¿Qué fue del textil de Bangladesh tras la tragedia del Rana Plaza?

Los aniversarios se prestan a la rendición de cuentas. Y los tres años transcurridos desde la mayor tragedia de la industria textil de la historia, el hundimiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, dejan algunas promesas en el aire. Primero, las indemnizaciones económicas a las víctimas y familiares, que se cumplieron hace solo medio año tras una campaña importante de presión de diversas ONG. Pero son los progresos en materia de seguridad laboral los que no se han completado. En una acaparadora mayoría de fábricas, 1.338, la rehabilitación y reparación de problemas detectados en inspecciones van con retraso. Y sobre todo, los trabajadores tienen los mismos problemas que tenían para defender sus derechos. Un tercio de los sindicatos que se formaron después de la tragedia han acabado desapareciendo a resultas de las presiones, hostigamiento, despidos e incluso palizas confesadas por sus miembros, según el informe Rana Plaza 3 years on, de Clean Clothes Campaign.

El interés ciudadano por un incidente en el que murieron 1.134 personas y quedaron heridas cerca de 2.500, pero que sobre todo arrojó luz definitiva sobre las condiciones de trabajo de los talleres y fábricas textiles que en países menos desarrollados proveen de género a grandes marcas de moda, ha introducido –algo positivo- una mayor transparencia en la actuación de las compañías.

Por ejemplo, sabemos que el gigante español Inditex contribuyó con 1,63 millones de dólares al fondo global de 30 millones que en verano pasado (¡un año tarde!) se logró cubrir para compensar a las víctimas. Benetton, por su parte, puso 1,1 millones. Y C&A, uno. Mango, El Corte Inglés, GAP, Wallmart, Bonmarché y H&M también han destinado dinero, pero no han hecho pública la cuantía específica, según consta en la lista de donantes de que informa el comité de coordinación del Acuerdo del Rana Plaza que pactó la creación de un fondo fiduciario para los afectados. La lista deja claro, en todo caso, que las mayores aportaciones no las han desembolsado las grandes marcas. Basta con ver que 16 millones, más de la mitad, la puso el Fondo Humanitario de los Trabajadores del Metal, el mayor sindicato industrial de Norteamérica. El objetivo inicial del fondo era de 40 millones, aunque luego se rebajó a 30.

Según Clean Clothes Campaign, que ha elaborado un estudio sobre lo ocurrido en estos tres años, Sohel Rana, el dueño del maldito edificio derrumbado, y los propietarios de las cinco fábricas individuales en él (Ether Tex, New Wave Bottoms, New Wave Style, Phantom Apparels y Phantom Tac) no han hecho aportación alguna al fondo. De 41 personas acusadas, solo Rana y un inspector de edificios, Rajdhani Unnayan Kartripakkha, están entre rejas.

Pero además del dinero, a resultas de la tragedia hace tres años se firmó también un acuerdo sobre seguridad en la construcción y en materia de prevención de incendios en Bangladesh para evitar que una cosa similar volviera a ocurrir. H&M, uno de los gigantes mundiales de la distribución de moda, es la mayor compradora de ropa confeccionada en Bangladesh, donde cuenta con 229 fábricas que le proveen de ropa, y hace tres meses se declaró un incendio en una de ellas (Matrix Sweaters), por suerte antes del inicio de turnos del personal. Cada paso que da, pues, resulta crucial para evaluar los progresos en materia de seguridad y condiciones laborales que se han logrado desde 2013.

H&M fue la primera compañía que corrió a firmar este acuerdo, que es vinculante, y al que luego se sumaron 200 marcas, distribuidores e importadores. El objetivo del acuerdo era asegurar inspecciones independientes en las instalaciones de confección, arreglar lo que resultara negativo de las inspecciones, garantizar el derecho de un trabajador a rechazar trabajar en condiciones poco seguras y facilitar con transparencia toda la información al respecto. Fue un avance rompedor para perseguir la seguridad laboral en toda la cadena de la producción y distribución.

