Pussy Riot, un año sin libertad

Masha y Nadia son dos jóvenes rusas que en octubre de 2011, junto con otras compañeras, crean un grupo activista para evidenciar que la libertad de expresión, y en general los derechos humanos, están bajo amenaza en su país. Las jóvenes deciden mezclar en su coctelera activista ingredientes como el arte, la política y la música punk para denunciar esta situación mediante acciones pacíficas pero provocadoras en espacios de gran visibilidad pública y así conseguir repercusión. Nacen las Pussy Riot.

Meses después, el 21 de febrero de 2012, irrumpen un par de minutos en la principal catedral ortodoxa de Moscú para interpretar una canción “Virgen María, líbranos de Putin” y denunciar lo que, según ellas, es una deriva autoritaria de la Rusia actual. En pocas horas el video de su performance atrapa a 600.000 visitantes en Youtube y logra gran repercusión internacional.

El contexto ayuda: de noviembre a marzo de 2012, entre las elecciones legislativas y las presidenciales que sellan el regreso de Putin a la jefatura del estado, Rusia vive sus mayores manifestaciones tras el colapso de la URSS, gente en la calle que denuncia poca transparencia en los procesos políticos. Y la respuesta del poder a esas manifestaciones es más represión, golpes a manifestantes y detención y hostigamiento a destacados opositores y periodistas.

Coincidiendo con las elecciones que confirman a Putin como nuevo presidente, el 4 de marzo, Masha y Nadia son detenidas por las autoridades rusas. Días después, una tercera Pussy Riot, Katia, ingresa también en prisión. A partir de aquí, la historia más conocida. En agosto llega el juicio, rodeado por una inusitada atención mediática y en medio de un agrio debate en la propia sociedad rusa sobre la libertad de expresión, sus límites, la separación Iglesia-Estado y la independencia del poder judicial.

Y luego la condena: dos años de prisión por “odio religioso”, ofensa y escándalo. Desde Amnistía Internacional no juzgamos si la acción de las Pussy Riot es correcta o no; incluso podemos entender que haya gente que se sienta ofendida o herida en sus sentimientos o creencias. Pero la libertad de expresión no puede verse limitada por esta cuestión. En este punto cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido en diversas ocasiones que la libertad de expresión no solo abarca el ámbito de las ideas inofensivas o “blancas”, sino también las que ofenden o escandalizan. Y eso es por lo que Amnistía Internacional cree que la condena nunca debería haberse producido.

Activistas y organizaciones de derechos humanos de medio mundo se movilizan y solidarizan con las Pussy Riot.

En septiembre, las autoridades rusas reciben también 38.000 firmas recogidas por Amnistía Internacional España en apenas un mes, depositadas en la embajada rusa en Madrid en un acto público que reúne a artistas como Miguel Ríos e Ismael Serrano, entre otros. Hoy, superado ya el primer aniversario de la acción de las Pussy Riot, dos de las tres chicas siguen en prisión; la otra, Katia, está en libertad condicional desde octubre.

Las Pussy Riot encarceladas, presas de conciencia

Masha está en una colonia penitenciaria en Perm, 1.000 km al este de Moscú, a los pies de los Urales. Nadia, en Monrovia, a 500 km de su casa. Las dos jóvenes, madres de niños pequeños, están encarceladas por cantar una canción protesta y Amnistía Internacional las considera presas de conciencia. Masha ha recibido amenazas y estuvo en régimen de aislamiento. Nadia tiene problemas de salud que han empeorado bajo custodia. Están mal, soportando la dureza de un sistema penitenciario que numerosas organizaciones señalan por vulnerar los derechos humanos con maltratos sistemáticos a sus reclusos.

Seguramente el caso de las Pussy Riot no es el más grave que acontece en Rusia, aunque su carga simbólica es elevada: chicas jóvenes encarceladas por interpretar una canción anti-Putin. Pero su historia sí deviene una auténtica piedra de toque de la situación actual de la libertad de expresión en Rusia. Un año después, ésta se ha deteriorado y el caso de las Pussy Riot supone el arranque de una nueva y severa campaña de represión de los derechos humanos en este país. El parlamento ruso, la Duma, ha adoptado durante el último año nuevas leyes que tienen en el punto de mira a los activistas de derechos humanos y a opositores que critican al poder.

Así, por ejemplo, en junio de 2012 las autoridades introducen nuevas y restrictivas normas sobre protestas públicas, con multas que pueden superar los 25.000 euros. En noviembre de 2012 se obliga a las ONG que reciben fondos del extranjero a inscribirse como “agentes extranjeros”. Ese mismo mes se amplía la definición de “traición”, que podría criminalizar la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y el activismo político. A eso hay que sumar la reciente legislación homofóba que castiga con multas a las personas y colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexualeslegislación homofóba (LGBTI) que difundan “propaganda homosexual” entre menores. Esta ley, una más, también restringe la libertad de expresión y dificulta a la gente joven acceder a información vital para su bienestar.

Volviendo a las Pussy Riot, Masha y Nadia afirman que sienten toda esa presión del Estado ruso. En las pocas entrevistas concedidas desde las colonias penitenciarias se muestran agradecidas por todo el apoyo y las cartas que reciben: “Es lo más importante que ahora podemos tener”. Y reiteran que no se arrepienten de nada de lo que hicieron.

Ya en el ecuador de su condena, debe ser nuestra tarea seguir trabajando por su caso para que no caiga en el olvido y denunciar la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión en Rusia. Denunciar, en definitiva, ese argumento falaz que parece ganar terreno en los últimos doce meses favorecido por una legislación represiva: que libertades civiles y estabilidad social, económica y política son incompatibles en Rusia.

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