Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
Este testimonio de Mohammad Al Dos, cuyo hijo Rakan, de cinco años, perdió la vida en el ataque de fuerzas israelíes el 7 de octubre a un edificio residencial de tres plantas en la ciudad de Gaza que mató a 15 miembros de la familia, incluidos 7 menores, ejemplifica perfectamente las prácticas atroces de Israel en las últimas semanas en Gaza. Llevamos semanas siendo testigos del horror de atrocidades a las que asistimos en directo, con impotencia, en Gaza y Cisjordania, indignados ante las imágenes de niños sin incubadoras, fosas comunes, esqueletos de edificios y otras barbaridades a una escala sin precedentes. En mis más de tres décadas en Amnistía Internacional nunca había visto algo así.
Una investigación de Amnistía Internacional no encontró indicios de objetivos militares en la zona en el momento del ataque. Si las fuerzas israelíes atacaron este bloque residencial sabiendo que sólo había civiles en su interior en el momento del ataque, se trataría de un ataque directo contra civiles o bienes civiles, que está prohibido y constituye un crimen de guerra. Aunque las fuerzas israelíes hubieran atacado lo que consideraban un objetivo militar, atacar un edificio residencial, en un momento en que estaba lleno de civiles, en el corazón de un barrio civil densamente poblado, y causando semejante número de víctimas civiles y grado de destrucción, sería un ataque indiscriminado. Los ataques indiscriminados que matan y hieren a civiles son crímenes de guerra.
Cuando leí el informe de Amnistía Internacional, pensé: “Otra vez, no. ¿Hasta cuándo?”. Sin embargo, analizando el tema con perspectiva y con “luces largas”, pensé en las innumerables (ya he perdido la cuenta) crisis trabajadas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Llevo muchos años trabajando sobre comercio de armas y, con la ley en la mano, desde 2009 en Amnistía llevamos diciendo que NO se puede enviar armas a Israel. Así se lo hemos dicho año tras año, a los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, en su día, y ahora se lo decimos al presidente Sánchez. Confío en que esta crisis sea la gota que colme el vaso y el gobierno español actúe de forma valiente y decisiva y corte definitivamente el grifo de las armas a Israel.
El mensaje del presidente Sánchez a Netanyahu en su visita a Israel la semana pasada fue contundente: la cifra de palestinos a los que las fuerzas israelíes han causado la muerte es, efectivamente, intolerable, y pesará sobre la conciencia de la comunidad internacional. Es positivo que Sánchez reclamara la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, que regula el comportamiento de las partes en todas las circunstancias en los conflictos armados pues el artículo 1 de los Convenios de Ginebra obliga a “respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario”.
En la crisis actual, Israel lleva semanas cometiendo presuntos crímenes de guerra con bombas, munición de artillería y otras armas, causando la muerte y lesiones a miles de civiles, haciendo caso omiso de los principios de proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y de carácter civil a los que obliga el derecho internacional humanitario (DIH).
Es hora de traducir estas condenas en medidas concretas en relación con el comercio de armas español. Hay que parar esta y futuras tragedias cortando el suministro de armas que están facilitando la comisión de estas atrocidades tanto a Israel como a los grupos armados palestinos como Hamás.
Por eso Amnistía Internacional reiteró, a mediados de octubre, una petición que llevamos haciendo al gobierno español desde la ofensiva de 2009 de suspensión del suministro de armas a Israel y por ello pedimos al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de la UE que impongan inmediatamente sendos embargo de armas totales a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos hasta que deje de existir un riesgo sustancial de que las armas puedan ser usadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, o para facilitar su comisión.
Desconocemos hasta el momento la decisión que, en su caso, haya adoptado la Junta Interministerial española que regula el comercio de armas, porque esas decisiones adoptadas en sus reuniones mensuales son secretas, al amparo de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 cuya reforma quedó aparcado en la anterior legislatura. Como hasta el momento no se han creado las comisiones parlamentarias del Congreso, las y los diputados no han podido presentar preguntas parlamentarias por escrito al respecto. Esperemos que la comparecencia ante el pleno del Congreso del ministro Albares el martes 5 de diciembre aclare si el gobierno ha decidido suspender la venta de armas a Israel.
