Colombia: historia de un sepulturero

Ahora más que nunca hay que recordar las pequeñas historias que ha dejado el conflicto. Como la del sepulturero de La Macarena, un pequeño municipio en el departamento de los Llanos Orientales. A partir de 2008, los campesinos de ése y otros pueblos cercanos, empezaron a advertir que el ejército les estaba dejando muchas personas muertas anónimas para que las enterrasen en los cementerios municipales. Sin “derecho” a protestar ni a preguntar, allí los enterraban sin más, sin seguir los protocolos establecidos para inhumar cadáveres.

En esa época ya había estallado el escándalo de los jóvenes de Soacha, esos chicos ejectuados por el ejército a quienes quisieron hacer pasar por guerrilleros muertos en combate. A raíz del escándalo, descendió el número de ejecuciones extrajudiciales y aumentó el de desapariciones forzosas.

Quizá en un gesto último para preservar la dignidad de esos muertos anónimos, el sepulturero de La Macarena empezó a hacer sin saberlo una minuciosa labor de documentación. Según iba enterrando los cuerpos que dejaba el ejército, les ponía un número y la fecha, y después anotaba en una libretita ese mismo número y fecha junto con el género. Además, guardaba en una bolsita de plástico un objeto de la persona muerta.

Cuando el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, una de las tantísimas organizaciones de derechos humanos surgidas a raíz del conflicto colombiano, pudo acceder a esa zona se encontró con toda esa información de valor incalculable. Hasta 464 cadáveres sin identificar había en el pequeño cementerio de La Macarena.

En otro pueblo, Vista Hermosa, el sepulturero no sabía leer ni escribir, pero tenía memoria e hizo un relato oral de todo lo que recordaba. La cifra ascendió hasta 2.292 muertos no identificados en los cinco cementerios municipales de la zona.

Las organizaciones, con el apoyo de diputados afines y de la presión internacional, consiguieron elevar este caso a escala nacional y que la Fiscalía pidiese a todos los municipios del país que enviasen información de los cuerpos no identificados que había en sus cementerios. Contestaron 800 municipios y la cifra resultante fue de 23.400 personas no identificadas enterradas en cementerio municipales.

De vuelta a los Llanos Orientales, este fue el inicio de una ardua tarea para el Colectivo y otras organizaciones: identificación de los cuerpos, búsqueda de las familias, acompañamiento en el terrible momento de recibir la noticia y de recoger los restos. Y allí siguen con su trabajo de hormiguitas y tratando de que el modelo de respeto que han puesto en marcha en esa zona se replique en todo el país. Una tarea ingente que necesita la voluntad y el respaldo político, de momento ausentes.

Los cerca de ocho millones de víctimas del conflicto, sus familliares, las organizaciones de derechos humanos que tanto arriesgan cada día, el sepulturero de La Macarena y tantas otras personas anónimas que han sabido mantener la dignidad en medio del conflicto, merecen que todo este proceso que se acerca al final culmine con justicia real, con reparación integral y con garantizar el final de las violaciones de los derechos humanos.

Ahora más que nunca hay que recordar las pequeñas historias que ha dejado el conflicto. Como la del sepulturero de La Macarena, un pequeño municipio en el departamento de los Llanos Orientales. A partir de 2008, los campesinos de ése y otros pueblos cercanos, empezaron a advertir que el ejército les estaba dejando muchas personas muertas anónimas para que las enterrasen en los cementerios municipales. Sin “derecho” a protestar ni a preguntar, allí los enterraban sin más, sin seguir los protocolos establecidos para inhumar cadáveres.

En esa época ya había estallado el escándalo de los jóvenes de Soacha, esos chicos ejectuados por el ejército a quienes quisieron hacer pasar por guerrilleros muertos en combate. A raíz del escándalo, descendió el número de ejecuciones extrajudiciales y aumentó el de desapariciones forzosas.