Este blog corresponde a Alternativas Económicas, una publicación mensual que te explica la información económica desde un punto de vista social.
¿Un Silicon Valley compasivo?
Y Combinator, la aceleradora de start-ups más prestigiada de Silicon Valley, ha anunciado para el 2017 un experimento de renta básica universal en Oakland (California). Donará, sin contrapartidas, unos 2.000 dólares mensuales a un centenar de familias de diferentes niveles de renta, dándoles plena libertad para gastar este dinero como y donde quieran.
La noticia coincide en el tiempo con la de la creación de la firma Economic Security Project, que dedicará 10 millones de dólares a profundizar en la cuestión de la renta básica universal, contando con el respaldo de un centenar de emprendedores, inversores y académicos, entre los que se encuentra Sam Altman, el CEO de Y Combinator.
El concepto de renta básica universal no es nuevo. Experimentos anteriores en distintos países han comprobado que cuando se regala sin contrapartidas a la gente una asignación mensual que permite cubrir sus necesidades básicas, el dinero se usa mayoritariamente para mejorar las condiciones de vida y no, por ejemplo, para gastarlo en alcohol o drogas. En experimentos actualmente en curso o en preparación en Finlandia y en la ciudad de Utrecht (Holanda), el objetivo central es explorar si el salario básico es una actuación más eficaz que los programas y las políticas existentes de auxilio a la pobreza. En Kenia y Uganda, el objetivo del programa Give Directly es verificar, desde una perspectiva humanitaria, el efecto de un salario básico para mejorar el nivel de vida en entornos de pobreza extrema en países con bajo nivel de desarrollo.
En Silicon Valley, el argumento de quienes proponen el salario básico universal es diferente. Desde su visión tecno-utópica del futuro, la aplicación de los avances tecnológicos en las áreas de la robótica y la inteligencia artificial tendrá dos impactos clave en la sociedad del futuro. Por una parte, la generación de una abundancia material sin precedentes; por otra, la obsolescencia de muchos puestos de trabajo actuales, que pasarán a ser desempeñados por máquinas. En declaraciones en un (muy recomendable) reportaje de la revista New Yorker, Sam Altman afirmaba: “Como vamos a tener riqueza ilimitada y un gran desplazamiento de trabajos, la renta básica tiene realmente mucho sentido”.
Aun así, no deja de sorprender que multimillonarios de la tecnología propongan una política de impacto social de este calibre desde su burbuja de Silicon Valley. Un mínimo de navegación por la red pone enseguida de manifiesto que las reacciones no se han hecho esperar, y que las hay de todos los colores. El lector interesado las investigará a buen seguro por su cuenta. Nuestro intento aquí es más bien el de deconstruir el concepto de un modo que ayude a cada cual a sacar sus propias conclusiones.
Pacto social
Es obligado de entrada recordar que el concepto de trabajo asalariado, el vínculo directo que damos por descontado entre trabajo y salario, es un invento de la modernidad. Fue la ideología capitalista de mercado la que propuso (o impuso) la consideración de dinero, naturaleza y trabajo como bienes económicos intercambiables. El resultado fue una “gran transformación” (Karl Polanyi) que llevó a otorgar al mercado, incluyendo al nuevo mercado de trabajo, un papel central en la organización económica, desplazando los esquemas de economía social previamente existentes. Se hizo necesaria a causa de ello una labor de décadas para establecer un pacto social que evitara (o debiera evitar) la imposición de condiciones abusivas a los trabajadores y proporcionara a la vez una red de seguridad para paliar los fallos del mercado de trabajo cuando éste no permita a una persona ganarse la vida trabajando.
Teniendo en mente estos antecedentes, parece oportuno constatar que la iniciativa de Silicon Valley se produce en un momento en que la eficacia de este pacto social se ha deteriorado notablemente, como ponen de manifiesto la reducción continuada del peso del trabajo en la economía, el estancamiento o deterioro de los salarios bajos y medios y la persistencia de índices de paro por encima de lo aceptable.
