Una de las políticas públicas que está sufriendo más recortes en los últimos años es la política de cooperación al desarrollo. Contrariamente a lo que se cree, estos recortes no han empezado con el actual gobierno central, sino que ya se iniciaron con el anterior gobierno socialista. No en vano, desde 2009 los presupuestos dedicados a cooperación han disminuido en un 73%, según la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España . El presupuesto presentado estos últimos días para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es el órgano gubernamental principal encargado de canalizar esta ayuda, la deja a la altura de una ONG grande (poco más de 200 millones de euros).
Estos recortes a penas generan contestación en la calle y, de hecho, las organizaciones de desarrollo se enfrentan a la realidad de la desmovilización social para reivindicar el mantenimiento de estas políticas. La justificación de esta falta de apoyo popular está tan manida como manipulada desde los estratos políticos y comunicativos: “en tiempos de crisis, primero los de casa. Si no hay para nosotros, no vamos encima a dar a los de fuera”.
Este argumento utiliza el miedo y las situaciones de incertidumbre para fomentar los prejuicios y difundir falsedades. Veamos por qué.
La ayuda oficial al desarrollo son todos aquellos recursos (económicos, humanos, materiales…) que un país pone a disposición de otros estados para colaborar en su desarrollo. Esta cooperación es una obligación de los estados según la Carta de Naciones Unidas de 1945 y se encuentra recogida en el artículo 1.3 de la misma que recoge los propósitos de la organización. Nada menos.
Sin embargo, el concepto de desarrollo no es unívoco y de hecho ha ido variando a lo largo de los años y la práctica de la cooperación. Durante años, este desarrollo se identificó con el únicamente económico y su éxito se medía con los aumentos del PIB y otros indicadores económicos. Con la introducción del concepto de desarrollo humano en los años 90 del siglo pasado se dio un paso en la concepción de este desarrollo y se empezaron a valorar aspectos como el nivel educativo, las condiciones sanitarias o el acceso a la justicia.
En este sentido, las políticas de cooperación han ido también variando y el entramado internacional de agencias donantes, programas y actores involucrados se ha ido complicando y agrandando, con lo que las diferentes agendas de cooperación se han visto ampliadas.
En este camino, también hemos observado cómo las políticas de cooperación se han visto muy influenciadas por otros intereses estatales, como los comerciales, los geoestratégicos o los puramente políticos, lo cual ha desvirtuado y desdibujado en numerosas ocasiones las intervenciones con objetivos de desarrollo.
Por tanto, ¿qué cooperación se ha hecho hasta el momento? ¿En qué se invierte la ayuda oficial al desarrollo? No es este el lugar ni es nuestra pretensión hacer un análisis exhaustivo de estas políticas, pero sí que nos resulta útil destacar que las políticas de cooperación se han ido configurando como un vehículo de exportación de nuestro propio modelo, tanto económico como político y social.
Así, la ayuda oficial al desarrollo se ha utilizado para fomentar cambios y reformas democráticas, para colaborar en la provisión de derechos y servicios básicos como la salud y la educación, para reforzar las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil… Es decir, entre otros objetivos, la cooperación al desarrollo ha pretendido hacer partícipes a otras sociedades de nuestro modelo de estado social y democrático.
En el momento en que este modelo, básicamente occidental, entra en crisis y deja de ser apoyado por las clases dirigentes (políticas, económicas, financieras…), se ven afectados todos sus componentes, entre ellos las políticas de cooperación al desarrollo. Los recortes en cooperación obedecen a la misma lógica que los recortes en sanidad o educación: la voluntad ideológica firme de querer acabar con el estado del bienestar, amparándose en justificaciones y argumentos economicistas supuestamente absolutos e irrenunciables (estabilidad presupuestaria, pago de deuda, adelgazamiento del sector público…)
La diferencia entre los recortes en cooperación y los recortes en otros sectores sociales, es que los primeros son más “baratos” políticamente y por eso se han llevado a cabo con mayor contundencia y rapidez. Y la culpa, entre otros, es del propio sector de la cooperación. No hemos sido capaces de consolidar una verdadera base social.
Se ha utilizado, erróneamente desde nuestro punto de vista, la justificación de la cooperación como las “políticas buenas” encaminadas a impedir que gentes de otros lugares decidan emigrar a nuestro país. El argumento es simple: “ayudémosles a mejorar su calidad de vida y así no vendrán aquí y harán peligrar nuestro sistema”. Como ocurría con el argumento anterior, éste también es falso y además no educa.
No hemos sabido explicar el mensaje básico de que la solidaridad internacional es una obligación. Nuestro modelo y ritmo de consumo está basado en la explotación de otros lugares y otras sociedades. Aplicar el 0,7% de nuestro presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo no es caridad de buenos samaritanos ni tampoco es una jugada calculadora donde se entremezclan otros intereses, es pura justicia social, recogida, además, en instrumentos internacionales.
Defender las políticas de cooperación es defender el estado del bienestar, aquí y allá. Porque las fronteras son cada vez más permeables, porque el sistema internacional basado en el Estado-nación hace décadas que se encuentra en la picota, porque luchar por mis derechos sin luchar por los de los demás es reclamar privilegios.
Resulta imprescindible renovar el papel de la cooperación al desarrollo, repensar el papel de las organizaciones no gubernamentales, rehacer la agenda política internacional y basarla en estándares comúnmente aceptados, como algunos tratados de derechos humanos, por ejemplo. Pero sobretodo, necesitamos hacer llegar nuestro mensaje más allá del sector de la cooperación: “el pobre del sur no es nuestro competidor ni nuestro rival en la distribución de los bienes y servicios recortados ideológicamente y, por tanto, artificialmente. Es un compañero de lucha, es un damnificado más de este sistema que nos ahoga”.
¿Primero lo de casa? Sí, por supuesto, primero los ciudadanos y ciudadanas del mundo.