El precio que pagan las mujeres por manifestarse en Arabia Saudí

Cuando nos presentamos en las oficinas de la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos en Riad el sábado 9 de febrero por la tarde, nos comunicaron que no había funcionarios disponibles para hablar con nosotras.

Así que, junto con unas 10 mujeres más y cinco niños, permanecimos fuera mostrando las pancartas que llevábamos. En ellas figuraban los nombres de nuestros maridos, de aquellos que llevan muchos años detenidos sin cargos ni juicio, y que siguen entre rejas a pesar de haber cumplido su condena.

Cuando llegamos, había un coche de policía en la zona, pero, en cuanto sacamos los carteles, aparecieron dos más. Escuchamos a las fuerzas de seguridad que decían “llevan pancartas”. Antes de pudiéramos darnos cuenta, estábamos rodeados por unos 15 coches de policía.

Un funcionario de la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos salió para hablar con nosotras. Aproximadamente a la misma hora, llegaron autobuses a la zona, y aparecieron más coches de policía.

Los agentes de seguridad se dirigieron primero a la persona más vulnerable del grupo: una mujer con bastón.

Trataron de quitarnos las pancartas por la fuerza golpeándonos. Como resultado de la agresión, una mujer se cayó en un agujero cercano. A un niño de 12 años, cuyo padre lleva detenido una década sin cargos ni juicio, lo golpearon y le quitaron de las manos el cartel que llevaba. Nos amenazaron con detenernos.

Comenzamos a ir de calle en calle para evitar que nos quitaran los carteles. Yo estaba grabándolo todo y escuché que un agente de policía gritó “ésa está sacando fotos”. Corrí, pero me siguieron, así que pedí a la gente que iba en los coches que me ayudara. Dos hombres enmascarados y vestidos de paisano de la Dirección General de Investigaciones me agarraron y me arrojaron hacia una guardia, que me metió en uno de los autobuses. Nos golpearon y nos insultaron.

En el autobús comenzaron a cerrar las ventanas y se alejaron a toda velocidad con unas 13 de nosotras dentro.

Nos llevaron al Departamento de Investigación Criminal, donde llegamos aproximadamente a las 15h nos interrogaron tres veces: personal del Departamento de Investigación Criminal, de la Unidad de Pruebas Criminales y de la Dirección de Investigación y Fiscalía, respectivamente. Todos formularon las mismas preguntas.

Nos tomaron las huellas dactilares y una muestra de ADN, y nos preguntaron quiénes éramos, quién era nuestro líder, cómo coordinábamos nuestras actividades y si teníamos cuenta de Twitter.

“¿No sabes que las protestas están prohibidas según la sharia?”, me preguntó uno de ellos. Le respondí que eso no es así, que existen diversas opiniones al respecto. Les dije que hasta el interrogatorio era ilícito, puesto que no había ningún abogado allí presente conmigo. Me dijo que la elección que tenía era seguir el interrogatorio sin abogado o ingresar en prisión. Así que les dejé continuar.

Durante todo este tiempo no nos dieron nada para comer, a pesar de que había niños con nosotras. Les suplicamos comida y, finalmente, alrededor de la medianoche, nos dijeron que no podían darnos nada para comer porque todo estaba cerrado. Más tarde, nos trajeron un poco de zumo y una bolsa de patatas fritas para que los repartiéramos entre los niños.

Me dejaron marchar a eso de la 1.30h, junto con algunas mujeres, y dejaron a unas cuatro mujeres y tres niños bajo custodia. Mi hijastra, Bahia, y su hija de 23 años, Fatima, estaban entre las que quedaron detenidas.

Durante los arrestos, Fatima se había desmayado tras sufrir un ataque de asma, y no recobró el conocimiento hasta que le echaron agua en la cara. Después de separarla de su madre, los agentes de policía la golpearon y, a continuación, la metieron a rastras en el autobús. Se le rompió la abaya (túnica larga). Una guardia se sentó sobre ella y le dobló el brazo.

“Vi que otras eran sometidas a maltrato y yo no sabía si llorar por lo que me estaba sucediendo a mí o por lo que les estaba pasando a las demás”, me dijo posteriormente Fatima.

Mi hijastra es una de las tres mujeres que siguen detenidas en la prisión de Al Malaz; no hemos podido verlas ni hablar con ellas. Nos han dicho que las llevarán ante los tribunales, pero no sabemos por qué motivos ni cuándo.

Otras manifestaciones

Amnistía Internacional también ha recibido noticias de que la policía de la localidad de Buraida, al norte de Riad, detuvo el sábado 9 de febrero al menos a 15 mujeres y 10 menores de edad por protestar ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con jurisdicción para examinar denuncias contra el Estado y sus servicios públicos.

Una mujer, cuyo marido lleva detenido varios años sin cargos ni juicio, y del que se dice que está enfermo y orina sangre, contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad las golpearon y las llevaron a rastras a prisión. Fueron interrogadas en la cárcel, pero ella se negó a dar más datos que su nombre y edad sin la presencia de su abogado. Dijo que llevaron a otro grupo de mujeres a la misma prisión tras manifestarse. No obstante, todas han sido puestas en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional considera que todas aquellas personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y la reunión son presos de conciencia, y exige su liberación inmediata y sin condiciones.

Cuando nos presentamos en las oficinas de la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos en Riad el sábado 9 de febrero por la tarde, nos comunicaron que no había funcionarios disponibles para hablar con nosotras.

Así que, junto con unas 10 mujeres más y cinco niños, permanecimos fuera mostrando las pancartas que llevábamos. En ellas figuraban los nombres de nuestros maridos, de aquellos que llevan muchos años detenidos sin cargos ni juicio, y que siguen entre rejas a pesar de haber cumplido su condena.