En este contexto, una posibilidad sería fijar un salario básico universal como derecho de la persona, no sujeto a los avatares del mercado de trabajo, sino tal vez a la obligación de algún tipo de contribución a la sociedad. Si este derecho se considerara prioritario, la obligación de financiarlo exigiría un nuevo tipo de pacto social, posiblemente con implicaciones no triviales en la política fiscal y de tratamiento de la desigualdad, una posibilidad que, aunque coherente con los principios de posiciones de izquierda, sería sin duda calificada de muy radical.
La radicalidad de Silicon Valley es más bien la contraria, próxima a planteamientos liberales que priman la libertad de mercado y la reducción de impuestos sobre el capital y sus ganancias. Puede, pues, aventurarse que su propuesta de renta básica no considerará una revisión radical de los principios de la gran transformación, sino más bien un tratamiento paliativo de los efectos de la tecnificación que ellos mismos empujan, y de la que obtienen beneficios pingües, que no parecen propensos a distribuir.
No parece tampoco que en Silicon Valley estén dispuestos a renunciar a su ideología de determinismo tecnológico. Desde su óptica, próxima a la de una religión, la tecnología se desarrolla como si obedeciera a un designio divino, para cuyo cumplimiento los tecnólogos ejercen el papel de sacerdotes. No sólo eso; en su papel de elegidos por la divinidad se arrogan el derecho a retener una parte desproporcionada de los beneficios que genera el despliegue de una tecnología, pero no asumen la responsabilidad sobre los daños colaterales que puedan producirse, en este caso la eliminación de puestos de trabajo. No debería descartarse, pues, la posibilidad de que su propuesta de salario básico universal sea en el fondo una maniobra de protección de su imagen ante una previsible reacción negativa a las consecuencias de su particular visión del progreso.
Hay interpretaciones incluso más preocupantes. Desde las posiciones ultraliberales que propugnan la reducción del papel de las Administraciones, el establecimiento de un salario básico conllevaría la reducción, cuando no la eliminación pura y simple, de las políticas de protección social. Llevada esta postura al límite, los Estados no prestarían servicios como la educación o la sanidad gratuitas, porque los ciudadanos podrían pagarlos en el mercado con el dinero que recibieran como salario universal. Más aún, cuando, según el discurso de los tecnooptimistas, la implantación generalizada de las tecnologías haría posible una mayor eficacia en la provisión de estos servicios y permitiría prescindir de una burocracia oficial que, en su discurso, no es capaz de evolucionar ni de adaptarse al ritmo que marca la tecnología.
Albert Einstein recomendaba estudiar muy detenidamente los problemas antes de proponer soluciones. Y también propugnaba que las buenas soluciones han de ser sencillas, pero no demasiado sencillas. Hoy por hoy, diría que los que proponen el salario básico universal desde Silicon Valley no están tomando en cuenta ninguna de estas dos recomendaciones.
Aun así, deberíamos ser capaces de ir más allá de descalificar su propuesta, porque insistirán en ella hasta fijarla como inevitable en el imaginario público. Recordemos la recomendación de George Lakoff sobre la formulación de políticas: “Conoce tus valores y enmarca tú el debate”. Será cuestión de ponerse a ello.
[Este artículo ha sido publicado en el número de enero de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]
Y Combinator, la aceleradora de start-ups más prestigiada de Silicon Valley, ha anunciado para el 2017 un experimento de renta básica universal en Oakland (California). Donará, sin contrapartidas, unos 2.000 dólares mensuales a un centenar de familias de diferentes niveles de renta, dándoles plena libertad para gastar este dinero como y donde quieran.
La noticia coincide en el tiempo con la de la creación de la firma Economic Security Project, que dedicará 10 millones de dólares a profundizar en la cuestión de la renta básica universal, contando con el respaldo de un centenar de emprendedores, inversores y académicos, entre los que se encuentra Sam Altman, el CEO de Y Combinator.