo, sí es cierto que incide sobre sobre tres principios claros: La correspondencia entre votos y escaños, la rendición de cuentas a los diputados y mejoras en la calidad democrática. Resulta especialmente interesante reflexionar sobre los efectos políticos de esos dos primeros principios.
El primer tema refiere la proporcionalidad. Podría plantearse que el aumento en esta última podría favorecer gobiernos de coalición y fragmentación de la asamblea autonómica. Sin embargo, para el caso de Asturias parece que no se sostiene. Tan solo ha habido dos gobiernos de mayoría absoluta en toda su historia (de Silva de 1983 a 1987 y Areces de 1999-2003). En el resto de ocasiones ha habido o bien gobiernos en minoría con apoyos externos o bien coaliciones PSOE-IU. Por lo tanto, las dinámicas de coalición son algo típico caso asturiano. Además, aunque es lícito preguntarse si podría causar más fragmentación, parece que esta reforma electoral no es condición necesaria. Hoy Asturias (aplicando la ley vigente) tiene un número efectivo de partidos de 3.98, tan solo superado por Cataluña y Navarra.
El segundo aspecto es el de la rendición de cuentas y las listas desbloqueadas. Aunque el cabeza de lista estaría “blindado” de la posibilidad de recibir votos preferenciales, lo cierto que esto podría cambiar los incentivos de los candidatos dentro de los partidos. Este sistema haría que para ellos tuviera sentido visibilizar su labor ante la ciudadanía con el objeto de recibir más “cruces”, lo que además podría servir como señalización de aquellos que son populares o no. Además, aunque el cambio en los electos finales sea pequeño (en Suecia, con mismo sistema, apenas cambian un 6-8% del total), podría servir como un activo que reforzara a los cargos medios del partido e incluso que hiciera que dentro de los grupos parlamentarios hubiera más horizontalidad en la toma de decisiones.
Aunque en su conjunto esta es parece una reforma moderada, la FSA parece que quiere desdecirse de lo que votó en comisión y no tramitarla. Su razonamiento es que esta ley no puede tramitarse a menos que tenga el concurso de Foro o Partido Popular, una mayoría reforzada a la que el Estatuto no obliga. Sin embargo, este razonamiento tiene implicaciones políticas imprevisibles.
La primera es en el corto plazo, ya que con este argumento la FSA brinda capacidad de veto a Partido Popular y Foro. Estos partidos no tienen ningún interes en la reforma (ni siquiera aunque el PP potencilamente podría verse beneficiado) sino que buscan abrir un conflicto entre el PSOE y sus socios de gobierno. Parece que esto ya es así, especialmente cuando tanto IU como UPyD han dicho que van a ir hasta el final con esta reforma, incluso con la opción de comprometer presupuestos. Si Foro y PP se mantienen y la FSA no logra superar el bloqueo, Asturias podría verse abocada a unas elecciones anticipadas con unas encuestas que son favorables para sus propios socios - luego las temen menos. Al fin y al cabo, la presión de socios minoritarios perjudicados es un factor que favorece las reformas electorales, raras avis en perspectiva comparada.
La segunda es el coste que puede tener para el PSOE en el medio-largo. En su programa de 2011 esta formación incluía listas desbloqueadas y voto electrónico, exactamente como en Asturias (p. 145). En la Conferencia Política de noviembre reiteran ese compromiso (p.5), pendiente de ver cómo queda tras las enmiendas de entonces. Tiene una cierta racionalidad política. Es indudable que las reformas electorales se han vuelto un tema popular, especialmente entre el potencial electorado del PSOE y este último ha asumido algunas demandas. Sin embargo, si no demuestra que es capaz de darles un cauce político serán absorbidas de manera más creible por otros partidos. De ahí que a veces los partidos asuman pérdidas marginales en el corto plazo con una reforma electoral. Se confía o bien en una mejora de la perecepción del sistema o en un fortalecimiento de tus propias bases electorales.
Quizá por estas razones la posible reforma del Principado de Asturias es tan relevante y en la que el PSOE se juega tanto. No solo porque podríamos ver en qué medida los cambios en el sistema electoral pueden potenciar los efectos descritos sino porque, para bien o para mal, una parte de lo que sea España a partir de 2015 se decide en el Principado.