Barreras de acceso al aborto en Irlanda del Norte: cuando el derecho no es un hecho

Hace ya cuatro años las mujeres de Irlanda del Norte vivieron un acontecimiento histórico, la legalización del aborto después de 158 años de prohibición, de juicios, sentencias y condenas. La despenalización supuso la retirada de todas las acusaciones contra las mujeres que estaban procesadas por abortar. Fue el triunfo de la larga lucha de las mujeres, de sus organizaciones y de otras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Hasta entonces, como también pasaba en España hasta el año 2010, a las mujeres de Irlanda del Norte que decidían abortar sólo les quedaba el recurso de viajar a otro país donde el derecho al aborto estuviera reconocido, en muchos casos iban a Inglaterra. Es lo que tuvo que hacer en 2013 Sarah Ewart a pesar de que el diagnóstico médico de su embarazo era de anomalía mortal del feto. Desde entonces ella ha luchado ante los tribunales de justicia para que el aborto fuera legal y seguro.

Hoy, sin embargo, el derecho al aborto conquistado en la ley, en la práctica se convierte en una carrera de obstáculos, muchas veces insalvables. Debería ser cosa del pasado que mujeres y niñas de Irlanda del Norte tengan que subir a un avión con destino a Inglaterra para poder abortar, pero lamentablemente, aún es una realidad.

¿Qué es lo que ha salido mal? Las instituciones públicas no han dispuesto los recursos necesarios ni han previsto, o miran para otro lado, que estas carencias y determinados comportamientos y estereotipos sociales se conviertan en barreras infranqueables para las mujeres.

Primera barrera: la falta de información

Tuvieron que pasar tres años desde el cambio legal para que los servicios públicos suministraran información en su web sobre el acceso y los procedimientos para obtener los servicios de aborto y, todavía hoy, la información es incompleta y confusa, lo que deja a las mujeres en la ignorancia.

“No estaba segura de dónde tenía que ir. Fue una amiga que era partera la que me señaló la dirección correcta, pero sin ella no habría sabido dónde recibir ayuda. Debería haber información en las consultas de atención primaria o en otros entornos sanitarios”. Es el testimonio de Nicola. Vive en Belfast, es médica y abortó en 2021.

Segunda barrera: los recursos médicos de aborto son frágiles. Los servicios carecen de personal suficiente y están al límite, y esta es una gran barrera porque si la atención no está disponible durante las primeras una o dos semanas del embarazo, las mujeres corren el riesgo de superar el plazo legal disponible para abortar -en las 12 primeras semanas-.

Tercera barrera: una parte del personal sanitario rechaza practicar abortos. Es lo que sucede en algunos casos bajo la excusa de “rechazo basado en la conciencia”, aunque no hay información sobre la legalidad de esta actuación. Así, la negativa del personal médico es otra barrera más para las mujeres. En España conocemos bien el problema porque la mayoría de los hospitales públicos no practican abortos. Recientemente, mediante la Ley Orgánica 1/2023, se ha establecido la obligación de que cada hospital disponga de la relación del personal sanitario objetor para poder planificar los recursos que garanticen la prestación en la sanidad pública y cerca de los domicilios de las mujeres.

Cuarta barrera: el estigma y la discriminación social prevalecen, tanto para quienes demandan abortar como para el personal sanitario que las atiende y para quienes apoyan el derecho. Hay intimidaciones verbales, amenazas físicas y acoso en las redes sociales.

“He sido testigo de estos comportamientos y los he sufrido. Uno de los manifestantes me llamó asesina cuando llegaba a la clínica… Toda persona tiene derecho a que los servicios de atención médica sean confidenciales y seguros”. Es el testimonio de Nicola, enfermera de atención médica del Belfast Health and Social Care Trust

Quinta barrera: la telemedicina no es accesible. Aunque sería de gran ayuda, sobre todo para las mujeres que por su situación encuentran mayores problemas para tener información y acceder al aborto: las jóvenes, las mujeres con una situación económica y de empleo precaria, las que sufren relaciones afectivas abusivas, las que temen que se las intimide o les preocupa la confidencialidad.

Todas estas barreras hacen que en Irlanda del Norte el derecho en la ley no sea un hecho en la práctica y que abortar sea una carrera llena de obstáculos. Pero el derecho al aborto es un derecho humano que está directamente imbricado en un conjunto de derechos más amplios como la salud sexual y reproductiva, la autonomía personal para decidir sobre el embarazo, la igualdad y la no discriminación independientemente de la situación económica, la edad, la etnia o cualquier otra característica personal, e incluso el derecho a la vida, porque cuando no se facilita el aborto legal y seguro aumentan los abortos clandestinos y de riesgo.

Recientemente, Amnistía Internacional ha publicado el Informe Legal but not local: Barriers to accessing abortion services in Northern Ireland en el que se da cuenta de las carencias y dificultades que encuentran las mujeres que deciden abortar, de la falta de recursos que tiene el personal médico para proveer el servicio con garantías y del estigma social que todavía hoy supone defender el derecho al aborto. En este informe, la organización de derechos humanos exige a las autoridades de Irlanda del Norte y del Reino Unido que garanticen el acceso a los servicios de aborto para las mujeres, las niñas y cualquier persona que decida abortar.

Hace ya cuatro años las mujeres de Irlanda del Norte vivieron un acontecimiento histórico, la legalización del aborto después de 158 años de prohibición, de juicios, sentencias y condenas. La despenalización supuso la retirada de todas las acusaciones contra las mujeres que estaban procesadas por abortar. Fue el triunfo de la larga lucha de las mujeres, de sus organizaciones y de otras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Hasta entonces, como también pasaba en España hasta el año 2010, a las mujeres de Irlanda del Norte que decidían abortar sólo les quedaba el recurso de viajar a otro país donde el derecho al aborto estuviera reconocido, en muchos casos iban a Inglaterra. Es lo que tuvo que hacer en 2013 Sarah Ewart a pesar de que el diagnóstico médico de su embarazo era de anomalía mortal del feto. Desde entonces ella ha luchado ante los tribunales de justicia para que el aborto fuera legal y seguro.