El primer Informe Anticorrupción de la Unión Europea hecho público esta semana ha puesto de manifiesto que los españoles, junto con los griegos, son los ciudadanos europeos que se sienten más afectados por la corrupción en su vida cotidiana. La media de la UE se sitúa en el 26% mientras que en España alcanza el 63%.
Sin embargo, estos datos contrastan fuertemente con los índices de victimización. Sólo el 8% de los españoles, el mismo porcentaje que el del conjunto de los europeos, responden afirmativamente al ser preguntados sobre si han vivido o han sido testigos de un caso de corrupción. De ello se deduce que España es el país europeo donde hay más distancia entre la corrupción percibida y la corrupción realmente sufrida, como hace tiempo viene constatando Manuel Villoria.
Pero, ¿por qué se produce esta contradicción? Es una muestra de un malestar más profundo: al evaluar la corrupción, los españoles también están valorando aspectos del funcionamiento del sistema político, así como de la economía y su rendimiento. Afirmar que se sienten muy afectados personalmente por la corrupción en su vida cotidiana, aunque luego muy pocos realmente hayan sido víctimas de la misma o la hayan conocido personalmente, es un mecanismo de denuncia de lo que consideran un peso excesivo de los intereses particulares, de las arbitrariedades y de los privilegios en la toma de decisiones. Y aunque la percepción quede desmentida por la realidad, en política las cosas no son sólo como son sino también cómo se perciben. Y cuestiones de ética pública, los españoles perciben que las cosas no se hacen bien, como se viene denunciando en los últimos informes del GRECO.