Para el PIB cuenta la prostitución y no el cuidado

La Unión Europea (UE) no siempre logra que los países miembros cumplan sus acuerdos. De hecho aprobar una Directiva lleva años de discusiones para consensuar sus contenidos. Sin embargo, parece que en esta ocasión se ha conseguido convencer a todos los países para introducir en los sistemas de Cuentas Nacionales la modificación del PIB. Una difícil tarea que consiste en cambiar los diseños estadísticos para incluir en los indicadores de crecimiento materias tan alérgicas a la transparencia como la prostitución, las drogas o el tráfico de seres humanos. Lo que realmente está detrás de esta medida es la protección de transacciones financieras a través de un sistema denominado Programa Hércules III.

Resulta curioso que la UE pretenda cuantificar el valor añadido de actividades ilegales de difícil cuantificación, cuando existen vías más fiables aunque más incómodas, como serían aquellas medidas contra la corrupción. Por ejemplo, en nuestro país, resulta urgente calcular con precisión el valor añadido que realmente representan las transacciones que esquivan la fiscalidad, como han manifestado el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el GESTHA que en su propia web denuncian el volumen que representa el fraude en nuestra economía sumergida, nada menos que un 25% del PIB, añadiendo que el desempleo y la corrupción son los responsables de este crecimiento.

Ahora la UE mandata contabilizar la prostitución, la pregunta sería ¿por qué estas y no otras actividades ilegales? Si nos detenemos en la prostitución como una transacción económica en el caso de dos países que ya la regulan: Alemania y Holanda, a pesar de ello no han visto decrecer el tráfico de mujeres en su territorio. Por ello, sus Ayuntamientos encargaron informes en 2007 donde alertan que la regularización de esta actividad no ha rebajado la trata. Pero lo más preocupante es otro dato que la UE ha pasado por alto: una gran mayoría de trabajadoras sexuales europeas cotizan dentro del régimen de la seguridad social con una equivalencia semejante en derechos a las trabajadoras domésticas, es decir, el mínimo en su rango. Si lo aplicamos a nuestro país, serían 200€ los mínimos necesarios para hacer “emerger” una ganancia media de 700€.

Si la UE quiere contabilizar la prostitución, la indagación fiscal deberá empezar por el sector privado de la prostitución. En España, por ejemplo, la Asociación de Empresarios de Locales de Alterne es partidaria de la legalización de la prostitución con el afán, como la UE, de visibilizarla, pero omiten en sus desvelos cualquier alusión al tipo de cotización. Este dato no debería ignorarse en ningún debate sobre esta materia, salvo que no sean los derechos de las personas prostituidas, sino la contabilización de las ganancias que se derivan de la venta de sus servicios de lo que se esté hablando. En otras palabras, esta contabilidad, puestos a redefinir diseños ¿basará sus indicadores en contabilizar los resultados de la mercantilización del cuerpo de las mujeres? ¿O introducirá variables sobre régimen de la seguridad social, cartillas sanitarias (también para el cliente) accidentes de trabajo, vacaciones? Sería ingenuo pensar que un sector que se limita al alquiler de habitaciones y declara no saber qué ocurre dentro, sienta un gran espíritu europeísta en su Declaración Trimestral para la Hacienda Pública.

Las actividades ilícitas no pasan a fiscalizarse por el mero hecho de registrarse en un instrumento de medición a escala europea. De igual modo que la prostitución no pasa a normalizarse como actividad sin afrontar su grado de vinculación con el narcotráfico y la trata. Además parece que la propia UE no ha prestado atención a sus propios informes, el último del Parlamento Europeo: Explotación Sexual, Prostitución e Impacto de Género, presenta unas alarmantes conclusiones, el 90% de las mujeres la ejercen dependiendo de un proxeneta, y en un 75% con edades comprendidas entre 13 a los 25 años de edad. A la luz de estos datos, convendría saber si realmente se producirá un incremento del PIB con la medida de la UE, porque además de la paradoja de pretender medir lo ilícito, cuya marginalidad es la condición necesaria para su supervivencia, los resultados podrían ser decepcionantes, como ocurre en Holanda: según datos del 2008 el total de actividades ilegales representa un 0,6% en su Producto Interior Bruto, siendo el contrabando y las drogas el principal peso en este cálculo. Lo mismo ocurre en países como Bélgica o Suiza.

Pero si la UE quería incrementar los respectivos PIBs muy bien podría haberse inclinado por otras actividades cuya contabilización fuera más fiable y cuyos datos sean posibles de recabar de forma normalizada. Me refiero a los trabajos no remunerados: todos aquellos que engloban cuidados del entorno familiar o el trabajo de voluntariado. Es decir, actividades que se realizan desinteresadamente sin que medie una relación de intercambio. Sin embargo, el PIB es restrictivo en su medición, si bien cuantifica el crecimiento económico de un país, no hace lo mismo con aquellos bienes y servicios que se prestan sin una transacción monetaria. El propio Banco Central Europeo reconoció que el PIB ofrece un indicador parcial de los Estados de Bienestar, pero a pesar de este déficit contable influye decisivamente en la agenda política de los Gobiernos. ¿No sería clave subsanar esta carencia e incluir el Bienestar como un valor añadido de la producción de cada país, más que especializarse en actividades clandestinas? Contamos con grandes expertas en nuestro país, que siguiendo los pasos de la primera investigadora que midió el uso del tiempo en el ámbito doméstico, María Ángeles Durán han contabilizado lo que representa de aportación a la riqueza de un país. En 2012 un estudio del BBVA, el Trabajo no remunerado en la Economía Global demuestra que el cuidado de niños, enfermos o personas dependientes se ocupan un 91,9% de mujeres frente a un 74% de hombres. Pero lo importante es que si las Cuentas Nacionales cuantificaran este trabajo de tipo informal equivaldría a un 50% del PIB. Además de ser factible nos convendría medirlo para poder diseñar políticas públicas destinadas a mejorar la vida de la ciudadanía, más que ajustar artificialmente los sistemas de contabilidad europeos.