Las cifras del desastre de las pensiones

Estas últimas semanas se han conocido dos reacciones significativas ante los Presupuestos Generales del Estado de 2016. La primera, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que las cuentas públicas pueden alumbrar al final de 2015 y 2016 cifras similares a las presupuestadas en el subsector Estado, pero que en la Seguridad Social el déficit va a ser mucho mayor. La segunda, la Comisión Europea ha considerado optimista el proyecto de presupuesto.

El propio Gobierno ha reconocido el problema al asumir como posible financiar por el Estado una pensión tan emblemática como la de viudedad, el eslabón que une la cotización con el recurso que mantiene a nuestros mayores, incluso cuando el cotizante ha fallecido.

Por estas razones, parece urgente reflexionar sobre la realidad de las cifras cuando ya han transcurrido las tres cuartas partes del año, y se han contabilizado los ocho primeros meses.

En materia de ingresos, las cotizaciones sociales de ocupados fueron en 2014 de 91.314 millones de euros, y de desocupados, 7.815 millones de euros. En agosto de 2015 habían sido de 62.350,76 y de 4.528,25 millones de euros respectivamente, con una evolución del 2,17% y del -15,11%. De continuar así la evolución (y septiembre fue peor mes que agosto en comparación), al final tendríamos 93.323,1 millones y 6.579,4 millones; es decir, en total, 99.900 millones en números redondos, o lo que es lo mismo, 6.400 millones menos que lo recaudado en 2011 y 10.000 millones menos que lo presupuestado, cerrando una legislatura con una recaudación inferior en 40.000 millones a lo previsto cada año.

Por el lado del gasto, la incapacidad temporal, que tenía previsto un crecimiento del gasto de 60 millones en presupuesto, crece hasta agosto al ritmo del 13,90%. El año anterior superó en 600 millones de euros a lo presupuestado: la olla a presión del mercado de trabajo más envejecido del continente tenía que estallar de alguna forma.

¿Cómo se cerrará al final 2015? El presupuesto ya preveía un déficit de 6.450 millones de euros, el 0,6% del PIB. En realidad, el cierre nos costará los españoles más de 16.000 millones de euros, entre el 1,5% y el 1,6% del PIB. Los déficit de la Seguridad Social acumulados en estos cuatro años de mandato de Mariano Rajoy superarán todo el crecimiento del PIB.

¿Cómo se ha conseguido pagar las pensiones con esta catástrofe de recaudación y gestión? Consumiendo de los Fondos de la Seguridad Social (el de Reserva y el de Contingencias Profesionales) 45.828 millones de euros hasta agosto, que se convertirán en casi 55.000 millones al final del año. Cada pensionista español ha recibido, en este cuatrienio y por término medio, 6.500 euros del malvado ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, más de un millón de pesetas.

LAS CAUSAS

En realidad, la principal causa de esta situación reside en aplicar una devaluación competitiva de los salarios ignorando que las bases de cotización derivan de éstos y a corto plazo impiden la sostenibilidad del sistema de pensiones: con el 27%, aproximadamente, de cotización para pensiones, son necesarios cinco salarios mínimos para pagar un alto promedio de las nuevas pensiones.

Con malos salarios no podemos tener buenas pensiones. Así caen los fondos del sistema, y así se incrementa la desigualdad con la congelación, y seguimos teniendo pensiones de miseria que sitúan por debajo de la pobreza a 160.000 huérfanos con pensiones de 191 euros al mes o a los pensionistas que deben mantener hijos y nietos sin recursos.

Pero lo más importante es lo que se deja de recaudar. No ya de desempleados, de cuidadores familiares o de empleadas de hogar privadas de cotización por contrarreformas inicuas. Ni siquiera en las bonificaciones fiscales (tarifas planas y otras) que consiguen que el Régimen de Autónomos crezca en afiliados y mengüe en recaudación. Simplemente, concéntrese el lector en algunas cuestiones:

- La destrucción sistemática de la autoridad y del papel de los sindicatos, eliminando posibilidades legales y de capacidad del movimiento obrero de combatir el dumping.

- La posibilidad de renunciar al salario del convenio para obtener contratos de la Administración, que ha generado una nueva subcultura de contratos sin cualificación, ni individual ni colectiva.

- Seguir dedicando parte de las cotizaciones a financiar fondos como la formación profesional de ocupados, que sólo sirven a las empresas para fingir actividades y ahorrarse aportaciones.

- Ideas peregrinas, como someter a cotización las aportaciones de las empresas a fondos de pensiones de sus empleados, con lo que todos han pasado a entregar cantidades a los trabajadores, que no cotizan y se deducen en la base imponible del IRPF.

- Dejar que las reservas de las mutuas sigan creciendo, mientras que no se hacen cargo ni de un euro de un patrimonio público en regresión, mientras las reservas administradas por la Seguridad Social corren riesgo evidente de desaparecer.

- Haber frenado la paulatina unificación de las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional, lo que podía hacerse sin pérdidas y con beneficios a los sectores exportadores.

- Todo esto queda pendiente para la próxima legislatura, cuando el Gobierno gobierne.

[Este artículo ha sido publicado en el número de noviembre de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Estas últimas semanas se han conocido dos reacciones significativas ante los Presupuestos Generales del Estado de 2016. La primera, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que las cuentas públicas pueden alumbrar al final de 2015 y 2016 cifras similares a las presupuestadas en el subsector Estado, pero que en la Seguridad Social el déficit va a ser mucho mayor. La segunda, la Comisión Europea ha considerado optimista el proyecto de presupuesto.

El propio Gobierno ha reconocido el problema al asumir como posible financiar por el Estado una pensión tan emblemática como la de viudedad, el eslabón que une la cotización con el recurso que mantiene a nuestros mayores, incluso cuando el cotizante ha fallecido.