La inundación de armas en la región alimenta el fuego en Yemen

Era un día caluroso y seco de principios de julio de 2015. Salah Basrallah, agricultor de la región de Sada, en el norte de Yemen, permanecía de pie entre el grupo de nueve casas que solían formar su pequeño poblado de Eram. Observaba en silencio la devastación que le rodeaba. En cuatro ataques aéreos consecutivos contra el poblado, había perdido a 21 familiares, entre ellos su esposa y sus seis hijos. En las cercanías se hallaban los restos de una bomba serie MK-80, similar a las encontradas en muchos otros lugares atacados por la coalición, y de las que se sabe que son suministradas por Estados Unidos a Arabia Saudí.

Según las autoridades locales de Sada, los ataques mataron en total a 55 personas, entre ellas 35 niños y niñas. Varias personas murieron en los ataques aéreos subsiguientes, cuando trataban de rescatar a la gente tras el primer bombardeo. Los supervivientes tardaron cinco días en rescatar todos los cadáveres: muchos estaban hechos pedazos.

Avancemos hasta el presente año. La campaña de bombardeos de la coalición ha cumplido recientemente su primer aniversario y los ataques aéreos siguen devastando la vida de familias yemeníes inocentes. En la capital de Sana, lo único que queda de la casa donde en tiempos vivieron el juez Yahya Rubaid y su familia es un esqueleto de metal, con pedazos de cemento colgando de lo que solía ser la sala de estar. Un ataque aéreo la alcanzó el 25 de junio de 2015 a la una y media de la madrugada, cuando el juez, su esposa, sus hijos y sus nietos dormían. Poco después hubo un segundo ataque, cuyo sonido retumbó resonó en toda la ciudad.

Según familiares, Rubaid era juez de una causa contra el presidente yemení Abed Rabbo Mansour Hadi, juzgado in absentia por traición. No está claro si ese fue el motivo por el que su casa fue atacada. Lo que sí está claro es que no había una base jurídicamente válida para bombardear la casa, ya que el juez y su familia eran civiles y, en virtud del derecho internacional, esa casa no debería haber sido atacada.

Mohammed Abdullah, sobrino de Rubaid, recordaba haber excavado montañas de escombros, sin encontrar debajo cadáveres.

“Inmediatamente corrimos a la casa de mi tío y empezamos a buscar sus cadáveres frenéticamente, para ver quién había sobrevivido”, dijo. Llamó al teléfono de una de las hijas del juez, y oyó su sonido amortiguado en las cercanías. Cuando Abdullah regresó una vez más a excavar en busca de señales de vida, en seguida se dio cuenta de que, enterrados bajo las piedras grises, había trozos de cuerpo: pedazos de carne, hueso y tendones. Unos metros más allá, encontraron la mitad del cadáver de Rubaid sobre una gasolinera que había frente a su dormitorio.

“Perdimos la cuenta de los trozos de cadáver que encontramos; no había quedado nadie entero”, dijo.

Estas atroces escenas son sólo dos ejemplos de los horrores que Yemen lleva presenciando desde que la coalición militar encabezada por Arabia Saudí lanzó su campaña de ataques aéreos en marzo de 2015. En un lado de la guerra está el grupo armado huzí, a menudo denominado “Comités Populares”, que cuenta con el respaldo de grupos armados leales al ex presidente yemení Ali Abdullah Saleh y de parte del ejército. En el otro lado está la coalición encabezada por Arabia Saudí y sus fuerzas aliadas sobre el terreno, a las que se suele denominar muqawama, o la “resistencia”, y que lucha en favor de Hadi y su gobierno.

Los objetivos declarados de la campaña aérea emprendida hace un año por la coalición son los huzíes y sus aliados: grupos armados leales a Saleh. Sin embargo, la realidad es que es la población civil, como Basrallah, Rubaid y sus hijos e hijas, la víctima principal de esta prolongada guerra. Los ataques aéreos han matado a centenares de civiles que dormían tranquilamente en sus casas, se ocupaban de sus quehaceres cotidianos o habían buscado refugio precisamente para protegerse del conflicto. Mientras tanto, Estados Unidos, Reino Unido y otros han seguido suministrando un flujo constante de armas y apoyo logístico a Arabia Saudí y su coalición.

