Guía para no perderse con las pensiones

La oleada de protestas protagonizadas por pensionistas expresa malestar porque los beneficios de la recuperación no les alcanzan (se mantendrá la revalorización del 0,25% desde 2014, pese a que la economía está creciendo a un ritmo del 3,1% y los precios, un 1,1% interanual el año pasado). Reclaman que los nuevos cambios en el sistema que entrarán en vigor el año próximo no mengüen aún más la capacidad adquisitiva de las pensiones y han forzado un debate sobre cómo puede garantizarse la cobertura para las próximas generaciones. Pero, sobre todo, ha ayudado a aflorar una realidad que a menudo queda oscurecida por las medias estadísticas.

La pensión media en España asciende a 932,99 euros, según los datos de la Seguridad Social de febrero pasado. En el caso de la jubilación (puesto que existen otras pensiones, como las que perciben las personas viudas, huérfanas o con alguna incapacitación permanente), la cuantía media es de 1.077,52 euros. Sin embargo, poco más de 3,75 millones de los 8,69 millones de pensionistas que constan en los datos de la Seguridad Social como perceptores de pensiones contributivas cobran al mes 735,89 euros (el salario mínimo) o menos, y en un 65% de estos casos son mujeres. Si analizamos las cifras, no de total de perceptores, sino del total de pensiones (se pagan 9,57 millones de ellas a 8,69 millones de personas), hay 4,96 millones por debajo del salario mínimo: el 51,8%.

Por cuantías, el tramo de personas más nutrido es el de quienes cobran una cantidad por debajo de este listón: entre 600 y 650 euros. Suman 1,86 millones de personas. Y, entre las mujeres, más de 573.000 apenas alcanzan los 500 euros mensuales.

Ninguno de estos pensionistas podrá beneficiarse de una rebaja del impuesto sobre la renta (IRPF) que ofrece el Gobierno, y que prevé elevar a 17.000 euros al año el tope de ingresos por debajo del cual no será necesario que los pensionistas presenten la declaración de la renta. Ni siquiera sin elevar ese límite les afectaría, puesto que, si una persona jubilada carece de ingresos ajenos a su pensión, el tope es de 12.000 euros.

Durante el debate sobre pensiones que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sugirió mejoras de las pensiones mínimas y de viudedad, sin concreción y ligadas a la aprobación de los Presupuestos del Estado. La posición del Ejecutivo —que en 2013, en plena crisis, rompió el consenso político en la materia con una reforma que desligó definitivamente la evolución de las pensiones de las subidas o bajadas de los precios—, elude el reto de fondo: garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, incluido en el artículo 50 de la Constitución.

Estos son algunos conceptos útiles para seguir el debate:

Sistema de reparto

En España existe el sistema de reparto que consiste en que las pensiones de hoy las sufragan los trabajadores de hoy mediante sus cotizaciones. Expresa un compromiso de solidaridad entre las distintas generaciones, diferente del modelo de capitalización, en el que cada persona ahorra para su pensión futura, según sus posibilidades. La clave de los ingresos reside, pues, en la calidad del empleo.

España está creando empleo a un ritmo de medio millón de empleos al año, pero, pese a que tres cuartas partes de los contratados son fijos, nueve de cada 10 nuevos empleos son temporales, muchos de menos de tres meses, mientras aumenta la proporción de empleos a tiempo parcial involuntarios. Según UGT, las cotizaciones de los nuevos trabajadores que entran en el mercado laboral son entre un 40% y un 50% más bajas que las de las personas que se jubilan. La tendencia se ha agudizado tras la reforma laboral de 2012. Fruto de años de mayor estabilidad laboral y de mayores bases de cotización), los nuevos pensionistas, en cambio, han contribuido a elevar la pensión media poco más del 3% anual en la última década.

Años de cotización

Para cobrar la totalidad de la pensión contributiva, una persona que se jubile en diciembre de este año tendrá que haber cotizado por lo menos durante 35 años y seis meses. Lo que cobrará se estimará en función de sus últimos 21 años de aportaciones.

A partir de 2022, para calcular cuánto dinero percibirá un pensionista se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años, porque ahora se está aplicando un régimen transitorio en el que, además, se combinan el año de nacimiento de la persona y el número de años que ha cotizado para estimar la edad de retiro. A partir de 2027, la jubilación acabará siendo a los 67. Salvo que se haya cotizado 38 años y seis meses: entonces será posible a los 65. Estos cambios son fruto de la reforma de 2011 realizada por el Gobierno de Zapatero, que congeló las pensiones al estallar la crisis.

Para acceder al derecho a pensión de jubilación hay que haber cotizado al menos 15 años. A una persona con este mínimo se le aplica una reducción a la mitad en la base reguladora. Si el resultado está por debajo de un mínimo (8.950 euros al año, sin cónyuge), se le complementa hasta alcanzarlo.

Además, hay que sumar cerca de 455.000 perceptores de pensiones asistenciales para personas que no han cotizado lo suficiente, que no superan los 369,9 euros.

