España, ante el reto de aumentar la productividad

A raíz de la llegada de la crisis económica a España, muchos análisis publicados sobre los salarios y su evolución señalaban como una característica importante la rigidez del sistema de determinación salarial, al tiempo que destacaban el elevado poder de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva. Este sistema, argumentaban, no parecía capaz de responder al aumento del desempleo que se estaba viviendo en aquellos momentos. La solución consistió en imponer la moderación salarial como una herramienta más para luchar contra el desempleo.  Esto vino de la mano de la reforma laboral de 2012, que dio cancha a las empresas para modificar los salarios alegando razones de competitividad, productividad u organización.

La respuesta ha sido tal que si analizamos los datos sobre salarios y la evolución de los precios, con independencia de la fuente de información, observamos que los trabajadores han ido perdiendo poder adquisitivo. Han sido muchos los años en los que el aumento interanual del IPC ha sido superior al de los salarios. Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan cómo desde 2010 los costes laborales totales, y en particular los salariales (1), han moderado su crecimiento, y cómo a partir de 2012 han aumentado menos que los precios, dando lugar a una caída de sus valores reales, como se puede observar en el gráfico. Es más, en 2017 se ha producido una ligera disminución del coste laboral total y salarial de las empresas, en concreto el 0,2% menos respecto al mismo trimestre del año 2016. Por otra parte, la inflación estimada por el INE sitúa el indicador adelantado del IPC en agosto en el 1,6%, indicando que los precios suben más que los salarios. Desde el punto de vista de la competitividad, esto está muy bien porque las empresas reducen sus costes, pero desde el punto de vista de los trabajadores, se produce una importante pérdida de su capacidad adquisitiva, lo que erosiona el consumo y afecta negativamente a la producción y el empleo.

Teniendo esto en cuenta, cabe preguntarse si las bases de la recuperación del empleo que se observa en la economía española se pueden considerar sólidas. La información que se deriva de la evolución salarial es insuficiente para determinarlo. Algunos analistas del mercado de trabajo creen que la variable significativa para el empresario no es el coste laboral por unidad de trabajo, derivado básicamente de la remuneración recibida por los trabajadores, sino el coste laboral unitario que relaciona el coste laboral con las unidades producidas. Por ello, no es suficiente saber cómo ha evolucionado la remuneración de los asalariados, sino que se debe tener en cuenta cómo evoluciona en relación con la productividad. 

La productividad en España siempre ha sido muy baja y sólo tuvo una variación positiva superior al 1% durante los peores años de la crisis económica, mostrando su marcado carácter anticíclico. Sin embargo, los salarios crecieron aún menos que la productividad durante estos años. Como consecuencia, el coste laboral unitario descendió, tanto en términos nominales como reales, lo que facilitó el aumento del nivel de competitividad de las empresas españolas. Además, dada la evolución del nivel de precios, las empresas pudieron mejorar sus beneficios y reactivar sus niveles de rentabilidad durante los años de la crisis sin que hubiera prácticamente ninguna mejora en la productividad.

Aumentar la productividad es, por tanto, uno de los retos pendientes de la economía española. Hacerlo tendría repercusiones muy positivas en el mercado de trabajo y posibilitaría un aumento de los salarios. Para ello, medidas como incrementar el tamaño medio de las empresas, potenciar el gasto en investigación y desarrollo, mejorar la formación de los trabajadores y adecuarla a las necesidades del mercado laboral o aumentar la estabilidad en el empleo redundan en mayor productividad, más empleo y salarios con una mayor capacidad adquisitiva. 

(1). El coste laboral comprende los salarios (salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y atrasados) y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, además de indemnizaciones y prestaciones sociales.

Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno son profesoras del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá

[Este artículo ha sido publicado en el número 51 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

 

A raíz de la llegada de la crisis económica a España, muchos análisis publicados sobre los salarios y su evolución señalaban como una característica importante la rigidez del sistema de determinación salarial, al tiempo que destacaban el elevado poder de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva. Este sistema, argumentaban, no parecía capaz de responder al aumento del desempleo que se estaba viviendo en aquellos momentos. La solución consistió en imponer la moderación salarial como una herramienta más para luchar contra el desempleo.  Esto vino de la mano de la reforma laboral de 2012, que dio cancha a las empresas para modificar los salarios alegando razones de competitividad, productividad u organización.

La respuesta ha sido tal que si analizamos los datos sobre salarios y la evolución de los precios, con independencia de la fuente de información, observamos que los trabajadores han ido perdiendo poder adquisitivo. Han sido muchos los años en los que el aumento interanual del IPC ha sido superior al de los salarios. Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan cómo desde 2010 los costes laborales totales, y en particular los salariales (1), han moderado su crecimiento, y cómo a partir de 2012 han aumentado menos que los precios, dando lugar a una caída de sus valores reales, como se puede observar en el gráfico. Es más, en 2017 se ha producido una ligera disminución del coste laboral total y salarial de las empresas, en concreto el 0,2% menos respecto al mismo trimestre del año 2016. Por otra parte, la inflación estimada por el INE sitúa el indicador adelantado del IPC en agosto en el 1,6%, indicando que los precios suben más que los salarios. Desde el punto de vista de la competitividad, esto está muy bien porque las empresas reducen sus costes, pero desde el punto de vista de los trabajadores, se produce una importante pérdida de su capacidad adquisitiva, lo que erosiona el consumo y afecta negativamente a la producción y el empleo.