La economía de los cuidados, base de la desigualdad

“La economía de los cuidados es la visión contraria a la todavía preponderante idea de que la conducta humana busca la maximización de la ganancia individual y la acumulación, ya sea la maximización de beneficios, rentas u otros tipos de remuneración”, dice Lourdes Benería, catedrática emérita de la Universidad de Cornell, en un artículo publicado en esta misma revista. Los cuidados suponen un problema de naturaleza económica porque comportan “el uso de recursos escasos, materiales e inmateriales, de energía y tiempo, con costes directos e indirectos más o menos evidentes y requieren la realización de un auténtico trabajo que satisface las necesidades humanas básicas”, completa Lina Gálvez en el libro La economía de los cuidados (DeCulturas, 2016). Aunque a paso lento, cada vez más, organismos nacionales e internacionales están comprendiendo estos aspectos invisibles.

Como en otros años, este fue uno de los temas principales del VI Congreso de Economía Feminista, celebrado el pasado septiembre en Valencia. Una infinidad de trabajos y análisis debaten sobre los diferentes aspectos de los cuidados. Y todos confirman que la visión económica dominante, basada en el hombre económico, deriva en múltiples desigualdades de género y, además, llevan al mundo a la hecatombe.

Los fenómenos de las últimas décadas, como la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, la falta de corresponsabilidad de los hombres, los nuevos modelos de familia, la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento en los países ricos, junto con los recortes del Estado de bienestar, han llevado a lo que se denomina “crisis de los cuidados”. Existe un desequilibrio entre la necesidad de cuidados y su provisión. E irá a peor.

Las necesidades de cuidados aumentarán en todo el mundo. En el caso español, según los últimos datos del INE, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 54,2% actual hasta el 62,4% en 2033, y llegaría al 75,8% en 2068.

Es lógico que las mujeres tengan menos hijos. Según el estudio de la OIT El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, hoy en España mayoritariamente las mujeres dedican de promedio en un año 130 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado. Hay 16 millones de personas trabajando ocho horas al día gratis. Tomando en cuenta el salario mínimo por hora, esto equivaldría al 14,9% del PIB español. 

Como lo indican las últimas encuestas del uso del tiempo, las mujeres realizan más del 75% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, y le dedican tres veces más tiempo que los hombres. A lo largo de un año, dedican al hogar el equivalente a 201 días de trabajo (sobre una base de ocho horas diarias), en comparación con 63 días de trabajo para los hombres. Esto pasa en España y en todo el mundo. Y no hay atisbos de que la situación vaya a mejorar demasiado para cuando la crisis de los cuidados empeore. La OIT considera que, al ritmo que vamos, faltan 210 años para que se cierre la brecha de género en prestación de cuidados no remunerada.  

Mercado de trabajo

“El trabajo de cuidados no remunerado constituye el principal obstáculo para la participación de las mujeres en los mercados de trabajo, en tanto que la distribución más igualitaria del trabajo de cuidados no remunerado entre hombres y mujeres se asocia a niveles más elevados de participación laboral femenina”, explica Elena Blasco Martín, secretaria confederal de mujeres e igualdad de CCOO en la Agenda Feminista 2018-2019.

Según la última EPA, 1,7 millones de mujeres están desempleadas, es decir, cerca del 60% del paro registrado. Y de estas paradas, menos del 53% recibe algún tipo de prestación por desempleo (11 puntos menos que los hombres). Una de cada tres personas que dejan de buscar empleo son mujeres, paradas de larga duración.

De las mujeres inactivas, el 42% lo es por tener que dedicarse a tareas de cuidados, una cifra brutalmente distinta que en países con un amplio Estado de bienestar como Dinamarca, donde esta cifra en mujeres es de apenas el 7%. Los hombres inactivos españoles por tener que dedicarse a los cuidados, en cambio, son solo el 5,1%. En Dinamarca, solo un 2,4% (ver gráfico).

Luego está el tiempo parcial. De las personas ocupadas a tiempo completo, solo el 40% son mujeres. En cambio, ellas son el 75% de quienes trabajan a tiempo parcial. Este tipo de trabajo se paga además el 62% menos que el del tiempo completo. 

Esto tiene que ver con la brecha salarial. En España las mujeres ganan de media 4.849 euros anuales menos que los hombres por el mismo trabajo, según el tercer informe Brecha salarial y techo de cristal, de 2019, del Sindicato del Ministerio de Hacienda Gestha, un aumento de 104 euros respecto al año anterior. De media, Gestha calcula que en España podrían tardarse 87 años para eliminar la brecha.