Gasto en pensiones

De todos los gastos de la Administración pública, se destinan a transferencias corrientes para pensiones 138.560 millones, según el presupuesto de 2017, lo que equivale al 29% de los presupuestos. Hace una década, la cuantía representaba el 21,6%. El grueso son para pensiones contributivas (122.777,1 millones). Desde 2011, el gasto se ha incrementado en 2.000 millones cada mes. Según el Gobierno, los nuevos pensionistas este año requieren 3.800 millones al año (sin revalorización), de modo que el crecimiento anual es del 3%. Según Eurostat, el gasto en pensiones en España ha pasado del 8,8% en 2007 al 12,6% en 2015, aunque sigue por debajo de la media de los países de la eurozona (13,6%).

Seguridad Social

En 2017, por primera vez desde el inicio de la crisis en 2008, el incremento de las cotizaciones superó en 2017 el aumento del gasto en pensiones. El primero aumentó un 5,36%, mientras el segundo lo hizo un 3,15%. Pero la Seguridad Social cerró en 2017 con un déficit de 18.800 millones, un máximo. Los ingresos por cotizaciones sociales suman, según el presupuesto de 2017, 110.560 millones (según la ministra Fátima Báñez, finalmente suben a 109.166 millones). Solo en 2008 se le habían acercado.

Se arrastra déficit desde 2012. Pero la crisis y el paro no son la única razón. El Gobierno ha seguido una política de bonificaciones generalizada para incentivar la contratación por donde se le escapan ingresos. Los sindicatos son muy críticos con esta política de ayudas a las empresas.

El Gobierno ha ido vaciando el Fondo de Reserva de las pensiones, que heredó en 67.000 millones, y del que quedan poco más de 8.000 millones. No lo ha gastado todo, pero el año pasado pidió un préstamo de 10.192 millones para afrontar el gasto y este año ha avanzado que pedirá otro al Tesoro por importe de otros 15.000 millones.

Uno de los temas sobre la mesa es desligar hasta cierto punto el trabajo de la pensión: es decir, no basarlo todo en la relación entre número de cotizantes y pensionistas, sino partir de la base de que el Estado debe cubrir una necesidad recurriendo a las vías a su alcance, con cargo a los presupuestos, vía impuestos. En este sentido, el PSOE ha propuesto un impuesto a la banca y las transacciones financieras.

‘Destopar’

El 28,30% del salario va a cotizaciones por contingencias comunes (el 4,7% lo aporta el trabajador y el 23,6%, la empresa). Y las bases de cotización (que se encuentran entre una base mínima y una máxima) van evolucionando cada año, dependiendo del salario. Sin embargo, la máxima no varía a partir de una renta salarial de 45.014 millones de euros al año. Si alguien gana 50.000 cotiza lo mismo que si gana 100.000 (tampoco se puede percibir más de 2.580,1 de pensión al mes). De ahí surge la idea de subir ese tope de cotización para las pensiones máximas. Según CC OO, la cuantía de los salarios que queda exenta es de 30.479 millones de euros, lo que beneficia a 1,46 millones de cotizantes.

Tasa de sustitución

Es la proporción del último salario antes de la jubilación que supone la cuantía de la pensión que percibe una persona cuando se retira. En España, la proporción es más elevada que la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): el 72,3% frente al 52%, respectivamente. Sin embargo, los salarios en España son más bajos.

Factor de sostenibilidad

A partir del año próximo, las nuevas pensiones se recalcularán en función de la evolución de la esperanza de vida, que afortunadamente aumenta. La aplicación de este factor supone corregir el efecto del aumento de la esperanza de vida en el gasto por pensionista. La reforma de 2011 lo recogía a partir del año 2027, pensando en la jubilación de la nutrida generación de baby boomers. La del 2013 lo reguló y avanzó a 2019. Estimaciones precisas sobre el impacto que tendrá la aplicación de este factor son imposibles. El Ejecutivo calcula un recorte del 0,45% en las nuevas pensiones, partiendo de las proyecciones de mortalidad de Eurostat, lo que encoge las nuevas pensiones un 14% en tres décadas.

Envejecimiento demográfico

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de población de 65 años y más pasará del 19% al 25,6% en 2031 y al 34,6% en 2066. Pero está por ver la evolución de cuestiones clave como la población inmigrante y la natalidad, cuya tasa está en mínimos, y la población inmigrante (el saldo migratorio es positivo desde 2016), así como el impacto de la automatización sobre el empleo.

Las cifras

4,96 millones

Es el número de pensiones inferiores o equivalentes al salario mínimo interprofesional, de 735,9 euros. El tramo más extendido, con 1,86 millones, es el de los perceptores de 600 a 650 euros mensuales. El 65% de ellos son mujeres.

639,3 y 2.580,1 euros

Pensión contributiva mínima y máxima. Así quedan las cuantías mensuales mínima y máxima tras la revalorización del 0,25% aprobada por el Gobierno también para este año.

650 euros

Es la pensión media de viudedad. La mayoría de las pensiones de viudedad las cobran mujeres, pero una enorme mayoría de ellas vive con ingresos inferiores.

18.800 millones de euros

Es el déficit que tuvo la Seguridad Social en 2017. La caja común que se nutre esencialmente de las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores arrastra déficit desde 2012

15.000 millones de euros

Es el nuevo préstamo del Tesoro a la Seguridad Social que pedirá el Gobierno este año para pagar pensiones. El año pasado pidió uno de más de 10.000 millones. Da este paso después de haber ido vaciando el Fondo de Reserva o hucha de las pensiones, que de 66.815 millones ha quedado ahora en 8.095 millones.

[Este artículo ha sido publicado en el número 57 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]