El CETA ataca el Estado de derecho

El pasado 30 de octubre se firmó el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, que ahora entra en fase de ratificación en el Parlamento Europeo y en los parlamentos estatales. Para analizarlo, debemos partir de una premisa: con los llamados acuerdos de tercera generación no estamos hablando sólo de libre comercio, sino de acuerdos que van mucho más allá de eliminar las barreras a la importación y exportación de bienes y servicios. En realidad, el Acuerdo Económico y Comercial Global, nombre oficial del CETA, pretende crear un nuevo bloque económico, y para hacerlo plantea cambios profundos en materias esenciales de nuestros modelos de sociedad como la justicia, la prestación de servicios públicos, la regulación ambiental e incluso la manera en la que nuestras democracias regulan la actividad económica.

No estamos hablando en ningún caso de un debate a favor o en contra del libre comercio. Estamos ante la creación de un nuevo bloque económico global, pero sin las necesarias herramientas de control democrático del mismo.

La primera víctima están siendo los elementos formales de la democracia parlamentaria. Las presiones al Gobierno de Valonia, que decidió alzar la voz contra el tratado, fueron más allá de los límites propios de una democracia. El Parlamento Europeo llevará a cabo una ratificación exprés, en apenas un par de meses, sin ningún debate a fondo.

Hay dudas fundadas sobre la invasión competencial a Estados miembros, regiones y municipios, dado que el acuerdo va mucho más allá de la estricta política comercial, donde la UE sí tiene competencias exclusivas. El Tribunal Europeo de Justicia resolverá en breve estas dudas, ya que está escrutando el acuerdo de libre comercio UE-Singapur. En lugar de esperar la sentencia, y aunque el resultado podría cuestionar la legalidad del acuerdo, se ha decidido acelerar la ratificación.

Otro pilar de nuestras democracias que se ve atacado por el acuerdo es la justicia. La presión social consiguió acabar con el Sistema de Arbitraje Internacional (ISDS en sus siglas en inglés), pero los negociadores lo sustituyeron por un Sistema Judicial de Inversiones, que es fundamentalmente lo mismo.

Las empresas canadienses (o las estadounidenses con filiales en Canadá) podrán pleitear ante un tribunal privado contra cualquier administración pública de la UE que adopte medidas que afecten a sus “expectativas legítimas de negocio”. Los precedentes de estos tribunales muestran que, entre ellas, se pueden incluir decisiones soberanas como renacionalizar servicios básicos, incrementar estándares ambientales o prohibir el fracking. La Asociación Alemana de Jueces ve esta jurisdicción paralela incompatible con el Estado de derecho europeo.

Impacto en los servicios públicos

Tanto en Canadá como en la UE ha habido mucha retórica sobre el carácter progresista del acuerdo. Nada más lejos de la realidad; si hay un sector donde el CETA puede tener un gran impacto negativo es en el sector de los servicios públicos, como han denunciado todos los sindicatos. Los negociadores europeos y canadienses decidieron optar por el método denominado “lista negativa”, que significa que a menos que se señale explícitamente en el texto la exclusión de un servicio, este queda incluido en el acuerdo y es susceptible de ser liberalizado.

En el ámbito medioambiental, debemos romper algún estereotipo: las compañías energéticas canadienses tienen capturados a los reguladores, son grandes depredadoras del territorio, pioneras en el uso de fracking y arenas bituminosas y contribuyen terriblemente al cambio climático. Así que abrirles los mercados europeos sin restricciones reguladoras es un riesgo para el medio ambiente y un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. El principio de precaución, básico en nuestro modelo de protección ambiental, no se menciona ni en el CETA ni en la declaración interpretativa.

Tampoco son ciertos los cantos de sirena sobre el impacto positivo en el empleo. Los cálculos de un estudio académico reciente anticipaba una posible caída de los salarios y la pérdida de hasta 200.000 puestos de trabajo. Lejos de querer gobernar la globalización a partir de normas justas, con este tipo de acuerdos la UE usa su política comercial para importar la precariedad exterior y poner a nuestras jurisdicciones en una carrera imparable hacia la desregulación. El CETA es una herramienta al servicio de una globalización sin contrapesos ni controles democráticos.

El CETA debe ser rechazado, y con ello debemos abrir un debate en profundidad hacia dónde va la política comercial de la Union, elemento central para garantizar una globalización justa, y hoy al servicio de una élite privilegiada.

Ernest Urtasun es eurodiputado del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Jesús Hernández es asistente al Parlamento Europeo.

[Este artículo ha sido publicado en el número de diciembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El pasado 30 de octubre se firmó el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, que ahora entra en fase de ratificación en el Parlamento Europeo y en los parlamentos estatales. Para analizarlo, debemos partir de una premisa: con los llamados acuerdos de tercera generación no estamos hablando sólo de libre comercio, sino de acuerdos que van mucho más allá de eliminar las barreras a la importación y exportación de bienes y servicios. En realidad, el Acuerdo Económico y Comercial Global, nombre oficial del CETA, pretende crear un nuevo bloque económico, y para hacerlo plantea cambios profundos en materias esenciales de nuestros modelos de sociedad como la justicia, la prestación de servicios públicos, la regulación ambiental e incluso la manera en la que nuestras democracias regulan la actividad económica.

No estamos hablando en ningún caso de un debate a favor o en contra del libre comercio. Estamos ante la creación de un nuevo bloque económico global, pero sin las necesarias herramientas de control democrático del mismo.