Con estos números “no tenemos independencia económica, ni posibilidad de concebir un proyecto de vida plena, que incluya una pensión digna”, agrega Blasco Martín. De hecho, las pensiones medias de las mujeres españolas para equipararse a las masculinas necesitarían aumentar un 56%. Entre las pensiones no contributivas, 7 de cada 10 son para mujeres. También sucede con el 86% de las pensiones asistenciales. Son pensiones por debajo del umbral de la pobreza, de entre 100 y 400 euros.

Bendita maternidad

Las estadísticas muestran claramente que el mayor punto de inflexión en la brecha de género se produce en el momento de la maternidad. Según el INE, las mujeres dedican un poco más de tiempo al trabajo no remunerado en el hogar cuando no tienen hijos, pero muchísimo más que ellos cuando tienen hijos.

Carmen Castro, doctora en economía y autora del libro Políticas para la igualdad, permisos por nacimiento y transformación de los roles de género (Catarata, 2018) indica: “Hay países en los que ya no existe permiso de maternidad ni tampoco la distinción entre maternidad/paternidad, sino que lo que existe es un permiso parental global que incluye partes individuales e intransferibles para cada progenitor/a y también la posibilidad de un tiempo que puede ser utilizado por cualquiera de los progenitores (...) Suecia, Islandia, Noruega y Portugal (desde la reforma de 2009) son los países que marcan esta tendencia”, agrega Castro, aunque todavía hay muchas deficiencias para lograr situaciones más justas. 

En España, el pasado 1 de abril entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2019, que reconoce que los padres y las madres necesitan permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. Hoy ya el padre, o la otra madre, puede disfrutar de un permiso de ocho semanas. En 2020 podrá ser de 12 y en 2021 de 16 (solo  serán obligatorias seis). En 2019, las dos primeras semanas deben ser simultáneas y tomarse inmediatamente después del parto, de forma ininterrumpida. Las seis restantes, a lo largo del primer año. Pero la ley establece que en 2021 deban ser simultáneas las 6 semanas obligatorias. La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), considera que esto podría ser peligroso, porque “si se obliga a las parejas a simultanear más semanas, se corre el riesgo de consolidar los roles de madre cuidadora principal y padre ayudante, en muchos casos no desenganchado de su empleo”.

Por otro lado, la baja puede pedirse a tiempo parcial, y ya sea parcial o a tiempo completo, debe pactarse con la empresa. Eso, según la PPIINA, trae problemas porque hay que negociar con la empresa, que puede decidir dar semanas sueltas, en Navidad o en Semana Santa, y“eso no sirve para encargarse de una criatura. Todo eso, añadido a la trampa de la legislación farragosa: no hay quien entienda los trámites. Así, se pierde el objetivo del permiso de paternidad, que ellos tuvieran que encargarse solos de la criatura. No hemos solucionado el problema. Nos volvemos a olvidar de la criatura y de la madre”, dice María Pazos, activista de la PPIINA, ex jefa de Estudios de Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales y autora del libro Contra el patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible (Katakrak, 2018).

Cuando pasan ese primer año de vida, el segundo obstáculo es la educación infantil, hasta los 3 años. España cuenta con listas de espera imposibles en muchas comunidades autónomas, además de cuotas inasumibles para la mayoría de las familias.

Las activistas de PPIINA tienen sus motivos para dudar de que la corresponsabilidad se haga efectiva. La idea de que la mujer es buena cuidando y el hombre es bueno en otras cosas (y es mejor que cada uno invierta su tiempo en lo que es mejor) es una construcción cultural muy arraigada, pero que es posible cambiar. Martin Eckho Andresen y Emily Nix realizaron el estudio What Causes the Child Penalty? Evidence from Same Sex Couples and Policy Reforms, en el que compararon la brecha salarial en las diferentes etapas de la vida en familias heterosexuales y en familias de lesbianas y gais. En las parejas heterosexuales la brecha se abre profundamente con el nacimiento del primer hijo, y prácticamente no vuelve a juntarse nunca más (ver gráfico). En las familias de lesbianas la brecha entre ambas progenitoras se abre moderadamente el primer año (lactancia) pero al cabo de poco tiempo vuelve a equipararse. En los gais no hay diferencia salarial. Esto pasa en parte porque se encargan por igual de los cuidados. Como diría la economista feminista Mercedes D'Alessandro, “los hombres deben dejarse de excusas” (las empresas y el Estado, también).

