La “Puerta del Sol” palestina: historia de un desalojo por la fuerza

El campamento, que los activistas denominaron pueblo de Bab al Shams “Puerta del Sol”, se había levantado dos días antes en tierras palestinas de propiedad privada con el fin de protestar contra la ocupación israelí y la continua expansión de los asentamientos ilegales, estrechamente vinculada a los desalojos forzosos en Cisjordania.

Policías armados hasta los dientes se trasladaron al pueblo para expulsar a los activistas pacíficos por orden del gobierno de Israel, a pesar de que el Tribunal Supremo había fallado el viernes que no se desmontase el campamento.

Cuando desperté por la mañana, comencé a hacer llamadas telefónicas para comprobar cómo estaban los activistas.

Hablé con Zaid, un activista al que conocí el año pasado, cuando fuerzas policiales de la Autoridad Palestina lo golpearon por protestar pacíficamente en Ramala.

Me pidió que llamase más tarde, porque estaba en el hospital con su hermano, que sufría una hemorragia interna cerca de un ojo provocada por la violencia policial durante el desalojo; y eso que la información de los medios de comunicación y las declaraciones israelíes afirmaban que el desalojo se había llevado a cabo de forma “pacífica”.

Llamé a otras personas, y por fin hablé con Sameer por videoconferencia; en Jerusalén eran alrededor de las seis de la tarde, y se acababa de despertar.

“Tengo la sensación de que todo mi cuerpo está magullado”, dijo. “Me golpearon con fuerza, y el frío no hizo más que empeorar las cosas.” Gimió de dolor al alargar la mano para agarrar un cigarrillo antes de describir lo ocurrido. Expulsó el humo y contó: “Estaba totalmente oscuro y hacía muchísimo frío. Había cientos de lucecitas; eran linternas de la policía antidisturbios, que llegaban de todas direcciones. Era surrealista, como si estuviéramos en una película de ciencia ficción.”

“A eso de las dos de la madrugada empezaron a sacarnos. Había cientos de policías antidisturbios. Con el equipamiento y los chalecos antibalas parecían superpolicías, y nosotros sólo éramos 130 personas apiñadas en medio del pueblo.”

“No opusimos resistencia al desalojo, pero tampoco colaboramos. Los soldados empezaron a sacarnos uno a uno; daban patadas para separarnos y luego entre cuatro y seis soldados nos iban sacando de allí de uno en uno.”

“Me dieron tantas patadas y tan fuertes en la pierna izquierda que sentí que se había roto. Tres soldados me arrastraron, y, cuando los periodistas ya no podían verme, empezaron a golpearme con los codos y a darme patadas en la espalda; después me tiraron contra unas rocas. Dos de los soldados me dieron patadas cuando estaba en el suelo. Me dieron en el cuello y otra vez en la pierna izquierda, y en la espalda.”

“Luego me metieron en un autobús policial junto con unos 40 activistas más; estábamos unos sobre otros, y algunos necesitábamos atención médica urgente. Vi las ambulancias cerca del autobús, pero se negaron a atendernos a pesar de que se lo pedimos una y otra vez.”

Sameer encendió otro cigarrillo y continuó: “Ahora tengo que ir a una reunión para debatir cuáles van a ser nuestros próximos pasos, pero te diré algo: regresaremos a Bab al Shams. Igual que deben regresar a sus hogares todos los palestinos que se han convertido en refugiados desde 1948. Esto es sólo el principio”, afirmó.

“El pueblo representa la resistencia no violencia y significativa; un desafío práctico a la opresión e injusticia israelí. Lo crearon jóvenes palestinos que no estaban afiliados a ningún grupo ni partido. Es lógico que Israel quiera detenernos. Esperábamos el desalojo, pero eso nunca nos impedirá defender nuestros derechos humanos.”

Fue una iniciativa realmente alentadora, que ofreció un ejemplo nuevo y creativo de la defensa pacífica de los derechos humanos que está llevando a cabo la población palestina. Pero la historia de Bab al Shams también refleja las experiencias más amplias de muchos otros palestinos.

Cerca de Bab al Shams viven alrededor de 2.300 refugiados palestinos de la tribu beduina jahalin, en comunidades diseminadas en la zona conocida como E1 y en torno a ella. Están allí desde que Israel los desalojó por la fuerza de sus lugares de origen en el desierto del Néguev, a comienzos de la década de 1950. A finales de la década de 1990, algunos también volvieron a sufrir el desalojo forzoso para facilitar la expansión de asentamientos ilegales israelíes.

Hoy en día, los jahalin viven con el temor de otro desalojo forzoso, tras los planes de traslado de la zona anunciados por Israel en 2011 con el fin de dejar espacio para nuevos asentamientos. En cualquier momento pueden ejecutarse las órdenes de de demolición que pesan sobre la mayoría de sus viviendas, escuelas y otras infraestructuras.

El desalojo de Bab al Shams refleja el destino que muy pronto pueden correr las tribus jahalin si Israel sigue adelante con sus planes, confirmados el pasado noviembre y de nuevo el domingo por la mañana, de construir más asentamientos en la zona E1.

El desalojo de Bab al Shams es un crudo recordatorio de que, aunque con arreglo al derecho internacional son los palestinos, y no los colonos israelíes, los que tienen derecho a construir y planificar pueblos en los Territorios Palestinos Ocupados, el gobierno israelí sigue negándoles esos derechos a diario.

La comunidad internacional debe tomar lo sucedido como una advertencia de que, si no se adoptan medidas inmediatas contra la expansión de los asentamientos ilegales israelíes –especialmente el plan E1–, comunidades enteras de palestinos sufrirán el desalojo forzoso de sus casas. Amnistía Internacional seguirá apoyando a estas comunidades y respaldando el derecho de la población palestina a protestar pacíficamente.

El campamento, que los activistas denominaron pueblo de Bab al Shams “Puerta del Sol”, se había levantado dos días antes en tierras palestinas de propiedad privada con el fin de protestar contra la ocupación israelí y la continua expansión de los asentamientos ilegales, estrechamente vinculada a los desalojos forzosos en Cisjordania.

Policías armados hasta los dientes se trasladaron al pueblo para expulsar a los activistas pacíficos por orden del gobierno de Israel, a pesar de que el Tribunal Supremo había fallado el viernes que no se desmontase el campamento.