Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
Así se expresaba un diputado del PSOE en 1987 en una conversación en los pasillos del Congreso con Juan Mari Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, al hilo de unas preguntas parlamentarias presentadas por Bandrés relacionadas con unas polémicas ventas de armas españolas a Marruecos e Irak en aquellas fechas. Los grupos parlamentarios de IU y CDS presentaron entonces diversas iniciativas parlamentarias al respecto, en busca de mayor transparencia en el comercio de armas español.
¿Cuál fue entonces la respuesta del Gobierno? El 12 de marzo de 1987, el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, acordó clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo gubernamental responsable de aprobar o denegar las licencias de exportación de armas, apoyándose en la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Han pasado 30 años y poco ha cambiado. Tras la campaña de las ONG que luego impulsarían “Armas Bajo Control”, el Gobierno publica informes sobre las exportaciones de armas desde el final de la década de los 90. La Ley 53/2007, obliga al Ejecutivo a rendir cuentas anualmente ante la Comisión de Defensa, que debe aprobar un dictamen con recomendaciones para el Gobierno. Sin embargo, las actas de la JIMDDU siguen siendo secretas y no existe control parlamentario previo de las exportaciones. En un reciente informe hemos pedido el cese de las ventas armas a Arabia Saudí e Irak, por el riesgo manifiesto de que estas armas se puedan utilizar para cometer atrocidades en la cruenta guerra de Yemen y el conflicto interno iraquí.
De hecho, estas exportaciones son ilegales porque violan la legislación española, la normativa europea y el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe específicamente la venta de armas para cometer atrocidades. A menos que las actas de la JIMDDU dejen de ser secretas, es imposible saber cómo este organismo evaluó el riesgo de que las armas exportadas en los dos últimos años a Irak y Arabia Saudí se puedan emplear para cometer o facilitar crímenes de derecho internacional.
Las actas de la JIMDDU son la vía más adecuada para que el Gobierno rinda cuentas. Al mantenerlas en secreto, la potestad de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico queda exclusivamente en manos del Ejecutivo, y sus conclusiones escapan al control de los otros poderes del Estado. Mientras esto no ocurra, hemos pedido a los grupos parlamentarios que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso se reúna para examinar estas exportaciones de armas.
Así las cosas, ¿podría este organismo del Gobierno decidir autorizar una exportación de armas a favor de los intereses de una empresa armamentística, dejando al margen el cumplimiento de la legislación vigente, y que, dado que los motivos de su decisión son secretos, evitar la rendición de cuentas? ¿Podría ser este el caso de la exportación de armamento a Arabia Saudí mientras la coalición saudí bombardea desde hace más de dos años escuelas, mercados, hospitales y mezquitas en Yemen y mantiene un bloqueo naval que impide la entrada de ayuda humanitaria a ese país mientras 21 millones de personas requieren de esa ayuda para subsistir?
Hay secretos que matan y este podría ser uno de ellos. Cuando la propia Ley sobre Secretos Oficiales puede ser utilizada por el Gobierno y las empresas de armamento como parapeto para impedir la rendición de cuentas; cuando el secreto oficial se puede aplicar para encubrir acciones realizadas por el Gobierno sin justificación, es que ha llegado el momento de reformarla.
En septiembre de 2016, promovido por el Grupo Parlamentario Vasco, el Congreso aprobó reformar la Ley de Secretos Oficiales. Sin embargo, nueve meses después, la reforma no se ha empezado a debatir. Hasta ahora, la Mesa del Congreso ha prorrogado semana tras semana el plazo de presentación de enmiendas, lo que impide su debate en la Comisión Constitucional. PP y Ciudadanos se inclinan cada semana por extender el plazo de enmiendas, ampliándolo “sine die”. Parecería que quisieran relegar esta Propuesta de Ley al olvido, ¿cuáles son las razones? ¿Mantener resquicios legales que den margen de maniobra con opacidad y sin rendición de cuentas?
La campaña “Armas Bajo Control”, formada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, considera que no se puede seguir posponiendo la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Es urgente adecuarla sin dilación a los estándares internacionales de derechos humanosestándares internacionales de derechos humanos. Para ello, la reforma de la Ley debe garantizar el principio general de transparencia, la legalidad de toda limitación y la interpretación restrictiva de dichas limitaciones, obligando a motivar la consideración de cualquier materia como “secreta” y “reservada” y evitando las catalogaciones genéricas. Igualmente, debe asegurar que las decisiones gubernamentales sean públicas y recurribles ante la justicia y que no se limita el acceso a información para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos.
Mientras esto no pase, el “control del comercio de armas” tendrá que ver más con comercio que con control, algo que imaginamos ven con buenos ojos las empresas españolas de armas cuyas exportaciones se han cuadriplicado en la última década. Y España podría ser cómplice de violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Eso sí, todo en el más absoluto secreto.
Así se expresaba un diputado del PSOE en 1987 en una conversación en los pasillos del Congreso con Juan Mari Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, al hilo de unas preguntas parlamentarias presentadas por Bandrés relacionadas con unas polémicas ventas de armas españolas a Marruecos e Irak en aquellas fechas. Los grupos parlamentarios de IU y CDS presentaron entonces diversas iniciativas parlamentarias al respecto, en busca de mayor transparencia en el comercio de armas español.
¿Cuál fue entonces la respuesta del Gobierno? El 12 de marzo de 1987, el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, acordó clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo gubernamental responsable de aprobar o denegar las licencias de exportación de armas, apoyándose en la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968.