A punto de concluir la legislatura es oportuno hacer un primer balance de los cuatro años de gestión política del Gobierno de Rajoy cuyo legado, a mi juicio, ha sido claramente involucionista. Gracias a su mayoría absoluta, el PP ha podido aplicar el grueso de su verdadero programa de fondo (no el que presentó a las elecciones de 2011) que ha reducido a una mera carcasa formal la Constitución en multitud de capítulos, dejando una pesada y difícil herencia para las fuerzas progresistas que aspiren a deshacer los numerosos elementos tan regresivos que se han introducido en esta legislatura en los más diversos ámbitos.
Antes de hacer un somero repaso crítico de los mismos, es preciso señalar que el PP es el partido más piramidal, jerárquico y centralizado del panorama político español. Es prácticamente el único partido que no organiza ningún tipo de elección primaria para la designación interna de cargos y candidatos ya que todo lo decide “desde arriba” una reducida cúpula y, en última instancia, el líder supremo monocráticamente. Añádase a ello una concepción absolutamente delegativa y acrítica de la militancia que está del todo subordinada al aparato.
Además de funcionar de modo muy verticalista, el PP ofrece hoy una imagen desastrosa al quedar en evidencia que gran parte de su financiación ha sido ilegal (de modo incluso “estructural”) y que muchos de sus cuadros han incurrido en intolerables prácticas corruptas (Gürtel, Bárcenas). Todo ello por no mencionar la lamentable práctica (no exclusiva del PP, por cierto) de las “puertas giratorias” de muchos de sus antiguos dirigentes después incorporados a la esfera privada (Rato como paradigma especialmente escandaloso).
La economía
El Gobierno Rajoy se aferra obsesivamente a la economía como principal estrategia electoral, pero todo su planteamiento oficial es tramposo. De entrada, se afirma de modo incierto que su actuación “salvó” a España pues conjuró el riesgo de que fuera rescatada por la “troika”: esta tesis es falaz porque la famosa “línea de crédito” de las instituciones europeas no es más que un eufemismo ya que sí supuso una estricta intervención comunitaria en la banca privada del país. Es cierto que hoy algunos números macroeconómicos empiezan a repuntar, pero no sólo no se reflejan favorablemente en la sociedad, sino que han apuntalado el modelo neoliberal hegemónico.
Por lo demás, retórica a parte, la lucha contra el gran fraude fiscal es muy superficial y parcial, la evasión de las principales fortunas sigue siendo la norma y la economía sumergida permanece inalterable. En otras palabras, las famosas “reformas estructurales” – impuestas por la “troika” y gustosamente asumidas por el PP- han tenido un coste social muy alto. En efecto, en esta legislatura se ha producido un gran aumento de las desigualdades sociales y un severo retroceso de anteriores conquistas de los trabajadores.
La siempre tan deseada por la patronal “reforma del mercado laboral” (eufemismo de despido libre) ha aumentado la precarización, la generalización de los “contratos basura” (el 90% de los mismos son temporales), el abaratamiento del despido y los bajos salarios, en un contexto de restricción de la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.
Esta estrategia del PP ha implicado, en consecuencia, importantes recortes de un Estado del Bienestar que en España aún no había alcanzado los estándares europeos de mayor calidad. Por tanto, se han deteriorado servicios sociales esenciales: sanidad universal, educación básica, dependencia y otros. Desde cierre de quirófanos hasta de aulas de refuerzo y todo ello para beneficiar a grupos de la sanidad privada o la escuela concertada. En este último ámbito, en particular, la sintonía del PP con los sectores más integristas de la jerarquía eclesiástica católica es completa. En este sentido, hay que reconocer objetivamente que España es de hecho un Estado tan solo semi-confesional dados los exorbitantes privilegios públicos de los que goza institucionalmente la Iglesia católica y que se han visto aumentados con la lamentable ley Wert.
Las libertades
Es especialmente grave el retroceso de los derechos y libertades de los ciudadanos a lo largo de esta legislatura: la “ley mordaza”, las “entregas en caliente” de inmigrantes sin papeles, la inflexibilidad penitenciaria con los presos de ETA (incluso la “vía Nanclares” está bloqueada ya que el PP está prisionero de las asociaciones de víctimas dirigidas hoy por ultraderechistas de sesgo vengativo que en su día alentó contra Zapatero), todo ello inspirado por la ideología punitiva del Ministro del Interior, Jorge Fernández. El nuevo endurecimiento del Código Penal puede implicar severas condenas de cárcel por delitos menores, mientras que los delincuentes de “cuello blanco” siguen gozando de numerosas garantías y prolijos procedimientos judiciales. Por no dejar de mencionar la práctica laminación de la justicia universal (hoy sería imposible repetir un “caso Pinochet”) ante el riesgo de perder negocios con la nomenklatura china (por el Tíbet) o de incomodar a las autoridades marroquíes (por el Sahara).