Dependencia

Después de la educación infantil, el segundo momento más peligroso para los derechos de las mujeres se da en cuanto llega el momento de la dependencia de las personas de la familia, ya sea por una enfermedad o por la vejez.

Según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, de marzo de 2019, a finales de 2018 había en España 1,3 millones de personas en situación de dependencia reconocida y otras 128.500 pendientes de valoración. “Esto significa que el 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”, explican. Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, agregan: “El 19,2% de las personas dependientes, reconocidas por el Estado, no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 250.000 personas y a sus familias” (aunque en los últimos dos años han entrado 60.000 personas mayoritariamente con dependencia moderada, que antes no tenían ayudas).

El 39% de las personas desatendidas (98.000) son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y, en ocasiones, continuado.Dentro de la Ley de Dependencia, desde el pasado 1 de abril, las cuidadoras no profesionales que lograban ayuda de la ley pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social sin tener que pagar ellas las cotizaciones, como venía ocurriendo desde 2013. Sin embargo, las ayudas (que, además, han ido bajando con la crisis) son muy insuficientes. De 153 a 387, mensuales según el grado de dependencia (es decir, un trabajo esclavo, sin derecho a vacaciones, ni a fines de semana, y trabajando 24 horas al día). “Esas mujeres, que cuidan de sus padres enfermos a los 45 años, de pronto pueden encontrarse a los 50 años, con sus padres fallecidos, sin la posibilidad de conseguir un trabajo y, por supuesto, sin la paga. Y en los casos en que el Estado da un dinero para una residencia, suelen ser servicios privados que se quedan con la mitad del dinero, y precarizan a las mujeres que hacen el servicio a domicilio o están en las residencias”, razona María Pazos, quien aboga por un sistema de atención público, y que supervisó, como jefa de investigación del Instituto de Estudios Fiscales, la Propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho univeersal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales, de las profesoras universitarias Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre. 

Las autoras evaluaron las necesidades reales no cubiertas por la dependencia, para la  atención a mayores de 65 años y, tomando como referencia la atención proporcionada por el sistema sueco, concluyeron que el coste de cambiar del sistema actual a un sistema de cobertura universal, financiado y realizado por los servicios públicos, es posible. Según el estudio, el presupuesto tendría que incrementarse en 5.700 millones de euros, con lo que sería posible crear 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se reconvertirían los actuales empleos precarios en empleos públicos. Del dinero invertido, se recuperarían casi 4.500 millones de euros solamente por el aumento de cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados directamente por el sistema. Esto, sin contar con otros beneficios para el sistema, especialmente para las mujeres que hoy no pueden contribuir a las medidas del PIB. 

Entre las conclusiones del Congreso de Economía Feminista, las académicas consideraron que la transformación feminista de los trabajos de cuidados “pasa por la desprivatización, redistribución y corresponsabilidad social de los mismos, a través de políticas públicas, el impulso de las redes comunitarias feministas y la politización de los cuidados, tanto en la esfera privada como en la pública, sabiendo que hay que desdibujar la separación de ambas esferas. Además, resulta ya inaplazable el cambiar las condiciones de trabajo del empleo de hogar y exigir la ratificación efectiva del convenio 189 de la OIT”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 73 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

“La economía de los cuidados es la visión contraria a la todavía preponderante idea de que la conducta humana busca la maximización de la ganancia individual y la acumulación, ya sea la maximización de beneficios, rentas u otros tipos de remuneración”, dice Lourdes Benería, catedrática emérita de la Universidad de Cornell, en un artículo publicado en esta misma revista. Los cuidados suponen un problema de naturaleza económica porque comportan “el uso de recursos escasos, materiales e inmateriales, de energía y tiempo, con costes directos e indirectos más o menos evidentes y requieren la realización de un auténtico trabajo que satisface las necesidades humanas básicas”, completa Lina Gálvez en el libro La economía de los cuidados (DeCulturas, 2016). Aunque a paso lento, cada vez más, organismos nacionales e internacionales están comprendiendo estos aspectos invisibles.

Como en otros años, este fue uno de los temas principales del VI Congreso de Economía Feminista, celebrado el pasado septiembre en Valencia. Una infinidad de trabajos y análisis debaten sobre los diferentes aspectos de los cuidados. Y todos confirman que la visión económica dominante, basada en el hombre económico, deriva en múltiples desigualdades de género y, además, llevan al mundo a la hecatombe.