Protección social portátil... e individual

Buena parte de su vida, Max Terbeck trabajó como asalariado en varias empresas hasta que, remarca, “por vocación y por elección”, se convirtió en freelancer. Instalado en Barcelona desde 2001, en pleno auge de lo que entonces se conocía como nueva economía de las puntocom, de un tiempo a esta parte ha encontrado una especie de escaparate digital que, asegura, “ha cambiado mucho su vida” como autónomo. Se trata de Malt, una plataforma digital nacida en Francia en 2014 y aterrizada en España hace poco más de un año, donde cerca de 100.000 freelancers han creado un perfil, ofrecen sus servicios, indican su tarifa y esperan que la potencial clientela escoja. Los desarrollos web y el asesoramiento sobre opciones de negocio son la baza de Terbeck, quien destaca algunas de las ventajas que le ha proporcionado este tipo de intermediación: aumentar los ingresos al no tener que ir buscando clientes, facilidades de facturación y “una solución al quebradero de cabeza de cuando no te pagan por un proyecto realizado”. Al aceptar el presupuesto, el cliente deposita ya el dinero en la plataforma, pero el pago llega al freelancer a las 48 horas de la finalización del servicio. La plataforma se queda una comisión del 10%, impuestos aparte, del pago por un servicio que el cliente puntúa. La elección de proveedor se realiza entre los perfiles más adecuados que proporcionan los algoritmos para resolver las necesidades requeridas.

Malt es una de las plataformas de trabajo que casan oferta y demanda y que muestran una cara distinta de la intermediación vía plataforma digital que ha acaparado la atención, ya sea por las condiciones de trabajo precario o por los choques regulatorios en sectores específicos como el reparto —Glovo, Deliveroo— o el transporte —como Uber y Cabify—. Porque las plataformas no dejan de expandirse, sofisticarse y especializarse a una velocidad pasmosa.

“Los avances tecnológicos permiten que las empresas hagan cosas que antes no podían hacer y ahora sí: disponer de una fuerza de trabajo extendida. Quieren estructuras ágiles y flexibles en un entorno donde el negocio es cada vez menos estable y la tecnología reduce los costes de transacción”, explica Jordi Serrano, socio fundador del Future for Work Institute. Además de ventajas para las empresas, la comodidad para el usuario, la concepción de modernidad y las oportunidades laborales para personas en situación de necesidad influyen en esta expansión de las plataformas, en un contexto de individualización del trabajo y del paro a la que no es ajena la ideología.

Las plataformas digitales de trabajo no conforman un paisaje homogéneo. Cada una tiene su modelo de funcionamiento y su nivel de tarifas —por día, hora, proyecto fijado por el freelancer o bien el que propone el cliente—. Se mueven, además, en mundos distintos. UpCounsel, por ejemplo, ofrece solo juristas y Field Engineer, ingenieros. Domestika está enfocada a creativos. En Clintu se ofrecen servicios de limpieza y planchado. En Cuideo, personas que cuidan. En TechBuddy se puede contratar una persona que asista en casa a los poco duchos en tecnología. Otros proyectos como GLG y Toptotal se presentan como punto de encuentro de la cima del talento y los ingresos elevados, ya que en ellas se ofrecen, entre otros, personas expertas en ciberseguridad, servicios financieros, inversión en capital riesgo, científicos, académicos o exresponsables de gestión pública.

“Son realidades paralelas que forman una pirámide, en cuya base y escala más baja encontramos microtrabajadores como los que trabajan para Amazon Mechanical Turk y Clickworker, y en cuya cúspide del trabajo de cuello blanco encontramos los encargos muy especializados de alto nivel. Hasta la firma PwC ha creado su propia plataforma para consultores externos, Talent Exchange”, explica Albert Cañigueral, conector de la plataforma Ouishare y fundador de consumocolaborativo.com.

Sgún Judith Carreras, consejera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, se estima en 300 la cantidad de plataformas digitales de trabajo que existen en el mundo, clasificables en función de criterios distintos. Uno puede ser el nivel de cualificación de los perfiles de usuarios. Otro, quién impone las condiciones de trabajo. O bien la localización del servicio, pues este puede prestarseallí donde está el cliente o bien puede realizarse en cualquier punto del planeta. Hay, además, plataformas que publican ofertas de empleo y otras que se comportan como auténticas empresas de trabajo temporal (ETT). Hay cooperativas de plataforma para intentar unir lo mejor del cooperativismo de trabajo y del mundo digital. Y también empresas clásicas que ofertan nuevos servicios, como academias de idiomas que subcontratan a profesores para ofrecer cursos por Internet vía una plataforma... en la que también se anuncia parte del profesorado que habitualmente trabaja para el centro.

Es difícil saber exactamente cuántas personas viven de su trabajo en plataformas. El estudio Platform Workers in Europe, publicado en julio pasado por la Comisión Europea, concluye que España es el país de la UE con una mayor proporción después del Reino Unido, pues un 11,6% de los adultos ha obtenido alguna vez ingresos por esta vía. Pero no pasa del 2% la cantidad de personas que dedican más de 20 horas a la semana, o que obtienen al menos la mitad de sus ingresos, a través de plataformas. “La cuestión no es tanto su peso, sobre todo en comparación con su peso mediático, sino cómo la dinámica de las plataformas puede permear a otros sectores, explicaba Carreras en un encuentro organizado el pasado marzo en Madrid por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para abordar la parte de oportunidad y la parte de precariedad que conllevan las plataformas.