En este sentido, la “ocupación” patrimonialista de las instituciones públicas por parte del PP es especialmente grave, lo que demuestra que este partido no tiene “sentido de Estado” en contra de lo que proclama. Siendo el Poder Judicial el principal elemento potencial de equilibrio, su “partidificación” a través de nombramientos de Presidentes de Salas próximos al Gobierno reduce claramente la imparcialidad del mismo. Mucho peor es el control que el PP ha impuesto de facto con su mayoría absoluta sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el punto de no resultar ya ni confiables ni creíbles para muchos ciudadanos. Esto ocurre porque el PP tiene una concepción puramente instrumental y formal del Estado de Derecho, de tal suerte que ha convertido el principio de la división de poderes en una apariencia con escasas excepciones. Un ejemplo clamoroso de deslealtad institucional han sido las inconcebibles trabas iniciales que la Agencia Tributaria le puso al juez Ruz antes de enviarle la documentación solicitada por el mismo en las tan graves imputaciones de corrupción que afectan a miembros del PP.
La ofensiva de Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia (severa restricción del aborto, fuerte elevación de las tasas judiciales, instrucción procesal a cargo de los fiscales) no culminó, pero impuso un CGPJ más restrictivo y la privatización parcial del Registro de la Propiedad, estando abierta la posibilidad de imponer límites temporales a la instrucción judicial (con lo que muchos poderosos tendrían al alcance de la mano la prescripción, en la estela de Berlusconi).
Particularmente negativa ha sido la contrarreforma de RTVE ya que la vuelta al modelo partidista ha dado paso de nuevo a informativos anestesiantes (sucesos, deportes) y manipuladores (propaganda de los “logros” del Gobierno).
Autonomías y Europa
El PP es un partido nacionalista español (en palabras de Rajoy, España es “la nación más antigua de Europa, con quinientos años de existencia”, un auténtico despropósito científico en términos históricos) y aunque está en su derecho de serlo, esto tiene proyección regresiva sobre el modelo autonómico. El PP nunca ha creído en el Estado autonómico que formalmente ha aceptado como irremediable, pero siempre como punto final de llegada, de ahí su rotunda y frontal oposición a cualquier ulterior reforma del mismo en sentido federal. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómico debería haberse revisado ya y, sin embargo, se ha aplazado sine die. Además, el PP jamás ha tenido interés en recuperar los debates en el Senado sobre el “estado de las autonomías” que en teoría deberían celebrarse cada año.
El Gobierno Rajoy se ha escudado en criterios de “unidad de mercado” para recentralizar o no traspasar competencias contempladas en los nuevos Estatutos. Por un incomprensible temor (¿a los Países Catalanes?) el corredor mediterráneo del AVE sigue bloqueado (pese al despropósito económico que ello supone), mientras que la anacrónica y costosa estructura radial del mismo sigue avanzando.
Su incomprensión del movimiento soberanista catalán es legendaria y a estas alturas está claro que la única receta que tiene el PP es la de recurrir ante la justicia, sin la menor capacidad política propositiva. A la vez que ensalza la pluralidad de la sociedad catalana (algo bien real), en la Comunidad Valenciana el PP aprueba una absurda ley de “identidad valenciana” de carácter etnicista, excluyente y antipluralista. El PP, celoso de la unidad de la “lengua española” (pocas veces la denomina “castellana”) insiste en su indefendible tesis de que valenciano y catalán son dos lenguas distintas.
Por último, el PP tiene una visión estrictamente intergubernamental de la integración europea y contraria a una real articulación federal supranacional. Por lo demás, el peso de España en la UE es mínimo ya que el Gobierno de Rajoy se ha plegado (gustosamente además) a todos los dictados de la “troika”.
Una nota final Una nota final
En suma, por estas razones que se han abordado aquí sumariamente y que no abarcan todos los ámbitos en los que ha actuado el Gobierno de Rajoy, creo que la caracterización que hay que hacer del PP es la de ubicarlo en el espacio de la derecha reaccionaria europea. No en el de la ultraderecha radical (no es asimilable a los neonazis griegos de “Aurora Dorada”, por ejemplo), sino en el de formaciones como la húngara FIDESZ (la Alianza de Jóvenes Demócratas de Víktor Orbán) o la polaca PiS (Ley y Justicia de Jaroslaw KaczyÅ„ski) que no representan un centro-derecha moderado, sino una derecha “sin complejos” muy poco liberal (salvo en economía) y nada “centrista”.
En definitiva, el PP sigue teniendo un problema que las derechas moderadas europeas resolvieron hace mucho tiempo y es la evaluación crítica del franquismo. Es cierto que técnicamente el PP condenó- por primera y única vez- la dictadura franquista en una resolución parlamentaria en el Congreso de los Diputados nada menos que durante el último Gobierno de Aznar para intentar que las izquierdas no sacaran a relucir este asunto una y otra vez (20 de noviembre de 2003), pero es un asunto que siempre le ha incomodado profundamente dado el origen de los fundadores ( Fraga) y de tantos de sus cuadros, así como por el sentir de una buena parte de sus electores. Su absurda resistencia a facilitar la exhumación de las fosas de antifranquistas represaliados (UCD, por el contrario, no se opuso en su día) es un ejemplo más de la anomalía española de un supuesto centro-derecha moderno, algo que resulta contradictorio con la actitud de sus homólogos europeos.