La primavera nos ha traído un caso de corrupción relativa o aparentemente nuevo: el presunto desvío fraudulento, en Andalucía, de cantidades importantes de dinero público, en parte español y en parte europeo, destinado a la formación continua. Un desvío que, de confirmarse la presunción, habría canalizado el dinero a fines muy distintos de la aplicación para la que estaba previsto, muy alejados del interés general y muy alejados de la honestidad exigible a los responsables públicos y privado de su gestión. Esperemos que la justicia aclare los hechos y actúe en consecuencia.
Pero efectivamente, la novedad del caso es tan solo aparente. Que parezca nuevo hay que atribuirlo o bien a la facilidad de olvido que comporta el vertiginoso alud informativo de los tiempos que corren o bien a una hipocresía cínica que parece bastante instalada. Lo relevante no es la noticia de un nuevo caso que no sería otra cosa que lluvia sobre mojado, un caso más. Y hoy por hoy solo presunto, por supuesto. Lo realmente relevante y sorprendente es la percepción dominante de que se trata de un nuevo caso.
¿Nuevo? No, en absoluto. Todo lo contrario, un caso muy antiguo, demasiado antiguo. Y no solo en Andalucía sino en toda España. ¿Cómo de antiguo? De forma constatable desde 1993, más de veinte años aunque conocido por mucha gente desde bastante antes. Pero vayamos tan solo a lo constatable, a lo oficial.
Congreso de los Diputados, 13 (y martes) de abril de 1999. Comparece ante la Comisión Mixta (Congreso/Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas (TdC) su Presidente el Sr. Ubaldo Nieto de Alba para presentar varios informes de fiscalización, uno de ellos relativo a la FORCEM, creada en 1993 por las organizaciones empresariales y sindicales para administrar el llamado Sistema Nacional de Formación Continua, financiado con fondos públicos provenientes del Fondo Social Europeo (FSE) y del INEM (un % de la cuota de formación profesional recaudada por la Tesorería General de la Seguridad Social) y actualmente reconvertida a Fundación Tripartita para la formación en el empleo (tripartita por su composición: administración, patronales y sindicatos).
Dicho informe del TdC es el número 373 (expediente 251/000067 del Congreso y 771/000065 del Senado) y corresponde a la fiscalización de la actividad de la FORCEM durante los años 1993 a 1995 ambos incluidos, período en el que la entidad gestionó 117.607 millones de pesetas que generaron rendimientos financieros por valor de otros 5.247. A pesar de que el voluminoso informe del TdC es mucho más explícito y detallado, la cauta intervención oral del Sr. Nieto es suficientemente indicativa de su contenido. Se puede leer completa en el número 138- VI Legislatura- del Diario de Sesiones de las Cortes Generales, Serie Comisiones Mixtas, y comprobar que es suficiente para hacerse una idea sobre la los problemas que denuncia el informe: múltiple uso de los mismos comprobantes para justificar pagos ante el INEM, el FSE y además en diversas convocatorias sucesivas de cursos de formación; no anulación de obligaciones reconocidas pero no ejecutadas con cargo al FSE; declaraciones y relaciones de gasto sin justificante; ausencia de partes firmados por alumnos o profesores con verificación de tratarse de cursos no impartidos al ser consultados alumnos que declaran no haber realizado ningún curso a pesar de figurar registrados como alumnos formados etc. Como se puede apreciar, no solo una estafa sino también una chapuza.
Pero no menos interesantes son las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) que siguieron a las palabras del Presidente del TdC y estimando que “a pesar del contenido del informe, en líneas generales los fondos se destinan al fin previsto” o que “la mayoría de las conclusiones muestran que el Forcem ha funcionado bien en el período fiscalizado y salvaguardando los principios de legalidad” o que “se trataba de un sistema innovador que generó algunos problemas que se fueron resolviendo”.
Los portavoces de CiU y PNV, tal vez sintiéndose en principio menos directamente vinculados a los agentes sociales de ámbito estatal y a su financiación, fueron más críticos, el día de la presentación del informe, hablaron de gestión rechazable de fondos públicos. Sin embargo el 11 de mayo, ver Diario de Sesiones número 141 de la misma serie que el ya citado número 138, solo dos semanas después, en la sesión de debate sobre las resoluciones de la Comisión, y quizás teniendo presentes otros ‘casos’ en ámbitos más propios y con afectaciones directas, habían ya modulado su opinión manifestando que se trataba de un organismo de gran importancia, trascendencia y envergadura, que requería un esfuerzo adicional para que siguiera manteniendo una buena trayectoria, o formularon propuestas de resolución tendentes a agilizar las transferencias a las CC.AA para optimizar el uso de los fondos a través de la proximidad. En esta misma sesión fue aprobada una resolución sobre el informe, resolución de lectura recomendable que se puede leer en el BOE151 de 25 de junio del mismo año 1999.
Pero aquí no acaba la historia. El TdC ha realizado diversos informes posteriores con el mismo o parecido método de análisis de fiscalización y con un resultado asimismo parecido, alguno de ellos con alguna implicación judicial posterior. Concretamente el número 567, de 2002 sobre los años 1996 a 1998, el número 608, de 2003, referido al ejercicio de 2001, o los número 709, de 2006 fiscalizando el año 2002 o número 945, de 2012, relativo al ejercicio de 2010, estos dos últimos acotados a la formación específica en el sector del carbón. Todo ello sin contar con los episodios más recientes de los que prescindo por considerar que forman parte del presente político, mediático y judicial, es decir que todavía no son “historia”.
No creo que hagan falta muchos comentarios. Veinte años de uso irregular y probablemente delictivo de estos fondos públicos con prácticamente total impunidad a pesar de las tarjetas amarillas mostrados por árbitros oficiales. Veinte años con partidos encubriéndose mutuamente algunas irregularidades compartidas y encubriendo las de patronales y sindicatos, parecen demasiados años y demasiada impunidad. La instrumentación mediante empresas tampoco es, con independencia del destino final del dinero defraudado, nada nuevo. Hay también precedentes históricos, incluso judicializados.
¿Iber-Tangentópolis? No es extraño ni injustificado el deterioro de la credibilidad y dignidad del mundo oficial o semioficial percibido por la ciudadanía. Una percepción que no se cimenta tan solo en este episodio, no es el único ni siquiera probablemente el más grave. Uno más. Creo además que por lo menos en alguna medida la situación ha mejorado y ha tendido en algunas organizaciones y zonas a la normalización aunque parece que no del todo ni en todas partes. Pero sigue adoleciendo de un plus que lo hace todavía más desagradable por la hipocresía de amplia base que a lo largo de más de veinte años lo ha venido amparando. Una hipocresía que comporta la complicidad de muchas personas, una hipocresía poco menos que institucionalizada.