Este fin de semana vuelve a Bahréin el circo de la Fórmula 1 de automovilismo, con sus luces y sus sombras. Entre las primeras, la de un nuevo fin de semana de emoción y diversión para los millones de aficionados en todo el mundo, entre los que me incluyo, por seguir esta incruenta pelea de máquinas y pilotos, por ver si “nuestro” Alonso consigue volver a ser campeón, para reconciliarnos con Hamilton, o para seguir con interés las disputas entre Webber y Vettel… Pero como todos los circos, también tiene sus sombras tras la gran carpa. Rodeando al circuito de Fórmula 1 y al inevitable ambiente de lujo y despreocupación que reina en sus tribunas, una gran parte del pueblo bahreiní sufre y protesta por la situación en su país, por la fuerte represión con que el gobierno de Bahréin reprime las protestas que surgieron en febrero de 2011 en la llamada “primavera árabe”.
El circuito Sakhir de Bahréin se construyó para albergar la Fórmula 1 desde 2004, por empeño personal del príncipe Salman bin Hamad Al Jalifa, con el objetivo de convertirlo en una especie de símbolo nacional para proyectar internacionalmente una imagen moderna de Bahréin. El año 2011, apenas un mes después del inicio de las revueltas políticas, la carrera fue suspendida, pero el pasado 2012 volvió a celebrarse pese a las protestas (por la falta de seguridad según algunas escuderías de coches; por la falta de respeto a los derechos humanos, según muchos activistas bahreiníes), en las que incluso murió un manifestante.
En un reciente informe de Amnistía Internacional se hace referencia al precio tan alto que se está pagando por la libertad en Bahréin. Se pone de manifiesto como, dos años después del inicio de las protestas populares de 2011, los presos de conciencia continúan en prisión y se sigue encarcelando a los activistas sólo por expresar sus opiniones en las redes sociales o en marchas pacíficas.
El pasado mes de enero, una delegación de Amnistía Internacional visitó Bahréin, donde se reunió con siete presos de conciencia recluidos en la cárcel de Jaw. Todos ellos habían sido encarcelados por cargos falsos o en aplicación de leyes que reprimen derechos básicos. De hecho, no se presentaron pruebas fehacientes que justificaran estas condenas. Aparentemente, todas las personas afectadas fueron perseguidas por sus opiniones contrarias al gobierno y por haber participado en protestas pacíficas. Además, muchos de los presos de conciencia fueron presuntamente torturados en las primeras semanas de detenciones y algunos se quejaron del tratamiento médico que recibían.
El conocido informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin presentado en noviembre de 2011, con sus claras conclusiones -aceptadas por el Rey- y recomendaciones -que el gobierno se comprometió a cumplir-, sigue siendo papel mojado: Dos años después del levantamiento de Bahréin, y tras la fanfarria de reforma subsiguiente, en los últimos meses, no sólo no se han liberado a los presos de conciencia, sino que más personas han sido encarceladas simplemente por atreverse a expresar su opinión, ya sea via Twitter o participando en marchas pacíficas. Los tribunales bahreiníes parecen más preocupados en ceñirse a las directrices del gobierno que en ofrecer un tratamiento justo y efectivo para todos los bahreiníes y en garantizar el cumplimiento de las leyes.
Podemos citar, por ejemplo, el caso de Zainab Al-Khawaja, de doble nacionalidad, bahreiní y danesa, que estuvo en huelga de hambre del 17 al 29 de marzo de 2013 como protesta por la decisión de las autoridades de la prisión de prohibirle la visita semanal de su familia por negarse a llevar el uniforme de presa. Su padre, el destacado activista de la oposición Abdulhadi Al-Khawaja (uno de los siete presos de conciencia antes mencionados), también se declaró en huelga de hambre para apoyar su protesta. Zainab Al-Khawaja puso fin a su protesta debido al deterioro de la salud de su padre, quien también suspendió su acción. Según su familia, el 2 de abril se negó al cónsul danés el acceso a ella.
A Zainab la detuvieron por primera vez en diciembre de 2011 junto con otra activista, Ma’suma Sayyid Sharaf, y la dejaron en libertad al cabo de unos días. Ambas fueron acusadas formalmente de “concentración ilegal” y de “incitar al odio al régimen” tras disolver la policía una manifestación pacífica en una glorieta a las afueras de Manama utilizando gas lacrimógeno y bombas sonoras. Cuando la policía la detuvo, era la única persona que quedaba en la glorieta, donde se encontraba sentada. Unas imágenes de vídeo de la detención muestran a dos mujeres policías que la esposan y la llevan a rastras hasta un vehículo policial situado unos metros más allá, haciendo que se golpeé reiteradamente la cabeza contra el suelo. Tras quedar en libertad, Zainab al-Khawaja ha sido detenida, juzgada y condenada por periodos cortos de prisión en varias ocasiones, hasta llegar a la situación actual que comento.
Dos menores de edad, Jehad Sadeq Aziz Salman -de 16 años- y Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad -de 15-, fueron condenados a 10 años de prisión el pasado día 4 de abril, junto a otros tres adultos que recibieron también condenas iguales o superiores.
Estos dos niños y los tres adultos fueron detenidos el 23 de julio de 2012, durante una manifestación contra el gobierno celebrada en Bilad al-Qadeem, al oeste de Manama. Se les aplicó el Código Penal y la legislación anterrorista de Bahréin, la Ley 59 de 2006, relativa a la protección de la comunidad contra los actos terroristas, y fueron declarados culpables de “tentativa de asesinato”, “incendio de un vehículo policial”, “concentración ilegal y disturbios”, “lanzamiento de cócteles Molotov” e “intento de robo de un vehículo policial”. Según uno de los abogados de los menores, su sentencia condenatoria estuvo basada en presuntas confesiones que les obligaron a firmar sin la presencia de un abogado ni de un miembro de la familia y de las que se retractaron durante el juicio.
Aunque, según la legislación bahreiní, la edad de responsabilidad penal son los 15 años, ambos tienen menos de 18 años, así que deben ser considerados niños y ser tratados de acuerdo con las normas y principios de la justicia de menores.
Y aún más recientemente, el pasado domingo el Consejo de Ministros bahreiní, presidido por el primer ministro y el príncipe heredero, recién nombrado viceprimer ministro, aprobó una enmienda al artículo 214 del Código Penal que eleva la pena por ofensas al rey Hamad bin Isa al Jalifa o a la bandera y otros símbolos nacionales. Esta medida adoptada por el gobierno de Bahréin, que permite imponer hasta cinco años de prisión a toda persona que resulte culpable de injuriar al Rey de Bahréin supone un nuevo intento de reprimir la disidencia con antelación al Gran Premio de Fórmula 1. No olvidemos que, como subraya el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es legítimo que las figuras públicas, incluidas las que ejercen la máxima autoridad política, como los jefes de Estado y de gobierno, sean objeto de críticas y de oposición política.
Ojalá este fin de semana, el ruido y la emoción -para algunos- del moderno circo de la Fórmula 1 no silencie ese otro clamor popular por la libertad y la justicia, que se oye valiente, pese a todo, fuera del circuito. Y ojalá también que desde la comodidad de nuestro salón también tengamos tiempo para mirar lo que pasa allí fuera, y elevemos nuestra voz ante el gobierno y el rey de Bahréin para protestar por sus repetidas violaciones de los derechos humanos.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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