El problema ha sido la implementación de las cerca de 2.000 inspecciones que había que realizar, “la batalla real”, remarca Clean Clothes. Después de una ardua presión, en abril de 2016 se habían completado 1.453 inspecciones. Casi un centenar de fábricas aún no ha elaborado un plan para corregir las condiciones laborales inadecuadas. De los nada menos que 108.538 riesgos para la seguridad del trabajador detectados, los más comunes son la falta de salidas de emergencia en caso de incendio, problemas con la integridad estructural de los edificios e instalaciones eléctricas inseguras. Actualmente, un 43,7% de los problemas identificados por los inspectores en una primera fase aún no se ha corregido. Y de los nuevos problemas detectados en una segunda inspección, un 56,1% tampoco se han completado.

Una acaparadora mayoría de fábricas, 1.338 en total, llevan retraso en relación al calendario previsto en la rehabilitación y reparaciones previstas.

Protesta contra H&M

Pese a los avances que las ONG reconocen en la actitud de H&M en materia de transparencia, “un 70% de sus fábricas proveedoras estratégicas no disponen a día de hoy de puertas adecuadas a prueba de incendio”, apunta la entidad ONG Setem. En 2010, en una de las instalaciones, la de Garib&Garib, de la que es cliente el grupo sueco de moda, murieron por falta de salidas de incendio.

El 3 de mayo, el International Labour Rights Forum, United Students Against Sweatshops y Clean Clothes Campaign llamaron a la movilización coincidiendo con la celebración de junta de accionistas de H&M. Según Setem, que  coordinaba las protestas en Barcelona y Tarragona, las movilizaciones se programaron en 40 ciudades. “La idea es movilizar a la opinión pública, y entregamos firmas a distintas tiendas de H&M”, apunta una portavoz de la entidad.

Movilizarse no cuesta cuando uno escucha a Aleya Akter, secretaria general de la federación de trabajadores de la industria y la confección de Bangladesh (BGIWF, en sus siglas en inglés), que ha trabajado en el sector desde los nueve años. Akter explica su historia brutal en Our voices, our safety, un recopilatorio de opiniones del textil bangladeshí publicado por el International Labour Rights Forum que encoge el corazón, donde muchas trabajadoras denuncian abusos físicos y mentales y afirman “no tener valor” ni “alma”. “Tras un auge inicial del activismo sindical, estos avances aparentes se han ido erosionando, y la represión sindical vuelve a ser la norma”, concluye el informe de Clean Clothes. 44 de los nuevos sindicatos de los 300 que llegaron a crearse han sido forzados a cerrar, mediante despidos, renuncias forzadas y otras tácticas intimidatorias.

Aleya Akter mete el dedo en la llaga cuando explica que “todo depende de los compradores. Si el comprador dice que no dará trabajo al proveedor si no hay un sindicato, nadie podrá evitarlo”. Los compradores son, caro, las conocidas marcas que nos visten.

Veremos qué podremos contar en el cuarto aniversario de la tragedia.

Los aniversarios se prestan a la rendición de cuentas. Y los tres años transcurridos desde la mayor tragedia de la industria textil de la historia, el hundimiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, dejan algunas promesas en el aire. Primero, las indemnizaciones económicas a las víctimas y familiares, que se cumplieron hace solo medio año tras una campaña importante de presión de diversas ONG. Pero son los progresos en materia de seguridad laboral los que no se han completado. En una acaparadora mayoría de fábricas, 1.338, la rehabilitación y reparación de problemas detectados en inspecciones van con retraso. Y sobre todo, los trabajadores tienen los mismos problemas que tenían para defender sus derechos. Un tercio de los sindicatos que se formaron después de la tragedia han acabado desapareciendo a resultas de las presiones, hostigamiento, despidos e incluso palizas confesadas por sus miembros, según el informe Rana Plaza 3 years on, de Clean Clothes Campaign.

El interés ciudadano por un incidente en el que murieron 1.134 personas y quedaron heridas cerca de 2.500, pero que sobre todo arrojó luz definitiva sobre las condiciones de trabajo de los talleres y fábricas textiles que en países menos desarrollados proveen de género a grandes marcas de moda, ha introducido –algo positivo- una mayor transparencia en la actuación de las compañías.