Razones para imponer un embargo de armas
La principal razón para aplicar esta medida es simple: los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel o a Hamás y otros grupos armados palestinos a sabiendas de que están usando estas armas para cometer hechos internacionalmente ilícitos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad corren a su vez el riesgo de ser cómplices en la comisión de estas barbaridades.
Los Estados que actúen así están violando de forma flagrante su obligación, recogida en el artículo 1 los Convenios de Ginebra, de respetar y hacer respetar el DIH, por lo que las autoridades, los funcionarios y las personas responsables de las empresas implicadas en la decisión de transferir armas utilizadas para cometer crímenes de guerra se arriesgan, potencialmente, a ser procesadas por la Corte Penal Internacional.
Las Normas del DIH lo dejan claro, tanto la Norma 144, que dice: “Los Estados no alentarán las violaciones del derecho internacional humanitario por las partes en un conflicto armado, como el Comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a dicha Norma: ”si existe la expectativa, basada en hechos o en el conocimiento de patrones previos, de que dichas armas podrían utilizarse para violar el derecho internacional humanitario los Estados deben abstenerse de transferir armas“.
Esta obligación exige hacer una evaluación antes de cualquier transferencia de armas y aplicar el párrafo 3 del artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe las transferencias (es decir, la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y corretaje) de armas convencionales y municiones cuando éstas podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra. Para cumplir esa obligación, los gobiernos pueden condicionar, limitar o denegar la autorización de esas transferencias.
Un régimen de Apartheid
La crisis actual no surge en el vacío. Israel tiene un largo historial de comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluso al imponer un sistema de apartheid a los palestinos durante décadas, con impunidad. Las numerosas violaciones y crímenes de guerra cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad palestinos también han quedado impunes. Una muestra de que esto viene de largo. En otoño de 2022, AI hizo un llamamiento a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigase como crímenes de guerra los ataques ilegales cometidos durante la agresión de Israel a la Franja de Gaza en agosto de 2022. También recomendó suspender el suministro y la transferencia de todas las armas, municiones y otros equipos militares y de seguridad a Israel, así como ejercer una presión efectiva y concreta sobre Israel para que desmantele su régimen de apartheid y garantizar que los gobiernos no lo apoyasen.
Exportaciones españolas. Ni un arma más para Israel
Entre 2015 y junio de 2022, últimos datos oficiales disponibles, pues el informe anual que debería haberse remitido al Congreso en mayo no se hizo público debido al anticipo de las elecciones generales, el gobierno español concedió 290 licencias de exportación de armas a Israel por valor de más de 80 millones de euros, entre las que destacan las de las categorías de aeronaves (37 millones) y sistemas de dirección de tiro (17 millones), además de munición (1,5 millones) y bombas, torpedos, cohetes y misiles (1,7 millones).
Entre 2015 y 2022, las exportaciones realizadas superaron los 12 millones de euros, de las cuales las más preocupantes fueron los más de 2 millones de euros en munición, fundamentalmente para pruebas, además de bombas, torpedos, cohetes y misiles, sistemas de dirección de tiro y sistemas de detección de blancos de aviones y equipos para el motor de helicópteros Tigre.
Es positivo que, en estos últimos siete años, el Gobierno español denegase hasta cinco licencias de exportación de armas por la situación regional y su posible uso para la represión interna.
El gobierno español ha alegado, a preguntas de diversos medios en las últimas semanas, que no exporta material letal a Israel. La cuestión no es tanto diferenciar entre material letal o no letal, que es un tanto artificial. Es un debate similar al planteado hace unos meses sobre Ucrania acerca de armas supuestamente “defensivas” y “ofensivas”, conceptos que simplemente no existen, puesto que no están definidos en el derecho internacional. La cuestión clave es cómo se emplea ese material, es decir, el uso que se le dé a las armas, no el calificativo que se les ponga.