Un año después, aún no está claro quién está ganando esta guerra. Arabia Saudí y sus socios de la coalición dicen haber recuperado el control de más del 80 por ciento del país, pero los huzíes mantienen el control de los puestos clave de Sana, Ibb y Taiz. Además, hay grupos armados como Al Qaeda en la Península Arábiga y el Estado Islámico que están ganando terreno y apoyo en las zonas del sur y el sureste del país, aprovechando el vacío de seguridad para consolidar su poder. Una cosa está clara: quienes más pierden son los civiles yemeníes.

Este desprecio gratuito por la vida de la población civil continúa imparable. El 15 de marzo, hacia las once y media de la mañana, dos ataques lanzados aparentemente por la coalición encabezada por Arabia Saudí destruyeron el mercado de Khamees, una localidad del norte de Yemen, y mataron a 106 civiles, entre ellos 24 niños y niñas. Hasan Masafi, un hombre que habló con nosotros por teléfono, ni siguiera pudo llorar la muerte de su hijo de 18 años porque no pudo encontrar su cadáver completo. “Sólo encontramos la pierna derecha”, nos dijo.

Los datos hablan por sí solos, y las pruebas de violaciones del derecho internacional humanitario no pueden rechazarse como meras habladurías, como ha tratado de hacer el gobierno británico en informes a la ONU. Amnistía Internacional y otras organizaciones han presentado a lo largo del último año pruebas convincentes que indican que todas las partes en el conflicto de Yemen han cometido crímenes de guerra. Pero hay países que prefieren no ver las pruebas que tienen ante sus propios ojos. Inundar la región de armas es como echar leña al fuego.

Los ataques como el del mercado de Khamees se han convertido en la norma para la población civil en Yemen. Más de 3.000 civiles han muerto durante el conflicto, según Naciones Unidas. Miles más han resultado heridos, más de 2,5 millones han tenido que desplazarse, y el 83 por ciento de la población depende de la ayuda humanitaria. Apenas hay un solo rincón o una sola persona del país que no haya sufrido de alguna manera los efectos de esta guerra.

La respuesta de la coalición encabezada por Arabia Saudí a las noticias sobre los homicidios ilegítimos de civiles —y sobre la destrucción de casas, escuelas e infraestructuras— ha sido repetir constantemente el mantra de que “los ataques aéreos sólo alcanzan objetivos militares”. Sin embargo, la imagen que se ve sobre el terreno es muy distinta. Con cada ataque ilegal de la coalición, se hace más patente que a Arabia Saudí y otros miembros de la coalición no les importa respetar el derecho internacional humanitario ni son capaces de cumplir sus normas fundamentales.

Y, aun así, Reino Unido, Estados Unidos y Francia siguen autorizando lucrativos negocios de armas con la coalición saudí, aparentemente sin pestañear siquiera.

Desde noviembre de 2013, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha autorizado ventas de armas a Arabia Saudí por valor de más de 35.700 millones de dólares. Entre ellas se encuentra el anuncio de una venta de armas por valor de 1.290 millones de dólares a Arabia Saudí en noviembre de 2015 que suministrará a Riad 18.440 bombas y 1.500 cabezas explosivas. Mientras tanto, durante su estancia en el cargo, el primer ministro británico David Cameron ha supervisado la venta de armas por valor de más 9 mil millones de dólares a Arabia Saudí, de ellas casi 4 mil millones de dólares desde que comenzaron los ataques aéreos contra Yemen, según la Campaña contra el Comercio de Armas, ONG con sede en Londres.

Con independencia de cuándo fueran adquiridas las armas que utilizan las fuerzas de la coalición en Yemen —es decir, antes de la campaña aérea o desde su inicio—, los países que las han suministrado tienen la responsabilidad de garantizar que no se emplean para facilitar violaciones del derecho internacional.

