Al fin, después de varios Consejos de Ministros de Asuntos de Interior y de un par de Consejos Europeos, tenemos sobre la mesa los compromisos de los países miembros en relación con el número de personas reasentadas y reubicadas que se comprometen a acoger cada uno de ellos. Se trata de una decisión que deberá adoptarse formalmente en, previsiblemente, septiembre, después de la opinión del Parlamento Europeo.
Para poner las cifras en contexto, cabe recordar que las mismas fueron la propuesta más ambiciosa de la Comisión Europea en la presentación de la Agenda Europea de Migración, el pasado mes de mayo. Se trataba de un intento de dar respuesta a la dramática situación que se vive en el Mediterráneo, convertido en una trampa mortal para miles de personas que intentan acceder a las costas europeas huyendo de las situaciones de violencia en las que están inmersos sus países. Este flujo de refugiados, que Naciones Unidas ha definido como el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, ha puesto en evidencia las debilidades de la política europea de inmigración y asilo, por inexistente; y también ha dejado claro que los Estados miembros, responsables últimos de estas políticas, tampoco están especialmente interesados, con honrosas excepciones, en dar respuesta a esta situación.
Fuente: http://missingmigrants.iom.int/
Cuando la Comisión Europea presentó su propuesta de reasentamiento y reubicación, lo hizo con dos objetivos claros: dar respuesta inmediata a lo que estaba sucediendo en las costas de Italia y Grecia e intentar dibujar un discurso común y compartido de solidaridad entre Estados miembros. Así, la propuesta de reubicación intentaba paliar la presión en las entradas que afecta principalmente a los países del sur europeo; mientras que el reasentamiento suponía un compromiso de distribución solidaria de personas en necesidad de protección internacional.
A pesar del avance que supuso esta propuesta, lo cierto es que la cifra de 20.000 personas para reasentamiento fue duramente criticada por poco ambiciosa. La cifra de 40.000 plazas para reubicar a personas se alcanzó a finales de mayo, cuando se activó por primera vez el artículo 78(3) del Tratado de la Unión Europea, que consideró que Grecia e Italia vivían una situación de emergencia. Así, se determinaron las cifras de personas a reubicar desde Grecia (16.000) e Italia (24.000) y se redibujaron los porcentajes de distribución para su reubicación en otros países miembros. Con las cifras propuestas por la Comisión Europea sobre la mesa, quedaba sólo ver cuál sería la última reacción de los Estados miembros. Y en el Consejo de Ministros de Interior del 20 de julio, el retrato ha salido, como era de esperar, poco lucido.
En primer lugar, las cifras evidencian que los países de la Unión Europea apuestan por mantener sus compromisos internacionales (aunque podría discutirse su nivel de generosidad) en relación con las personas que requieren de protección internacional y se encuentran en países terceros. Así, la cifra total de reasentamiento es de 22.504, un poco superior al total de 20.000 propuestas inicialmente por la Comisión Europea. Aunque hay una pequeña trampa: una parte sustancial de este incremento se debe a la contribución de Noruega, que ha ofrecido 3.500 plazas, y que no estaba en el reparto inicial. Sin su contribución (y la de Islandia, Liechtenstein y Suiza), los 28 países UE sólo habrían ofrecido 18.415 plazas.
En segundo lugar, la solidaridad europea hace aguas. No se puede entender de otro modo la posición de los países. Entre todos, no llegan a las 40.000 plazas solicitadas por la Comisión, y la mayoría sólo ofrece plazas por poco más de la mitad de las requeridas. De hecho, Alemania sola ofrece un tercio del total de las mismas. En la construcción de una política de inmigración y asilo común, y de hecho, del proyecto europeo en sí, esta débil solidaridad tendrá un coste mayor del que las cifras indican.
Además, al mirar las cifras de reubicación, puede entenderse que los países europeos han querido mandar un mensaje a las personas que arriesgan su vida para alcanzar las costas europeas. Se ‘penaliza la reubicación’ tal vez para luchar contra el tan cacareado ‘efecto llamada’. Lamentablemente, sobre cómo acabar con el ‘efecto expulsión’ que se encuentra realmente detrás de estos intentos desesperados de llegar a Europa, se sigue sin decir nada.
Finalmente, y sin pretender una revisión exhaustiva de cada país, algunas consideraciones generales pueden ayudarnos a leer las cifras. Los seis países fundadores de la Unión y los países tradicionalmente solidarios en temas de asilo (léase los nórdicos), lo siguen siendo. Con la excepción de Luxemburgo, los demás han respondido exactamente a los totales de la Comisión Europea o los han superado. Curiosamente, Chipre se suma a esta posición.
De hecho, este país es la única excepción a los países que accedieron a la Unión Europea en 2004, cuyas posturas van desde reducciones notables (de más del 50% en todos los casos) a absolutas, siendo Hungría el caso paradigmático. El gobierno de Orbán ha decidido responder con dos negativas a las propuestas de la Comisión Europea, constituyéndose a sí en el único país que da la espalda a las demandas de la Comisión. Tal vez crea, el gobierno húngaro que su muro en la frontera serbia tendrá éxito allí donde otros han fracasado, y que no necesitará del apoyo de sus socios europeos ante la creciente presión migratoria creciente en sus fronteras. Esta postura reacia de los países del este también se ha vistos en los otros dos países de frontera sur europea, con una oferta de plazas claramente inferior a la inicialmente contemplada por la Comisión: España con un descenso más que notable en reubicación (seguramente vinculado a la cantinela sobre el ‘efecto llamada’) y Portugal reduciendo las plazas de reasentamiento.
Por su parte, los países del opt-out han demostrado querer estar en las cuotas de reasentamiento, en el caso de Dinamarca casi triplicando la cifra propuesta por la Comisión, pero no en la reubicación. La excepción es Irlanda, que ha doblado las plazas de reasentamiento y ha ofrecido 600 de reubicación cuando no estaba obligada a ello.
Hoy por hoy, no se esperan grandes cambios en las cifras que se aprobaran finalmente después del verano. En mayo, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros un esfuerzo de solidaridad y compromiso con el derecho de asilo que, en términos generales y a pesar de la satisfacción expresada por el Comisario Avramopoulos, no se ha cumplido. Con las cifras en la mano, es la solidaridad europea la que se lleva la peor parte: en lugar de más Europa, los países han demostrado mayores recelos y desconfianzas que nunca. Se perfila una imagen con un centro de Europa mínimamente responsable y solidario (dado que las cifras planteadas jamás fueron excesivas) mientras se intuye una periferia cada vez más desapegada a la idea de solidaridad entre las partes, y menos receptiva a cumplir con la protección de derechos internacionales que definen el proyecto europeo. Y eso al hablar sólo de cifras: si nos preguntáramos que va a pasar a finales de año, cuando la crisis en el Mediterráneo siga con cifras récord y la respuesta europea haya sido reasentar y reubicar a menos de 60.000 personas, o nos centráramos en los retos reales que los Estados miembros deben afrontar al hablar de inmigración y asilo, la imagen resultante es aún más borrosa.