Analizando el tipo de material que ha exportado España, vemos que la afirmación del Gobierno español es inexacta. ¿O acaso la munición, aunque haya sido como afirma el gobierno, fundamentalmente para pruebas, las bombas, torpedos, cohetes y misiles, los sistemas de dirección de tiro no son letales? Obviamente, sí, porque pueden causar muertes, depende de cómo se usen, si de acuerdo con el derecho internacional o no. En estos momentos existe un riesgo demasiado grande de que cualquiera de ese material se utilice para cometer o facilitar crímenes de guerra, por lo que España debe suspender estas operaciones de forma inmediata.
Por otro lado, en 2019 Amnistía denunció en un informe exhaustivo que empresas israelíes exportan armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos, eludiendo la supervisión internacional, en ocasiones tras una cadena de subcontrataciones. Así es como fusiles israelíes Galilea llegaron al sur de Sudán, y cómo otras armas fabricadas en Israel se utilizan en países que han cometido genocidio.
Demandas ante la justicia en EE.UU. y Países Bajos
Especialmente importante es el caso de EE.UU., el principal proveedor de armas a Israel, pero en las últimas semanas diversos países como Francia y Reino Unido también negocian ventas a Israel. En EE.UU. se ha presentado una demanda judicial para parar las exportaciones de armas, al igual que en Países Bajos, donde Oxfam Novib, Amnistía Internacional, The Rights Forum y PAX han llevado a los tribunales al Estado neerlandés por seguir exportando armas a Israel tras hacerse público que el gobierno holandés no había logrado detener la exportación de piezas para aviones de combate F35.
¿Cuánto pesan los derechos humanos?
La pregunta clave es cuál es el peso de los derechos humanos en las decisiones de la Junta Interministerial que regula las ventas de armas españolas. Por lo que sabemos, no son clave en sus decisiones. En una respuesta del gobierno de marzo de este año a una pregunta parlamentaria formulada por Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, el gobierno explicó los aspectos que tiene en cuenta para la evaluación de riesgo de las operaciones y destaca la ausencia de un elemento esencial clave en esa evaluación: el historial de derechos humanos del país importador.
Confiemos en que, en esta ocasión y si se mantiene la presión tras 14 años de advertencias, el gobierno español pase del enfoque de cortar el grifo cuando están los cadáveres sobre el terreno a prevenir y suspender las ventas de armas a un gobierno responsable de innumerables crímenes de guerra y otras atrocidades.
Este testimonio de Mohammad Al Dos, cuyo hijo Rakan, de cinco años, perdió la vida en el ataque de fuerzas israelíes el 7 de octubre a un edificio residencial de tres plantas en la ciudad de Gaza que mató a 15 miembros de la familia, incluidos 7 menores, ejemplifica perfectamente las prácticas atroces de Israel en las últimas semanas en Gaza. Llevamos semanas siendo testigos del horror de atrocidades a las que asistimos en directo, con impotencia, en Gaza y Cisjordania, indignados ante las imágenes de niños sin incubadoras, fosas comunes, esqueletos de edificios y otras barbaridades a una escala sin precedentes. En mis más de tres décadas en Amnistía Internacional nunca había visto algo así.
Una investigación de Amnistía Internacional no encontró indicios de objetivos militares en la zona en el momento del ataque. Si las fuerzas israelíes atacaron este bloque residencial sabiendo que sólo había civiles en su interior en el momento del ataque, se trataría de un ataque directo contra civiles o bienes civiles, que está prohibido y constituye un crimen de guerra. Aunque las fuerzas israelíes hubieran atacado lo que consideraban un objetivo militar, atacar un edificio residencial, en un momento en que estaba lleno de civiles, en el corazón de un barrio civil densamente poblado, y causando semejante número de víctimas civiles y grado de destrucción, sería un ataque indiscriminado. Los ataques indiscriminados que matan y hieren a civiles son crímenes de guerra.