Secuencia perversa

Las recetas basadas en la austeridad y los recortes de los derechos sociales que se han aplicado en este país para afrontar la crisis económica se han desarrollado en varias etapas sucesivas que han supuesto un deterioro continuado de las condiciones de vida de este país. En cada etapa se ha aplicado una lógica económica independiente como si se tratara de un fenómeno aislado y no hubiera existido una decisión política o económica antecedente que la hubiera ocasionado. Todo ello ha acabado constituyendo una secuencia perversa de decisiones que han erosionado seriamente los derechos de los trabajadores.

Durante una primera etapa, la respuesta a la crisis acarreó una drástica rebaja de los salarios a los trabajadores que no habían perdido el empleo. Esta política inicial se argumentó por razones de mejorar la competitividad. Esto fue posible gracias a la continuada debilitación de derechos que permitió la reforma laboral. Como consecuencia de la reducción de empleo y del recorte de los salarios, se produjo una rebaja de los ingresos fiscales y, sobre todo, de las cotizaciones sociales. Los efectos de este freno en la recaudación no tardarían en llegar.

La segunda etapa consistió en la reducción del gasto público, especialmente el social. El Gobierno lo justificó como la respuesta lógica y obligada a los menores recursos de Estado. Ahora sabemos claramente que el agujero de las pensiones (que ya alcanza los 16.500 millones de euros) tiene como causa principal el menor aumento de las cotizaciones sociales al presupuestado, relacionado directamente con la reducción salarial. El debate sobre el futuro de las pensiones en un sistema de reparto como el nuestro (los trabajadores en activo sostienen a los jubilados) no se puede desligar de los ingresos salariales.

Ahora se prepara una tercera etapa de esta fatídica secuencia. La crisis, además de ocasionar más de cinco millones de despidos y provocar desahucios masivos, ha generado un aumento de la desigualdad y de la pobreza sin parangón en Europa, con la excepción de Grecia. El desempleo ha sido especialmente duro con los jóvenes (46,7, frente al 21,2% del conjunto de los empleados). La pobreza infantil alcanza al 34% de los niños frente a una media general del 29%. A la vista de estos datos han aparecido voces en la academia que estiman que los mayores (esencialmente los pensionistas) están excesivamente protegidos con relación a los jóvenes y los niños. En este caso, cierta lógica económica aconseja recortar los derechos de los mayores como las pensiones para disponer de más dinero para los jóvenes y los niños. Es otra versión de la secuencia perversa que supone un reparto de los recursos dentro del mundo de los menos favorecidos en lugar de efectuar una redistribución por la vía impositiva entre quienes tienen más y los que carecen de todo.

La evolución del mercado laboral nos lleva a otra etapa de esta implacable secuencia. En las empresas se ha producido una verdadera carrera por liquidar a los mayores, generalmente con altos salarios y derechos laborales consagrados en convenios, conseguidos tras muchos años de lucha. Estos trabajadores expulsados del trabajo han sido sustituidos por trabajadores temporales, a tiempo parcial y autónomos. También aquí se ha aplicado la lógica económica de la mejora de la competitividad y optimización de beneficios. El resultado es que la brecha salarial no ha cesado de crecer desde 2008. Hay un millón y medio de trabajadores cuyo salario apenas supera los 400 euros mensuales. Las ofertas de empleo a tiempo completo son cada vez menores.

La situación de pobreza de muchos trabajadores, especialmente los jóvenes, es tan dramática, que tres partidos —Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida— han tomado conciencia de esta realidad y han propuesto complementos salariales por parte del Gobierno para sacar de la miseria a los millones de trabajadores pobres que luchan por la supervivencia. Otros, como el PSOE, proponen “un ingreso mínimo vital”. No existe un indicador más revelador del deterioro de las condiciones de vida que sufre un tercio de la población que estas propuestas a los electores en las que se plantean medidas para que los pobres puedan sobrevivir.

Desde el punto de vista social, los cuatro años del Partido Popular (2012-2015) han sido peores que los momentos más duros de la crisis, como fue 2009. La consecuencia más impactante de la reforma laboral no ha sido que muchos trabajadores han visto reducidos sus derechos, sino que se han quedado prácticamente sin derechos. Los llamados falsos autónomos que contratan muchas empresas con beneficios son trabajadores que no tienen horario, ni derecho a enfermar, ni derecho a vacaciones pagadas ni a la más mínima queja. Una situación de desprotección similar es la que sufren los trabajadores de las subcontratas de grandes corporaciones, como ha sido el caso de Telefónica/Movistar.

Las medidas para mejorar las condiciones de vida más básicas van a constituir el eje de la próxima campaña. Los electores habrán de atender con mucha atención las distintas ofertas y la fiabilidad que les merece cada partido.

[Editorial del número de diciembre de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Las recetas basadas en la austeridad y los recortes de los derechos sociales que se han aplicado en este país para afrontar la crisis económica se han desarrollado en varias etapas sucesivas que han supuesto un deterioro continuado de las condiciones de vida de este país. En cada etapa se ha aplicado una lógica económica independiente como si se tratara de un fenómeno aislado y no hubiera existido una decisión política o económica antecedente que la hubiera ocasionado. Todo ello ha acabado constituyendo una secuencia perversa de decisiones que han erosionado seriamente los derechos de los trabajadores.

Durante una primera etapa, la respuesta a la crisis acarreó una drástica rebaja de los salarios a los trabajadores que no habían perdido el empleo. Esta política inicial se argumentó por razones de mejorar la competitividad. Esto fue posible gracias a la continuada debilitación de derechos que permitió la reforma laboral. Como consecuencia de la reducción de empleo y del recorte de los salarios, se produjo una rebaja de los ingresos fiscales y, sobre todo, de las cotizaciones sociales. Los efectos de este freno en la recaudación no tardarían en llegar.