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Solo 67 inmuebles antiguos de Vitoria se han sometido a la inspección técnica de edificios, ITE, según los datos aportados por el Ayuntamiento. Esta evaluación, que persigue garantizar la conservación y la seguridad de las construcciones y evitar su deterioro, era de obligatorio cumplimiento durante el presente ejercicio para aquellos inmuebles levantados antes de 1901 según recoge un decreto vasco de diciembre de 2012. Pero tras la reciente promulgación de una ley de caracter estatal, Ley 8/2013 Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, menos restrictiva que la vasca, tanto los dueños de inmuebles más viejos, como los de aquellos de más de 50 años de antigüedad, disponen ahora de un amplio margen de actuación para realizar estas evaluaciones, ya que se han alargado los plazos para su ejecucción en cinco años. Los que se veían más apremiados por la aproximación del vencimiento de la primera fase de inspecciones pueden respirar tranquilos. El Gobierno de Urkullu ha anunciado que va a incorporar a través de una orden las modificaciones aprobadas por el Congreso con el objetivo de adaptar la normativa autonómica a la española.
En Vitoria hay 1.589 edificos con más de cinco décadas de vida, a los que hay que sumar los 517 que han cumplido un siglo, según los datos recopilados por el Colegio de Arquitectos COAVN. Los propietarios de este parque de más de 2.000 pisos son los que disponen ahora, con la nueva ley en vigor, hasta el año 2018 para someter a sus viviendas a estas revisiones obligatorias. Hasta el momento, tal y como reflejan los datos proporcionados por el Ayuntamiento, son pocas las viviendas que han pasado la inspección y la mayoría de las 67 que sí han cumplido, han aprovechado un proceso de rehabilitación para realizar al mismo tiempo el exámen, ya que de esa manera se pueden acoger a subvenciones. “Por iniciativa propia han sido muy pocos los propietarios que han cumplido el trámite. De hecho son muchos los que desconocen que tienen que hacerlo. Nosotros nos estamos poniendo en contacto con comunidades para ofrecerles nuestros servicios y nos confiesan entonces que es la primera noticia que tienen al respecto”, explica Iker Gómez Iborra, cofundador del estudio de arquitectura Ig karratu, uno de las empresas vitorianas que realiza las ITEs.
El Colegio de Arquitectos pide más implicación
Los propietarios deben encargar a un técnico facultativo la realización de una inspección que acredite el estado del edificio y garantice el cumplimiento de las condiciones de conservación, seguridad, estanquidad y consolidación estructural. “El estudio de las patologias de sus viviendas permite conocer qué grado de riesgo suponen esas edificaciones tanto para los residentes como para los viandantes que transiten bajo sus fachadas”, sotiene Gómez Iborra. El dictamen realizado por técnicos facultativos determinará qué tipo de obras o intervenciones habrán de realizarse. Gomez de Iborra asegura que someter a los inmuebles a estas pruebas y subsanar los males detectados evita problemas. “La degradación más importante que sufren los edificios la provoca la entrada de agua. Detectar humedades por capilaridad o filtraciones a través de huecos puede salvarnos de males mayores”, declara el arquitecto.
Las grados de intervenciones recomendadas tras la inspección pueden variar de inmediata, aquella que requiere una ejecución en menos de 24 horas, solicitando incluso la actuación de los bomberos; muy urgente, las que implican riesgo a corto plazo y han de desarrollarse un plazo máximo de 3 meses; urgente, las que disponene de un año para reformar los daños; necesaria - con más de un año; y de mantenimiento o prevención.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro solicitan una mayor implicacion institucional para que la ejecución de las inspecciones se vaya acelerando. “Los riesgos de algunos edificios están ahí sobre todo en los que tienen más de cien años. Luego todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando ocurren accidentes. Debemos prevenirlos con las inspecciones”, manifiesta el presidente de la entidad, Jorge Magán, que revelaba que aún no ha recibido notificación alguna de las nuevas modificaciones legislativas estatales y ni tampoco de las que quiere abordar el Gobierno vasco.
En el País Vasco, el 32% del parque edificado residencial tiene una antigüedad superior a los 50 años. Y otro 39% entre 30 y 50 años.