Salir a la calle es una obligación

Salir a la calle, poner el foco en violaciones de derechos humanos que apenas se ven, trabajar por casos de personas con nombres y apellidos que día a día sufren abusos por parte de sus Estados son las señas de identidad de quienes defienden nuestros derechos, los de todos. Salir a la calle el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, no es sólo una celebración, es una obligación.

En estos días activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional salen en más de 100 países para participar en la campaña “Actúa, cambia una vida”. El objetivo es mejorar las condiciones de reclusión de personas que están sufriendo abusos brutales. Y lo hacen, porque saben que pueden conseguirlo. Una carta o un correo pueden ser ignorados, pero ningún Gobierno hará oídos sordos a una avalancha de millones de cartas.

Este año, además, el 10 de diciembre coincide con el 30 aniversario de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura. Pese a que 155 Estados la han ratificado, durante 2014 en al menos 79 de ellos se siguen dando casos de tortura y malos tratos. La tortura sigue viva y goza de buena salud, porque no se ponen en marcha mecanismos eficaces que acaben con esta práctica.

Pero no queremos celebrar este 10 de diciembre con frías cifras. Activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional salen a la calle en al menos 60 ciudades españolas para trabajar por 3 personas. Todas tiene algo en común: han sido torturadas durante su estancia en prisión y no contaron con un juicio justo. Desde aquí queremos ponerles nombre.

Erkin Musaev, era funcionario de Defensa y trabajaba para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uzbekistán cuando le detuvieron en 2006. Su primer mes consistió en palizas diurnas e interrogatorios nocturnos, acompañados de amenazas a su familia. Le acusaron y declararon culpable de espiar para un Estado no identificado de la OTAN y de malversación de fondos de la ONU. Le condenaron a 20 años de cárcel en tres juicios injustos en los que admitieron como prueba las declaraciones obtenidas bajo tortura. Amnistía Internacional pide su liberación inmediata y que se investiguen las denuncias de tortura bajo custodia.

Moses Akatugba tenía 16 años cuando la policía de Nigeria le detuvo en 2005 como sospechoso del robo a mano armada de tres teléfonos, un delito que él afirma nunca haber cometido. En el momento de la detención le dispararon en la mano y le golpearon. Estuvo 3 meses en comisaría donde le golpearon brutalmente con machetes y porras, le tuvieron colgado horas, le arrancaron las uñas de los pies y de las manos. Sólo confesó tras ser brutalmente torturado. En el juicio, se utilizó esta confesión para condenarle a muerte. Amnistía Internacional considera que nunca debería haber sido condenado a muerte porque, tal y como establece el derecho internacional, era menor de 18 años en el momento en el que se cometió el supuesto delito.

Chelsea Manning, soldado estadounidense que filtró material clasificado del Gobierno a Wikileaks, denunciaba violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de Estados Unidos en Iraq y en Afganistán. Durante 11 meses estuvo confinada hasta 23 horas al día en régimen de aislamiento, en una celda de 6,7 metros cuadrados, sin ventanas, con sólo una cama, un retrete y un lavabo, sin contacto con nadie. Durante meses la obligaron a permanecer desnuda para evitar un improbable suicidio. En su juicio no pudo presentar pruebas que demostraban su intención de actuar por el interés púbico. Condenada a 35 años de cárcel, la condena más larga por filtraciones existente en Estados Unidos. Durante su estancia en prisión, decidió cambiar de género e iniciar un tratamiento hormonal, algo que el Ejército reconoce, pero que se está negando a facilitarle. Amnistía Internacional pide que se la libere inmediatamente por el trato recibido y el juicio sin garantías, y que se investigue a los autores de los abusos revelados por Manning.

Campañas como “Actúa, cambia una vida” en 2013 pusieron en marcha más de 2,3 millones de acciones individuales y consiguieron la puesta en libertad de tres activistas en Camboya y en Rusia.

Yorm Bopha, encarcelada en 2012 por protestar contra los desalojos forzosos que se llevaban a cabo en su comunidad en Camboya. Vladimir Akimenkov y Mikhail Kosenko, acusados de participar en “disturbios masivos” por haberse manifestado pacíficamente en la plaza Bolotnaya en Moscú en mayo de 2012.

Queremos poder anunciar en 2015 que Erkin, Moses y Chelsea han sido liberados gracias a nuestra presión, a la tuya.

Salir a la calle, poner el foco en violaciones de derechos humanos que apenas se ven, trabajar por casos de personas con nombres y apellidos que día a día sufren abusos por parte de sus Estados son las señas de identidad de quienes defienden nuestros derechos, los de todos. Salir a la calle el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, no es sólo una celebración, es una obligación.

En estos días activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional salen en más de 100 países para participar en la campaña “Actúa, cambia una vida”. El objetivo es mejorar las condiciones de reclusión de personas que están sufriendo abusos brutales. Y lo hacen, porque saben que pueden conseguirlo. Una carta o un correo pueden ser ignorados, pero ningún Gobierno hará oídos sordos a una avalancha de millones de cartas.