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Los fraudes bancarios causan estragos en la salud de los afectados
La crisis financiera ha sido extraordinariamente costosa para los contribuyentes españoles. El último informe del Tribunal de Cuentas estima en más de 60.000 millones de euros el coste provisional del fiasco financiero. Sin embargo, los perjuicios causados por la crisis han ido mucho más allá de los meramente económicos. Los fraudes bancarios han sido también muy dañinos para la salud de los tenedores de participaciones preferentes y créditos mutidivisa. Esta es la conclusión principal de un estudio piloto realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III que publicará la revista científica Gaceta Sanitaria.
“Las víctimas de fraudes financieros presentaron peor salud, más problemas de salud mental, dificultades en el sueño y peor calidad de vida que las poblaciones comparables de la misma edad” del conjunto de la población española, sostiene el estudio, del que ya se conoce una versión previa. El trabajo se realizó durante los años 2015 y 2016 sobre una muestra de 188 casos de personas afectadas por abusos bancarios residentes principalmente en Madrid y León, pero también en otras comunidades autónomas como Extremadura.
El trabajo ha analizado dos tipos de fraudes: los perpetrados mediante las participaciones preferentes (unos productos financieros que los bancos colocaron como un ahorro seguro, que en algunos casos ocasionaron pérdidas de hasta el 70% y que afectaron a millón de familias) y los realizados con créditos multidivisa (hipotecas en yenes o francos suizos en las que la deuda fue aumentando de cuantía durante años por el encarecimiento de estas monedas a pesar de que los clientes pagaban los plazos mensuales debidamente).
Uno de los resultados más notable del estudio señala, por ejemplo, que el 63% de las personas que adquirieron participaciones preferentes y no habían recibido compensación económica declararon tener mala salud física, en comparación con el 32% de la media de la población española de la misma edad.
Otro de los perjuicios más significativos es el referido a la salud mental. El 88% de las personas titulares de hipotecas multidivisa reconocieron tener necesidad de atención psicológica, comparado con el 22% de la media de la población general. En relación con el sueño, el 78% de las personas que compraron participaciones preferentes y no habían recibido compensación manifestaron que dormían mal y menos de siete horas, frente al 25% de la población española de la misma edad.
María Victoria Zunzunegui, epidemióloga durante 17 años en la Universidad de Montreal y una de las principales impulsoras de esta investigación, manifiesta que el trabajo demuestra que los fraudes bancarios son un factor de riesgo para la salud de la población. “Lo que vemos es que las personas que han sufrido estos fraudes tienen peor salud, están más enfermas, que la media de la población española de la misma edad”, afirma Zunzunegui. “También hemos comprobado otros aspectos, como que el que ha estado ocho años sin recuperar su dinero tiene peor salud que el que sólo ha estado dos años en esta situación”.
La investigadora destaca “la situación de especial estrés” que sufrieron los tenedores de hipoteca multidivisa. “He comprobado la situación de desesperación de las personas que habían contratado una hipoteca, por ejemplo, de 200.000 euros en yenes en 2008 y debido al aumento de la divisa habían visto aumentar su deuda hasta 220.000 euros en 2011 a pesar de haber pagado las cuotas cada mes”, relata. “Ahora sabemos que estas situaciones producen estrés crónico que comporta una inflamación crónica”.
En las conclusiones del estudio se sugiere que “deberían investigarse los mecanismos por los que los fraudes financieros causan daños a la salud”. Los autores proponen que si los resultados se confirman, “debe proveerse asistencia psicológica y médica, además de las compensaciones económicas”. Los investigadores consideran necesario ampliar y profundizar el trabajo realizado, pero estiman que los resultados obtenidos en este proyecto piloto son ya de por sí indicadores muy valiosos de una realidad social muy poco estudiada y conocida.
El impacto en la salud que han provocado las malas prácticas bancarias preocupa cada vez más a un mayor número de personas. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Madrid baraja incluir en su futura encuesta sobre salud algunas preguntas relacionadas con el impacto de los fraudes financieros en las personas afectadas.
El estudio ha sido promovido por la Fundación Finsalud y realizado por María Victoria Zunzunegui, Emmanuelle Belanger y François Béland, investigadores de Salud Pública de la Universidad de Montreal; Tarik Benmarhnia, del Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública de la Universidad de San Diego en California; Milena Gobbo, de la Fundación Finsalud; Ángel Otero, del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid; Fernando Zunzunegui, de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III, y José Manuel Ribera-Casado, del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid.
La crisis financiera ha sido extraordinariamente costosa para los contribuyentes españoles. El último informe del Tribunal de Cuentas estima en más de 60.000 millones de euros el coste provisional del fiasco financiero. Sin embargo, los perjuicios causados por la crisis han ido mucho más allá de los meramente económicos. Los fraudes bancarios han sido también muy dañinos para la salud de los tenedores de participaciones preferentes y créditos mutidivisa. Esta es la conclusión principal de un estudio piloto realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III que publicará la revista científica Gaceta Sanitaria.
“Las víctimas de fraudes financieros presentaron peor salud, más problemas de salud mental, dificultades en el sueño y peor calidad de vida que las poblaciones comparables de la misma edad” del conjunto de la población española, sostiene el estudio, del que ya se conoce una versión previa. El trabajo se realizó durante los años 2015 y 2016 sobre una muestra de 188 casos de personas afectadas por abusos bancarios residentes principalmente en Madrid y León, pero también en otras comunidades autónomas como Extremadura.