Interrogantes múltiples

Se plantean múltiples interrogantes sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellas —de media, 4,5 dólares por hora—, las formas de negociación colectiva que pueden garantizarse, las dudas sobre quién paga la Seguridad Social en el caso de las plataformas internacionales, sobre quién proporciona formación en prevención de riesgos laborales, qué sucede con los impagos por trabajos realizados o cuáles son los mecanismos de vigilancia y control.  Pero la principal inquietud es el subempleo, como derivada de los ingresos irregulares. Según Carreras, el 88% de gente conectada querría trabajar 11 horas más de las que trabaja, que son 24 a la semana. De acuerdo con un informe de la Universidad de Leeds para el Parlamento Europeo de 2017, 7 de cada 10 personas que prestan servicios en plataformas digitales como Uber y Glovo están fuera de esquemas de protección social europeos.

De momento, el mercado ofrece sus propias respuestas. La proliferación de plataformas ha hecho que empiece a surgir toda una industria de servicios digitales que vende soluciones para las personas trabajadoras vía plataformas. Pueden ser seguros por baja o incapacidad temporal (Muno) o seguros bajo demanda por actividad (Zego). Pueden proporcionar herramientas para trabajar (LiquidSpace), o bien servicios financieros personalizados (Hurdir), beneficios sociales cuando existen varios empleadores (Alia), ayudar a gestionar la propia reputación en Internet (Credly) o apoyar la creación de mecanismos de organización y representación colectiva y de apoyo mutuo (Organise, Riders xDerechos, Asociación de Personal de Plataformas). También actúan para el mantenimiento de comunidades (DNX Hub). Y hay muchas más que trabajan en el apoyo en la búsqueda de oportunidades laborales, la formación y la puntuación de las plataformas por las personas que trabajan en ellas.

“La propia tecnología puede ayudar a cubrir necesidades personalizadas de los profesionales para evitar su desprotección, con prestaciones a escala masiva y a bajo coste”, apunta Cañigueral, autor de El mercado laboral digital a debate, proyecto seleccionado por el Programa de Innovación Abierta (PIA) de la Fundación Cotec, que ahonda en la realidad abigarrada de las plataformas y que recoge toda esa oferta de nuevos servicios, bautizada como workertech. El punto de partida del concepto es que cada persona pueda acceder a beneficios y protecciones “sin laboralizar su relación con la plataforma”, apunta el informe. Son “beneficios portátiles”, asociados al individuo y no a un contrato de trabajo, de modo que lo que asumía tradicionalmente la empresa lo asuma la persona que trabaja por su cuenta. Sin embargo, se plantean soluciones con recargos a los clientes. El modelo que se suele poner de ello es el Black Car Fund, fondo de compensación para conductores del Estado de Nueva York.

Con la idea de combatir que la intermitencia de ingresos tenga que significar precariedad nació Smart, una cooperativa de impulso empresarial que asocia a profesionales de la cultura. En teoría, ofrece servicios mutualizados, asesoramiento para proyectos y formación a toda la red de profesionales que la conforman.

La protección social es el eje en torno del que gira el debate sobre el futuro del trabajo, que se vislumbra cada vez más flexible y marcado por la digitalización, la automatización, la robotización y también por retos como la globalización, el envejecimiento y la emergencia climática. La profesora de Derecho del Trabajo Luz Rodríguez habla de “arbitrar una protección social para un trabajo atípico cada vez más frecuente, independientemente del estado jurídico”. 

Para responder a los retos del trabajo y, en particular, de la economía de las plataformas, la OIT ha planteado una Garantía Laboral Universal en su documento Trabajar para un futuro más prometedor. Se trata de asegurar “un nivel básico de protección para todas las personas trabajadoras, con independencia de su acuerdo contractual o de su situación laboral, que pueda complementarse por regímenes contributivos de Seguridad Social que proporcionen niveles mayores de protección”. También pide un sistema de gobernanza internacional de plataformas. 

El nuevo pilar social de la UE plantea igualmente el derecho a “una protección social adecuada”, al margen del tipo de relación o contrato que se dé, tanto para asalariados como para trabajadores por cuenta propia “en condiciones comparables” a los primeros. La cuestión es quién asume ese coste.

A la espera de sentencia en el marcrojuicio de los repartidores

Hasta ahora, la cuestión de la protección social de las personas que trabajan para plataformas como Glovo y Deliveroo la han dirimido tanto los juzgados como la Inspección de Trabajo, con pronunciamientos contradictorios (en España y en distintos países europeos) sobre los indicios de relación laboral existentes entre trabajadores y plataformas digitales. En abril, las últimas sentencias corroboraban que eran trabajadores de Glovo o autónomos dependientes. Para los próximos días se espera la sentencia del primer juicio colectivo sobre el modelo laboral de Deliveroo.

La nueva directiva europea sobre condiciones de trabajo aprobada este año por el Europarlamento exige garantías mínimas para los trabajadores de las plataformas, en condiciones transparentes y previsibles. Pero empresas como Glovo aducen que no se les puede aplicar, porque la norma concierne a los trabajadores por cuenta ajena con determinadas horas de jornada o sin tiempo garantizado y excluye a los autónomos sin exclusividad que se supone que son libres para determinar su tiempo de trabajo.

Según Pau Hortal, emprendedor y experto en recursos humanos, en el caso de los repartidores estamos ante “un caso claro de capitalismo del siglo XIX, y tenemos que ser capaces de dar salida a la gente que se ve obligada a aceptar trabajos propios del siglo XIX”. Hortal es uno de los principales impulsores de la Fundación Ergón, que busca aunar esfuerzos de las Administraciones, empresas, sindicatos, ETT e instituciones educativas y expertos para dinamizar las políticas activas de empleo, superar el actual desajuste entre oferta y demanda y mejorar la inserción sociolaboral.

[Este artículo ha sido publicado en el número 69 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]