Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
La universidad iraní es una muestra del nivel de represión a la libertad de expresión que sufre el país. Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe que un número creciente de estudiantes y académicos son expulsados de las universidades, vetados de sus estudios o de la enseñanza, detenidos, torturados o sometidos a otras formas de malos tratos, con frecuencia invocando leyes de seguridad formuladas de forma imprecisa y que no cumplen con los requisitos de claridad y precisión de leyes penales según las exigencias del derecho internacional.
La discriminación en el sistema de enseñanza superior del país es generalizada, especialmente la que sufren las mujeres y las minorías religiosas. Las mujeres tienen vetado el acceso a determinadas carreras mediante cupos o prohibición general, y los estudiantes pertenecientes a la comunidad religiosa de los Baha'í son sistemáticamente excluidos de la educación superior.
La peor parte la llevan los estudiantes y académicos sentenciados a penas de prisión únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Son presos y presas de conciencia como Bahareh Hedayat, estudiante y activista de los derechos de las mujeres, que cumple una condena de 10 años de prisión por “reunión y connivencia para cometer delitos contra la seguridad nacional”.
O como Majid Tavakkoli, líder estudiantil arrestado en diciembre de 2009 por dar un discurso pacífico crítico con el gobierno tras las disputadas elecciones de ese año y condenado a 8 años y medio de prisión en un juicio en el que su abogado no pudo asistir.
También Omid Kokabee, físico y estudiante de doctorado iraní en los Estados Unidos, que cumple una condena de 10 años de cárcel en la prisión de Evin, en Teherán. Fue condenado a 10 años de prisión por tener “contactos con un gobierno hostil” tras ser declarado culpable por un Tribunal Revolucionario en un juicio viciado por irregularidades.
Los primeros meses en el cargo del presidente Ruhaní han suscitado esperanzas de un sistema menos represivo en Irán y de un respeto mayor por los derechos humanos en el país. Lo que ocurra en las universidades será un buen termómetro para medir estos avances. Las universidades deben ser liberadas de interferencias arbitrarias por los cuerpos de seguridad y de sus dueños políticos y deben tener la oportunidad de convertirse en centros de investigación independiente, pensamiento libre e innovación.
La universidad iraní es una muestra del nivel de represión a la libertad de expresión que sufre el país. Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe que un número creciente de estudiantes y académicos son expulsados de las universidades, vetados de sus estudios o de la enseñanza, detenidos, torturados o sometidos a otras formas de malos tratos, con frecuencia invocando leyes de seguridad formuladas de forma imprecisa y que no cumplen con los requisitos de claridad y precisión de leyes penales según las exigencias del derecho internacional.
La discriminación en el sistema de enseñanza superior del país es generalizada, especialmente la que sufren las mujeres y las minorías religiosas. Las mujeres tienen vetado el acceso a determinadas carreras mediante cupos o prohibición general, y los estudiantes pertenecientes a la comunidad religiosa de los Baha'í son sistemáticamente excluidos de la educación superior.