Las tres primeras comparecencias de la comisión municipal de investigación del polémico alquiler del local de San Antonio en Vitoria, que cuesta 650.000 euros anuales, han coincidido al señalar como desaconsejable, aunque sea legal, la fórmula de la contratación directa que se utilizó. Tanto la secretaria del pleno como el interventor y el técnico de Planeamiento y Gestión Urbanística aseguran que lo recomendable para esos casos es siempre la apertura de un concurso público. El informe que sugería el modelo de contrato directo pero sin acreditar la necesidad de esa adjudicación directa, fue redactado por el entonces director de Hacienda, Iñaki Diéz Unceta. La secretaria del pleno, que ha comparecido durante más de una hora, ha asegurado que ese documento debería haberlo elaborado un técnico competente y no el director de área.
Por su parte, el técnico de Planeamiento Urbanístico ha declarado que es cierto que en ese momento no existía ningún local de esas dimensiones disponible en Vitoria, de unos 800 metros cuadrados, pero al mismo tiempo ha insistido que tampoco quedaba demostrada la necesidad de una lonja de esas características. El técnico también ha remarcado que la actualización de la tarifa debería ajustarse a la subida del IPC y el precio recomendado a los 10.000 euros y no a los 12.000 al mes fijados en el contrato del 2007 firmado por el exalcalde Alfonso Alonso. Pero al optar por el último precio, el alquiler actual asciende a 24.000 euros y el importe de las obras, que también se pagan al arrendatario, hasta los 26.000 euros. En total el desembolso mensual es de 50.000 euros aunque el actual alcalde Javier Maroto ha conseguido, tras acordarlo con el arrendatatario,una rebaja de cara el próximo ejercicio.
La próxima sesión se celebrará el próximo jueves, también a puerta cerrada y acudirán los directores de Hacienda de la legislatura del popular Alfonso Alonso y del socialista Patxi Lazcoz.