Era la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984. Justo en el momento en el que se producía el peor desastre industrial en la India y la fábrica de Union Carbide en Bhopal liberaba unas 40 toneladas métricas de un gas letal a la atmósfera, Rampyari Bai se encontraba en el hospital con su cuñada. Ésta última acababa de ponerse de parto. “En cuanto le pusieron una inyección, dio su último suspiro”, cuenta. Hoy Rampyari Bai es una de las mujeres que sobrevivieron a la fuga, aunque enfermó de por vida, y se ha convertido en activista en busca de justicia. Está dispuesta a sacrificar su vida “por mi movimiento y por los pobres. No voy a ceder en mi lucha, mientras tenga pulso no pienso retroceder”.
El caso del escape en Bhopal es ya tristemente emblemático como ejemplo de cómo las empresas pueden eludir sus responsabilidades en el débil y restrictivo marco legal que les es aplicable. El gas ha dejado secuelas en forma de enfermedades crónicas que afectan a cerca de 150.000 personas, no solo en aquellas personas que vivieron la fuga sino también en la generación nacida años después. Muchas mujeres padecen trastornos ginecológicos y reproductivos, y se ven forzadas a cuidar de sus maridos, hijos y mayores mientras trabajan para llevar a casa un salario que sus maridos enfermos ya no pueden obtener. Pero nada de esto las detiene y, casi tres décadas después de la tragedia, continúan encabezando la lucha para que la justicia llegue por fin a sus vidas.
Hazra Bee froma parte del colectivo de mujeres afectadas por el gas de Union Carbide. Tanto ella como su marido enfermaron a causa del desastre. Su primer hijo enfermó también a los 8 años y cuando más adelante se casó y tuvo su primera hija, esta nació discapacitada todavía por culpa del gas. Hazra ha perdido a su marido y ahora se ocupa de sus cuatro hijos y de su nieta, apenas puede alimentarlos y no tiene medios para llevarlos al colegio.Hazra se refiere al acuerdo alcanzado entre el gobierno indio y Union Carbide en 1989, por el que se destinaba a las víctimas una indemnización que muchas no han recibido aún, como “arrojar migas de pan a los perros, han devaluado nuestras vidas”.
Activistas de Bhopal denuncian que la situación es peor hoy que en la mañana después del desastre, no sólo por el reguero de enfermedades que ha dejado el escape, sino porque el esqueleto de la antigua fábrica permanece abandonado, sin que ni Union Carbide, ni la empresa que la adquirió en 2001, Dow Chemical, la hayan limpiado. Y unas 40.000 personas viven todavía hoy en sus inmediaciones, expuestas a residuos tóxicos y consumiendo agua contaminada.
Ni las enfermedades, ni las dificultades, ni la sensación de no ser escuchadas han sido capaces de detener la lucha de las mujeres de Bhopal durante la friolera de 28 años. Sus peticiones son claras y básicas para que los causantes de una de las tragedias que más ha impactado al mundo recuperen su dignidad: que se limpie la antigua fábrica, que se compense a las víctimas y se les provea de cuidados sanitarios, y que los responsables sean convenientemente juzgados.
Y por todo ello lucharán, hasta el último suspiro.
Era la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984. Justo en el momento en el que se producía el peor desastre industrial en la India y la fábrica de Union Carbide en Bhopal liberaba unas 40 toneladas métricas de un gas letal a la atmósfera, Rampyari Bai se encontraba en el hospital con su cuñada. Ésta última acababa de ponerse de parto. “En cuanto le pusieron una inyección, dio su último suspiro”, cuenta. Hoy Rampyari Bai es una de las mujeres que sobrevivieron a la fuga, aunque enfermó de por vida, y se ha convertido en activista en busca de justicia. Está dispuesta a sacrificar su vida “por mi movimiento y por los pobres. No voy a ceder en mi lucha, mientras tenga pulso no pienso retroceder”.
El caso del escape en Bhopal es ya tristemente emblemático como ejemplo de cómo las empresas pueden eludir sus responsabilidades en el débil y restrictivo marco legal que les es aplicable. El gas ha dejado secuelas en forma de enfermedades crónicas que afectan a cerca de 150.000 personas, no solo en aquellas personas que vivieron la fuga sino también en la generación nacida años después. Muchas mujeres padecen trastornos ginecológicos y reproductivos, y se ven forzadas a cuidar de sus maridos, hijos y mayores mientras trabajan para llevar a casa un salario que sus maridos enfermos ya no pueden obtener. Pero nada de esto las detiene y, casi tres décadas después de la tragedia, continúan encabezando la lucha para que la justicia llegue por fin a sus vidas.