Las Leyes Mordaza, una signatura pendiente que no se puede demorar más

Estas reformas legislativas llegaron tras el ciclo de gran movilización contra los recortes a los derechos económicos, sociales y culturales a raíz de la crisis económica de 2008. Frente a ello, en lugar de escuchar a la ciudadanía, la respuesta del Gobierno de entonces fue un brutal recorte represivo en derechos civiles, afectando gravemente a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, y estableciendo, como denunció hace dos años Amnistía Internacional, un manto de impunidad que restringe y debilita el derecho a la protesta.

Durante estos nueve años desde las organizaciones de la sociedad civil han documentado, se han movilizado y hecho llegar a las autoridades las enormes preocupaciones con respecto al amplio margen de arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas, la utilización abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o como las balas de “foam”, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

En la actual legislatura seguimos sin que las reformas se hayan acometido, una vez que en la anterior decayeran las propuestas de reformas al no alcanzar acuerdos quienes tenían mayoría parlamentaria para ello, y tras años de inmovilidad en los que se iba prorrogando de manera continuada la tramitación de las mismas.

El pasado 10 de junio la plataforma No Somos Delito, con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, organizó la nueva jornada parlamentaria en el Congreso “Sin mordazas: 9 años y ni uno más” en la que se mostraron con casos concretos las principales preocupaciones en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo el caso del grupo vecinal No a la Tala en Madrid, que acumula 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles en sus vecindarios. O cómo el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, han acumulado más de 44 mil euros en multas sólo desde 2021, o los 21.000 euros en multas por la protesta de estudiantes del grupo Defendemos Palestina ante la visita de la Embajadora de Israel en la Universidad Complutense.

Desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre de 2022, se han impuesto algo más de 291.400 sanciones con base únicamente en dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse“ (36.6) y ”faltas de respeto a la autoridad“ (37.4), suponiendo el 77% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Estas son dos de las principales preocupaciones que se viene señalando desde la entrada en vigor de la reforma en 2015, al impactar negativamente en el ejercicio de derechos humanos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Otra de las cuestiones claves que se han abordado en el marco de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que no se llegó a finalizar en la pasada legislatura ha sido sobre el uso de las pelotas de goma, las cuales deben estar prohibidas por ser intrínsecamente imprecisas, y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva. En cuanto a las proyectiles de ‘foam’ han causado lesiones graves, incluso provocando la pérdida de un ojo a varias personas y han sido empleados para dispersar multitudes, debiendo suspenderse su uso para evaluarlo y valorar si puede ser usado conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

La Ley de Seguridad Ciudadana también ha impactado de forma muy negativa sobre determinados grupos de población, como sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas, por ejemplo con la disposición adicional que pretende legalizar la práctica ilegal de las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como devoluciones en caliente. En la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022 se llevaron a cabo 470 devoluciones en caliente. El despliegue de las fuerzas de seguridad de ambos estados fue brutal. El uso de estos proyectiles pudo contribuir a la muerte de al menos 37 personas negras. En este caso, dos años después, seguimos reclamando una investigación efectiva, independiente y transparente que pusiera a disposición de la justicia a los funcionarios responsables de uso ilegítimo de la fuerza.

La falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español es otra de las peticiones de la sociedad civil que se abordaron sin éxito en el contexto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La ausencia de mecanismos permite actuaciones arbitrarias y desproporcionadas en un marco de impunidad.

Por otra parte, los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta deben estar definidos de forma precisa para no criminalizar indebidamente actos de protesta pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos, recientemente modificado, debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.

Es representativo el caso de Javitxu, que entró en prisión el pasado 21 de mayo por haber participado en protesta contra un mitin del partido político VOX que tuvo lugar el 17 de enero de 2019 en el Auditorio de Zaragoza. El Tribunal Supremo condenó a Javitxu a cuatro años y nueve meses por los delitos de atentado y desórdenes. Además de reclamar su inmediata puesta en libertad y la anulación de su condena, este caso muestra que tampoco se puede demorar más la reforma del Código Penal para que no se pueda seguir criminalizando el derecho a la protesta.

Si volvemos nueve años atrás, recordaremos cómo el PSOE hizo campaña contra la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 por considerarla una vuelta al Estado policial que instaura, además, el “Derecho Administrativo Sancionador del enemigo”. Consideraba que “su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la ”tranquilidad pública“, que por otra parte es un valor sin concreción constitucional.” Como recordamos en el llamamiento a la movilización de cara a este nuevo aniversario, teniendo en cuenta el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar de octubre de 2023, reclamamos nuevamente que cumplan su compromiso y que este sea el último año de Ley Mordaza.

Abordar las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana es una cuestión de valores, de compromiso con los derechos humanos. Recordamos cómo desde que se tuvo conocimiento de los proyectos de ley en 2015 mecanismos internacionales de los derechos humanos realizaron advertencias de que su aprobación socavaría los derechos de manifestación y expresión, como hicieron por ejemplo el de cuatro Relatores de la ONU, o cómo el Consejo de Europa instó a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”.

También merece recordar las recientes declaraciones del presidente del gobierno, quien asumió el pasado 29 de abril, tras cinco días de reflexión, su “compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”. Abordar dicho compromiso debe implicar ineludiblemente atender la asignatura pendiente que tiene desde que fuera candidato a la presidencia y afirmara con rotundidad que “Derogaremos la 'Ley Mordaza' nada más lleguemos al Gobierno”.

No podemos predecir el futuro, pero sí que sabemos hoy que los derechos conquistados son resultado de las luchas sociales del pasado, y que por tanto los avances en derecho futuros serán por el impulso de la movilización social comprometida con los derechos humanos. Con esa vista a largo plazo el Gobierno actual debería revertir sin mayor dilación el paquete represivo de la sociedad civil que constituyen las Leyes Mordaza. En lugar de permitir que se siguiera socavando el derecho a la protesta debería invertir esfuerzos en poner en valor, proteger y agradecer la labor de quienes dedican su tiempo en la defensa de los derechos humanos.

Si nos limitamos en cambio a una mirada más táctica y cortoplacista, ya son muchos los intereses que hacen oposición a los avances en los derechos a la salud púbica, la vivienda, o al trabajo, por citar algunos, como para que el actual Gobierno no visualice que para cumplir con su propio programa de gobierno necesita de una sociedad civil que pueda impulsar los avances en derechos humanos. Y para ello debe facilitar que lo pueda hacer con seguridad y sin miedo a tener que desviar sus esfuerzos en pagar cuantiosas multas e incluso en procesos penales por haber ejercido el derecho a la protesta.

A día de hoy aún existe una mayoría parlamentaria que durante años mostró su oposición a las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Ya sea por convicción, compromiso o valores, por una mirada estratégica a largo plazo o una más táctica a corto plazo, tras 9 años no debería de pasar ni uno más sin acabar con las vulneraciones de derechos de las Leyes Mordaza.

Estas reformas legislativas llegaron tras el ciclo de gran movilización contra los recortes a los derechos económicos, sociales y culturales a raíz de la crisis económica de 2008. Frente a ello, en lugar de escuchar a la ciudadanía, la respuesta del Gobierno de entonces fue un brutal recorte represivo en derechos civiles, afectando gravemente a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, y estableciendo, como denunció hace dos años Amnistía Internacional, un manto de impunidad que restringe y debilita el derecho a la protesta.

Durante estos nueve años desde las organizaciones de la sociedad civil han documentado, se han movilizado y hecho llegar a las autoridades las enormes preocupaciones con respecto al amplio margen de arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas, la utilización abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o como las balas de “foam”, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.