Aunque los incesantes ataques aéreos de la coalición son la principal causa de las muertes de civiles en el conflicto, la población civil puede verse también atrapada cada vez con más frecuencia en el fuego cruzado entre los huzíes y los grupos armados que luchan contra ellos, respaldados, tanto unos como otros, por diferentes unidades de las ahora divididas fuerzas armadas.

Un caso ilustrativo es la ciudad meridional de Taiz, que lleva sufriendo al menos desde noviembre restricciones de la distribución de suministros de alimentos y medicinas. Los ataques siguen matando y mutilando a civiles, incluidos niños y niñas. Cuando Amnistía Internacional visitó la ciudad en julio de 2015, presenciamos de primera mano la irresponsabilidad de los combatientes, y documentamos 30 ataques terrestres que causaron más de un centenar de bajas. Una de las víctimas fue Ayham Anees, de 12 años, muerto en un aparente ataque de mortero en mayo.

Munther Mohamed, tío de Anees, describió cómo había corrido hacia el lugar cuando oyó los gritos infantiles después del ataque. “También vi a mi sobrino Ayham, con la cabeza separada del cuerpo”, dijo. “Yo les había dicho a los niños que jugaran en el centro de la calle, porque era el lugar más seguro, pero resultó que no lo era.”

La crisis de Taiz se ha agravado en los últimos días. Aunque los huzíes han sido parcialmente expulsados del centro de la ciudad, siguen manteniendo el control de la mayor parte de la gobernación. Al verse obligados a retirarse, han sembrado el lugar de minas terrestres, armas prohibidas internacionalmente que ya se han cobrado decenas de vidas civiles.

La semana pasada, el portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudí anunció que las operaciones se acercan a su fin en Yemen. Aún no está claro qué significa eso en la práctica, ya que los ataques aéreos siguen machacando el país. Pero la rendición de cuentas no desaparece sólo porque las operaciones militares puedan estar reduciéndose.

Es hora de poner fin a estos crímenes contra la población civil. Mientras se espera la celebración en Kuwait, el 18 de abril, de las conversaciones de paz, todas las partes deben dar prioridad a varias condiciones cruciales: proteger los intereses a largo plazo de la población yemení ordinaria, garantizar que se pone fin a los horrores del último año, y asegurarse de que los responsables rinden cuentas de sus actos. No pueden olvidarse todas las vidas civiles perdidas a consecuencia de violaciones del derecho internacional, incluso aunque se cierre el capítulo bélico.

Para los hijos de Salah Basrallah ya es demasiado tarde, pero no hay excusa para no hacer ahora lo debido. Los Estados deben actuar de inmediato para garantizar que no se suministra —directa ni indirectamente— a ninguna de las partes enfrentadas de Yemen armas, municiones, equipo militar o tecnología que pueda utilizarse para favorecer el conflicto. Además, deben hacer cuanto esté en su mano para garantizar que se lleva a cabo una investigación internacional independiente sobre los abusos cometidos por todas las partes del conflicto, con el fin de garantizar la justicia y la reparación para Salah Basrallah y para las otras miles de víctimas de esta mortífera guerra.

Era un día caluroso y seco de principios de julio de 2015. Salah Basrallah, agricultor de la región de Sada, en el norte de Yemen, permanecía de pie entre el grupo de nueve casas que solían formar su pequeño poblado de Eram. Observaba en silencio la devastación que le rodeaba. En cuatro ataques aéreos consecutivos contra el poblado, había perdido a 21 familiares, entre ellos su esposa y sus seis hijos. En las cercanías se hallaban los restos de una bomba serie MK-80, similar a las encontradas en muchos otros lugares atacados por la coalición, y de las que se sabe que son suministradas por Estados Unidos a Arabia Saudí.

Según las autoridades locales de Sada, los ataques mataron en total a 55 personas, entre ellas 35 niños y niñas. Varias personas murieron en los ataques aéreos subsiguientes, cuando trataban de rescatar a la gente tras el primer bombardeo. Los supervivientes tardaron cinco días en rescatar todos los cadáveres: muchos estaban hechos pedazos.