Es difícil realizar cálculos precisos e independientes en el contexto actual que se vive en Gaza, pero varias fuentes, incluidas las Naciones Unidas, estiman que en el periodo de tres semanas han muerto más de 1.200 palestinos y que los heridos superarían ya los 6.500. Las gran mayoría de las víctimas, alrededor del 85%, serían civiles, y aproximadamente una de cada cinco son niños. El nivel de destrucción es abrumador y la ofensiva ha afectado gravemente a la ya de por sí precaria infraestructura de Gaza y los servicios básicos de agua potable, saneamiento de aguas residuales y electricidad, además de dañar escuelas, centros médicos, edificios públicos y viviendas. Las hostilidades actuales han exacerbado dramáticamente un contexto de vulnerabilidad y violaciones a los derechos humanos existente bajo el bloqueo impuesto por Israel a Gaza desde que Hamas ganara las elecciones en el 2007. El horror que viven las personas en Gaza, la mitad de las cuales son niños y adolescentes, apuntan a posibles violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) que podrían ser constitutivas de crímenes de guerra, además de parecer evidenciar la aplicación por parte de Israel de sanciones colectivas a la población de Gaza como medida para minar el apoyo popular a Hamas y derrocar su Gobierno.
Gaza es una de las zonas urbanas más densamente pobladas del planeta, y la aglomeración humana coincide con altos niveles de pobreza y falta de acceso a los servicios más básicos. El boqueo que ejerce Israel sobre la franja de Gaza, reforzado desde 2007 con la llegada al poder de Hamas, supone el control por parte del ejército israelí de los accesos por tierra, mar y aire, restringiendo la entrada y salida de bienes y personas. Si bien Egipto controla uno de los accesos por tierra a Gaza, el paso de Rafah, éste también se encuentra restringido, y todo parece indicar que el actual Gobierno militar de Egipto mantendrá una posición de bloqueo a Gaza debido a su antagonismo con Hamas (basado en los lazos de Hamas con los Hermanos Musulmanes). De este modo, Gaza se ha convertido de hecho en la prisión a cielo abierto más grande del mundo.
Los 7 años de bloqueo han supuesto en la práctica un dominio de Israel sobre la economía de Gaza y sobre las condiciones de vida de la población. Las restricciones impuestas sitúan la vida cotidiana al borde de la insostenibilidad, con el 80% de la población dependiendo de ayuda humanitaria. El control que ejerce Israel sobre el territorio a través del férreo bloqueo lo sitúan como fuerza de ocupación y le hacen responsable internacionalmente por las vulneraciones a los derechos humanos de la población de Gaza.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado que Israel es responsable por respetar y garantizar los derechos de los niños de Gaza al mantener el control efectivo sobre este territorio. Al Comité le han preocupado las limitaciones al acceso a la salud, a la educación, nutrición y agua potable, así como el nivel de violencia que enfrentan los niños y la falta de una asistencia y rehabilitación adecuada para los niños víctimas de esta violencia. Resulta evidente que los efectos del bloqueo tienen impactos particularmente graves en los niños debido a su vulnerabilidad y por afectar a derechos fundamentales para su correcto desarrollo.
Los niños de Gaza que ahora tienen 6 años han vivido al menos 3 conflictos armados, en 2008-2009, el de 2012 y el actual. Estas situaciones además de exponer su derecho a la vida y a la integridad física, les producen traumas que dejan secuelas duraderas en su salud psicológica y afectan el desarrollo de su personalidad. La organización internacional Save the Children estima que en el conflicto actual mueren un promedio de 7 niños por día y 70 son heridos, así como un total de más de 72.000 niños en Gaza necesitan terapia y apoyo de manera urgente al sufrir alguna forma de trauma.
Las características del actual conflicto que se vive en Gaza ponen en cuestionamiento el respeto por parte de Israel de los principios más básicos del derecho internacional humanitario (DIH) aplicable en situaciones de conflictos armados, es decir, el principio de distinción entre civiles y combatientes (que prohíbe tratar como objetivos militares a la población y los bienes civiles), y los principios de proporcionalidad y de precaución en la realización de operativos militares.
El lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza, como todos los ataques indiscriminados contra la población civil, son acciones inaceptables y prohibidas por el DIH, que merecen repudio y condena. Sin embargo, estas violaciones al DIH no pueden justificar ataques y represalias contra la población civil de Gaza bajo el pretexto del ejercicio del derecho a la autodefensa de Israel. Infligir sufrimiento a la población con el objetivo de ejercer presión sobre Hamas es inaceptable. No puede provocarse deliberadamente el terror en la población civil como tampoco recurrir al uso desproporcionado de la fuerza, o desconocer el principio de precaución. Se pone en tela de juicio la aplicación del principio de proporcionalidad, por ejemplo, cuando las fuerzas israelíes, con la declarada intención de dirigirse a un solo miembro de Hamas, han bombardeado y destruido casas y edificios que estaban siendo ocupadas como residencias por decenas de civiles, entre ellos niños y familias enteras, exponiendo su vida y dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad. El principio de precaución impone redoblar las precauciones para no afectar a civiles al momento de realizar los operativos militares en un contexto de altísima densidad poblacional que les sitúa en mayor riesgo frente a las ofensivas militares. El nivel de devastación en Gaza pone en entredicho que Israel esté actuando de conformidad con los principios del DIH, y genera cuestionamientos sobre si los operativos estarían efectivamente diseñados para aterrorizar a la población civil.
Por su parte, Israel ha denunciado la utilización por parte de Hamas y grupos afines de instalaciones civiles para usos militares, como el almacenamiento de municiones o para el lanzamiento de los cohetes, además de utilizar “escudos humanos” para proteger objetivos militares, todas ellas acciones contrarias al DIH. Sin embargo, el hecho que una de las partes en el conflicto armado lleve a cabo acciones contrarias al DIH ello no exime a la otra parte de cumplir con sus obligaciones, ni sirve para justificar sus propias violaciones al DIH.
El bloqueo de la franja de Gaza durante los últimos años, y los ataques indiscriminados y desproporcionados en el marco de esta nueva ofensiva militar equivalen a formas de castigo colectivo contra la población en su conjunto, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario. Es difícil imaginar cómo se puede pretender la construcción de sociedades más justas, que contribuyan además a una mayor estabilidad y paz regional, sobre la base de la opresión. La historia ha demostrado una vez tras otra que la violencia sólo es capaz de engendrar más violencia, y no crea las condiciones para la tolerancia, la dignidad y la seguridad, que es lo que requieren desesperadamente Gaza e Israel. Habría que tomar en especial consideración a los niños y los impactos que el conflicto tiene en ellos, para asegurar su protección y garantizar que reciben el apoyo adecuado para superar las heridas y los traumas provocados por este conflicto y evitar que ellos mismos reproduzcan estas espirales de intolerancia y violencia en el futuro.