Penas de muerte, cárcel y represión tras las protestas en Irán

Munición real a corta distancia, gases lacrimógenos, cañones de agua, detenciones masivas. Esa fue la respuesta inmediata a las protestas de la sociedad iraní, que desde finales de septiembre del año pasado ha tomado las calles, primero en defensa de los derechos de las mujeres y posteriormente, exigiendo cambios políticos y sociales en Irán. “Las fuerzas de seguridad disparaban (...) en todas las direcciones, todo el mundo corría el riesgo de recibir un disparo, era pura suerte recibir un balazo o no”, contaba un testigo de las protestas.

Se estima que más de 300 personas han muerto por manifestarse, incluidos al menos 41 niños y niñas. Cientos más habrían sufrido heridas durante la represión de las protestas, aunque no hayan acudido a los hospitales por temor a nuevas represalias. Y hasta 16.000 habrían podido ser detenidas, a muchas de las cuales se les ha sometido a tortura.

Prisas por ejecutar

Las noticias que llegan de Irán confirman que el régimen de los ayatolas está usando la pena de muerte como herramienta para infundir miedo en la población, en un intento desesperado por poner fin al levantamiento popular que tiene lugar por todo el país. Menos de cuatro meses después del inicio de las revueltas, ya se ha aplicado la pena de muerte a cuatro manifestantes.

El primero fue Mohsen Shekari, ejecutado el 9 de diciembre, menos de tres semanas después de haberlo declarado culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) y condenado en un simulacro de juicio en el que se le acusó de “bloquear una calle en Teherán, provocando miedo y privando a la población de libertad y seguridad, y herir intencionadamente a un agente de seguridad con una arma blanca”.

Al joven Majidreza Rahnavard, de 23 años, le acusaron de matar a dos agentes y fue condenado en un juicio que solamente tuvo una vista, también por “enemistad con Dios” , al igual que a Shekari. Los medios de comunicación estatales mostraron videos de Majidreza realizando confesiones forzadas con un vendaje en el brazo y su ahoracamiento público fue apenas dos semanas después de dictarse sentencia.

Unos días antes, el 5 de diciembre, un Tribunal Revolucionario condenó a muerte a Mohammad Mehdi Karami y a Seyed Mohammad Hosseini por “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). La sentencia se aplicó poco más tarde, el 7 de enero, en secreto y sin avisar a sus abogados ni a sus familias. Antes del juicio, varios medios también difundieron sus confesiones forzadas.

El último nombre de esta trágica lista de ejecuciones recientes es el de británico-iraní Alireza Akbari. Aunque este caso no tiene que ver con las recientes protestas, sino que se trata un antiguo alto cargo de Defensa, acusado de espionaje para el Reino Unido. Akbari también denunció que le arrancaron su confesión a base de torturas, administración forzosa de sustancias químicas y aislamiento prolongado.

Represión a deportistas

Desde el comienzo de las revueltas, se han sucedido numerosos ejemplos de deportistas mostrando públicamente su apoyo a las protestas. El jugador de fútbol Zobeir Niknafs colgó un video rapándose el pelo en protesta contra la muerte de Mahsa Amini. La escaladora Elnaz Rekabi compitió sin velo en los campeonatos de Asia, y la selección de fútbol dejó de cantar el himno en el Mundial de Qatar.

El portero del equipo nacional, Alireza Beiranvand, pidió además en su Instagram que las penas por protestar fuesen revocadas, aunque posteriormente eliminó la publicación. Mientras que la joven ajedrecista Sarasadat Jademalsharieh, decidió el pasado mes no volver a Irán e instalarse en España tras jugar sin velo el Mundial de Kazajistán.

Por ahora, el único futbolista condenado es Amir Nasr Azadani, de 26 años. Fue detenido el 27 de noviembre, acusado de disturbios contra las autoridades (baghi). Tanto el deportista como su familia habrían sido denunciados en varias ocasiones por mostrar públicamente su apoyo a las protestas por los derechos de las mujeres. Aunque en diciembre hubo informaciones en prensa que aseguraban que había sido sentenciado a la pena de muerte, los medios oficiales iraníes han confirmado que la condena es a 25 años de prisión, de los cuales es posible que tenga que cumplir 16 de acuerdo a la normativa sobre duración de condenas.

Asimismo, el gobierno iraní tomó represalias contra la familia del legendario ex jugador de fútbol, Ali Daei, y ordenaron el regreso de un vuelo que habían tomado su mujer y su hija para salir del país.

20 vidas en peligro

Amnistía Internacional ha identificado al menos a otras 20 personas que corren peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas. Once de ellas ya tienen una condena en firme y otras están siendo juzgadas o afrontan juicios por cargos que se castigan con la pena capital.

Particularmente cruel resulta la condena a muerte para Mohammad Ghobadlou, un joven de 22 años con una enfermedad mental. Un grupo de psiquiatras han firmado una carta abierta pidiendo un examen más detallado sobre su capacidad de discernir y su madre ha denunciado que en prisión se le está negando su medicación. El pasado 2 de enero el Tribunal Supremo confirmó su sentencia en un juicio que no cumplió con las normas internacionales por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) al haber atropellado a unos agentes, causando la muerte a uno de ellos.

Y siguen las protestas

A pesar de esta brutal represión, la ciudadanía en Irán sigue reclamando sus derechos. Las familias de las personas que podrían ser ejecutadas y quienes las apoyan protestaron los días 8 y 9 de enero frente a la prisión de Raja’i Shahr, donde están recluidos varios de los condenados a muerte. La respuesta de las autoridades fue tratar de dispersarlos realizando disparos al aire. La angustia de la familias se incrementa debido a la práctica habitual de las autoridades de no avisar con antelación de las ejecuciones ni a ellas ni a los letrados.

Amnistía Internacional reclama a los dirigentes iraníes que suspendan todas las ejecuciones programadas y dejen de usar estas condenas como forma de represión política, liberen de forma inmediata a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y deroguen las leyes que castigan el “uso incorrecto” del velo con penas entre 10 días y 2 meses de prisión.

Por último, la organización hace un llamamiento a la comunidad internacional para que exija responsabilidades a las autoridades de este país e inicie investigaciones en los casos en que pueda haber funcionarios implicados en crímenes de derecho internacional.