Garantizar unos “mínimos vitales” a todos los españoles

Durante los últimos tres meses, los asuntos dominantes del debate público han sido las dificultades para formar Gobierno y las noticias relacionadas con la corrupción. Es muy lógico dada la relevancia de ambas cuestiones, que en nada se pueden desdeñar. Pero las discusiones sobre estos temas han eclipsado prácticamente el principal problema del país que es el estado de emergencia social en que vive un tercio de la población.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de esta semana ha vuelto a recordarnos la realidad de nuestra sociedad. Para el 78% de los ciudadanos, el paro es el principal problema de España. A pesar de que la economía española lleva dos años creciendo y creando empleo, la falta de ocupación es la preocupación número uno de los ciudadanos. Una inquietud sobre la que no hay cambios; incluso ha subido una décima. A mucha distancia aparece, en segundo lugar, la corrupción, que a pesar de haber subido ocho puntos preocupa al 47,5% de los ciudadanos.

La realidad es que una sociedad con una tasa de paro que se mantiene por encima del 20% desde hace más de cinco años está llevando a millones de familias a la pobreza y a la desestructuración, causando daños cada vez más difíciles de reparar. En Francia, con una tasa de paro del 10%, el presidente François Hollande ha decretado “el estado de excepción económico y social” con un plan de 2.000 millones de euros adicionales para fomentar la formación y la contratación de medio millón de parados. En España urge formar un Gobierno cuanto antes para afrontar las situaciones más acuciantes, que ya no pueden esperar más.

Estos días se está celebrando en el Parlament de Catalunya uno de los debates más importantes del país sobre la emergencia social en que se encuentra Catalunya. Teresa Crespo, portavoz de la plataforma Pobreza Cero-Justicia Global, que agrupa a 2.300 organizaciones de ámbito social, proporcionó en su intervención una visión inquietante del deterioro de las condiciones humanas en que viven muchas personas con datos muy reveladores. “Nuestra experiencia”, señaló Crespo, “es que las desigualdades no se están reduciendo y que la pobreza tampoco está disminuyendo”. Recordó que España, después de Letonia es el país en que más crecido las desigualdades y que en Catalunya el patrimonio de la persona más rica equivale a la renta anual de 150.000 familias.

La desigualdad no es un concepto abstracto; es un indicador de vida. La diferencia de la renta familiar disponible entre los habitantes del barrio de Pedralbes (241% sobre la renta media) y los de Torre Baró (38%) tiene unas consecuencias terribles. Los residentes en la zona pobre de Torre Baró viven 11 años menos que los que habitan en Pedralbes.

Esta radiografía de la desigualdad en Barcelona es en buena parte extrapolable a las demás ciudades españolas. Un informe del Gobierno Vasco revelaba que San Sebastián, una de las ciudades más boyantes de España, sufría también importantes desigualdades socioeconómicas entre barrios. Los habitantes de los barrios de la zona centro (Amara, Antiguo, Gros y Parte Vieja) viven cuatro años más que los del Este (Intxaurrondo, Bidebieta y Altza).

Las raíces del deterioro social están muy relacionadas con la precarización del mercado de trabajo. En Catalunya, durante los últimos años se ha registrado una caída del 60% de los contratos indefinidos, un aumento del 42% de los contratos a tiempo parcial y una disminución de los salarios de los nuevos contratos del 40%.

Los miles de voluntarios de la plataforma Pobreza Cero-Justicia Global y de otras organizaciones similares son los que están evitando que no se haya producido ya un estallido social. Sus reivindicaciones impresionan porque parecen muy elementales: “Quisiéramos un estado de bienestar que garantice la educación universal y el acceso universal a la salud, a la vivienda, a los servicios sociales como derechos”. “Queremos un sistema de protección que garantice a toda la ciudadanía con unos mínimos vitales”.

Estos son los problemas reales y urgentes de Catalunya y España. Estamos hablando de “mínimos vitales”. Si esto no es materia urgente para acordar cuanto antes un nuevo Gobierno es que están pensando en otro país o tienen otras prioridades.

Durante los últimos tres meses, los asuntos dominantes del debate público han sido las dificultades para formar Gobierno y las noticias relacionadas con la corrupción. Es muy lógico dada la relevancia de ambas cuestiones, que en nada se pueden desdeñar. Pero las discusiones sobre estos temas han eclipsado prácticamente el principal problema del país que es el estado de emergencia social en que vive un tercio de la población.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de esta semana ha vuelto a recordarnos la realidad de nuestra sociedad. Para el 78% de los ciudadanos, el paro es el principal problema de España. A pesar de que la economía española lleva dos años creciendo y creando empleo, la falta de ocupación es la preocupación número uno de los ciudadanos. Una inquietud sobre la que no hay cambios; incluso ha subido una décima. A mucha distancia aparece, en segundo lugar, la corrupción, que a pesar de haber subido ocho puntos preocupa al 47,5% de los ciudadanos.