Viviendas fuera de mercado

Lo peor de la crisis financiera en España han sido los cientos de miles de familias que se han visto expulsadas de sus casas. Esta realidad ha quedado bien acreditada en diferentes estadísticas oficiales y a lo largo de las numerosas comparecencias en la comisión de investigación sobre la crisis financiera desarrollada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el drama de los desahucios es solo la etapa final de una serie de circunstancias que caracterizan la grave situación en que se encuentra la vivienda en España. Hay varios aspectos que hay que abordar simultáneamente para remediar esta catástrofe social que nos diferencia tanto de los países europeos.

En primer lugar, hay que destacar el raquítico gasto público dedicado en España al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que en 2016 ascendió al 0,15% del PIB, frente al 0,6% de media en la UE, según Eurostat. La construcción de viviendas sociales prácticamente ha desaparecido en nuestro país. De las más de 100.000 viviendas protegidas construidas anualmente durante las décadas de 1970 y 1980 se ha pasado a menos de 5.000 en 2017.

El segundo gran desafío es el minúsculo peso que ocupa la vivienda de alquiler social. En 2017, solo el 1,5% de las viviendas eran de alquiler social en nuestro país, frente al 30% en Holanda, el 24% en Austria y el 20,9% en Dinamarca.

El tercer problema es la existencia de una legislación antisocial, que no respeta los derechos de los usuarios y es contraria a la normativa comunitaria como han declarado reiteradamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las recientes reformas en materia de vivienda de alquiler del pasado diciembre, que elevó el periodo mínimo de arrendamiento de tres años a cinco años y refuerza los derechos de los inquilinos, suponen claras mejoras. Pero quedan pendientes aspectos importantes como la limitación del precio de los alquileres como se había pactado con Unidos Podemos.

El reciente informe de la ponencia sobre la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, norma que probablemente se aprobará finalmente en febrero, tras más de dos años de retraso, es más favorable al derecho de los consumidores que el proyecto inicial elaborado por el Partido Popular. Sin embargo, hay todavía serias deficiencias para equiparar nuestros derechos en este campo a los establecidos en la Unión Europea y por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

En materia de vivienda es necesario fijarse en los extraordinarios logros alcanzados en numerosos países europeos. La primera observación es que no es un asunto irresoluble. En segundo lugar, la medida común es que han sacado una parte de las actividades relacionadas con la vivienda de la estricta lógica especulativa del mercado. El Estado y, sobre todo, los municipios han desempeñado un papel muy relevante construyendo un importante número de equipamientos sociales.

Los ejemplos de algunas ciudades europeas son elocuentes. Viena, con 1.888.776 habitantes, cuenta con 220.000 pisos municipales que pagan un alquiler de 400,20 euros al mes y 200.000 apartamentos pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Vivienda de Renta Limitada, que costean un arrendamiento de 512,40 euros mensuales, según el trabajo elaborado por los profesores Dorothea Greiling y Friedrich Schneider, presentado en la conferencia Housing for All, celebrada el pasado diciembre en la capital austriaca.

El resultado es que el 62% de los vieneses disfrutan de viviendas de renta social. Además, se trata de viviendas de una elevada calidad arquitectónica y de moderno diseño destinadas a amplios segmentos de la población. El 25,5% de las viviendas municipales se destinan a familias con renta inferior a 1.000 euros mensuales. En Viena la tasa de personas en riesgo de pobreza es del 21,5%. Pero también la clase media tiene acceso a estos establecimientos. Un 36% de las viviendas municipales son ocupadas por familias con rentas comprendidas entre 1.500 y 2.500 euros mensuales.

Viena es un referente, pero no es un caso aislado. En Ámsterdam, por ejemplo, con 854.316 habitantes, el 42,9% de las viviendas son de renta social (533 euros al mes) y el 14,50% son privadas pero de renta limitada. El 62% de las viviendas de renta social son ocupadas por familias con rentas inferiores a 30.150 euros anuales.

Estos ejemplos revelan la necesidad de cambiar radicalmente la política sobre la vivienda. Hay que aumentar la dotación pública en viviendas sociales, favorecer y abaratar el alquiler y reformar la legislación. La medida más urgente es facilitar la construcción de viviendas sociales, según el estudio El parque público y protegido de viviendas en España, de la Fundación Alternativas. De acuerdo con un análisis desde el contexto europeo realizado por Carme Trillas y Jordi Bosch “para atender las necesidades residenciales presentes y futuras hasta 2030 sería necesario incrementar el parque de alquiler social en unos 2,65 millones de nuevas unidades, lo que elevaría su peso hasta el 15% de las viviendas principales”.

Sobre el derecho a la vivienda, existe un gran equívoco en nuestro país. La  Constitución española establece en su artículo 47 que todos los españoles “tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero esto no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica. El primer cambio legal necesario es elevar la vivienda al rango de derecho fundamental, como estableció el TJUE en su sentencia Monika Kusionová, en septiembre de 2014. Esto reforzaría las obligaciones del Estado. Las dificultades del acceso a la vivienda son una de las mayores causas del malestar existente. Menos discutir y más actuar. 

[Este es el editorial del número 65 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]