DÍA DE ANDALUCÍA
Cinco días antes del 28 de febrero (28F), día de Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno interpuso formalmente un recurso de inconstitucionalidad contra el llamado impuesto a las grandes fortunas, la tasa de nueva creación del Ejecutivo central que grava a los patrimonios superiores a los tres millones de euros.
Andalucía tiene 8,4 millones de habitantes, de los cuales 3,7 millones son contribuyentes. El 51,4% de las liquidaciones que se hicieron en 2020 provenían de hogares exentos de tributación [1,9 millones de andaluces asalariados], porque sus ingresos estaban por debajo de los 13.000 euros [primer umbral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas].
La Junta contabiliza “menos de mil andaluces” con un patrimonio declarado superior a los tres millones de euros, es decir, menos del 0,2% la población se verá afectada por el nuevo gravamen, con un impacto en la recaudación para las arcas autonómicas de 31 millones en los dos últimos ejercicios, según cálculos de la Consejería de Hacienda (cinco millones a través del ya extinto Impuesto sobre el Patrimonio y 26 millones por IRPF).
Pero la razón de ser del recurso de inconstitucionalidad no es la merma en los ingresos, toda vez que la Junta ya había renunciado al impuesto sobre el Patrimonio, que afectaba a esas grandes fortunas hasta el año pasado. La razón de ser del último pulso judicial de la Junta al Gobierno central, en la antesala del día de Andalucía, es “la defensa de la autonomía andaluza”. “Es una indudable y desde el primer momento reconocida afección a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas en la medida en que afecta decisivamente, a la competencia de estas sobre un tributo cedido como es el Impuesto sobre el Patrimonio”, advierte el recurso sobre el gravamen a las grandes fortunas.
Este litigio de competencias es el telón de fondo de este 28-F, que pivota más que nunca sobre el binomio autogobierno-suficiencia financiera. A finales de los años 90, el Gobierno socialista de Manuel Chaves puso nombre a esa idea-fuerza: “la deuda histórica”, un acierto terminológico para contabilizar el déficit de inversión del Estado con Andalucía en la década de los 80, cuando la autonomía echó a andar sin el músculo financiero que necesitaban sus escuelas (la falta de ellas), sus centros de salud (la falta de ellos) y sus carreteras (la ausencia de ellas).
El presidente Moreno, en la estela de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha llevado ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Pero, mientras Díaz Ayuso apunta a razones puramente económicas -la pérdida de 6.200 millones de euros para las arcas madrileñas-, el recurso de Moreno aparece en la antesala del 28-F como un alegato andalucista en defensa del autogobierno. “No me interesa la recaudación”, advirtió la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, en la presentación del recurso tras su aprobación en Consejo de Gobierno.
En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, reconocen que el planteamiento es “muy político”. Moreno está convencido de que la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, ha creado un impuesto “ad hoc” para desactivar su plan de competir por el domicilio fiscal de las grandes fortunas de España (y parte del extranjero) previa supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.
El propio recurso de inconstitucional denuncia las “prisas” del Gobierno central por aprobar su Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas a las pocas semanas de que Moreno lanzase en Madrid su carrera hacia la desfiscalización. El que Andalucía haya orillado la cuestión recaudatoria de su reclamación en los tribunales tiene una explicación matemática: para Madrid, el impuesto a las grandes fortunas es un riesgo real en la recaudación, en tanto que aglutina tres de cada cuatro euros de la inversión extranjera que viene a España (en torno a 5.000 millones). La presidenta madrileña sumó a esa cantidad otros 1.600 millones, el cálculo de otras altas rentas que “no van a venir por aplicación del nuevo impuesto”.
En su evaluación de daños, Madrid mezcla cifras de recaudación real con expectativas de crecimiento de un modelo fiscal muy arraigado. Andalucía, en cambio, se estrena en ese formato y por tanto el daño es una proyección pesimista a futuro sobre el ambicioso plan del presidente andaluz, a saber: los ingresos que se pierden al eliminar el impuesto a los ricos se recuperarán con creces con la mudanza de nuevos contribuyentes a Andalucía, “de infierno a paraíso fiscal” de la noche a la mañana.
Al suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, primero, y el impuesto sobre el Patrimonio, después, Moreno aspiraba a meter a Andalucía en la liga fiscal de los grandes tributos, por detrás de Madrid y Cataluña. Sólo que estas comunidades concentran los domicilios fiscales más abultados del país, mientras que Andalucía es la segunda comunidad con la media salarial más baja de España, más de la mitad de sus contribuyentes cobra por debajo del salario mínimo interprofesional y cerró 2022 con una tasa de paro del 19%.
La economía andaluza, en números, no avala el recurso de inconstitucionalidad al impuesto de las grandes fortunas. El 28-F sí. El derecho constitucional de esta comunidad a diseñar su autofinanciación dentro de los márgenes que el Estatuto de Autonomía le permite. Para Moreno, impugnar el nuevo impuesto del Gobierno a los ricos es un acto de reivindicación autonomista. La oposición de izquierdas, en cambio, le acusa de disfrazar de alegato andalucista “el derecho de 900 andaluces superricos a seguir siendo superricos”.
El de este martes es el primer 28-F del Gobierno de Moreno con mayoría absoluta. Los cuatro anteriores de la pasada legislatura se celebraron bajo la influencia de Vox, partido que sostenía con una mano al Ejecutivo andaluz mientras con la otra reclamaba el desmantelamiento del Estado de las Autonomías. Esa dicotomía distorsionaba el discurso autonomista del primer presidente no socialista de la Junta, a quien sus rivales de izquierdas tildaban de rehén de la ultraderecha.
En realidad, eran dos caminos paralelos que no llegaron a confluir lo suficiente como para hacerse zancadillas. La legislatura terminó después de tres presupuestos autonómicos pactados y aprobados con Vox. Los de Santiago Abascal se acomodaron en los espacios de poder que les concedió la autonomía en tanto que su fuerza política no podía, por sí sola, alterar la Constitución y fulminar el Estatuto andaluz. Así, pasaron de exigir el cierre de Canal Sur a ocupar un asiento en el Consejo de Administración y proponer un cambio de nombre a la cadena pública de televisión.
El discurso anti autonomista de Vox -y sus réplicas acusatorias por parte del PSOE andaluz- siempre emborronaron la jornada del 28-F, incluido insultos directos contra la figura de Blas Infante, reconocido “padre de la patria andaluza” en el Estatuto. Pero Moreno logró aislarse del ruido y avanzar en la construcción de un “andalucismo moderno e integrador”, con un PP “andalucista”, y la defensa y reescritura de la historia de la lucha por la autonomía plena, reubicando a la derecha en aquellos episodios que el PSOE “monopolizó” durante sus 37 años en el poder.
En el 28-F siempre ha pesado mucho el mundo de los símbolos de identidad del pueblo andaluz. Moreno ha aportado los suyos y ha resignificado los que ya existían: la figura del ex ministro de la UCD, Manuel Clavero Arévalo, el único referente político de la derecha en el proceso autonomista -dimidió del Gobierno de Adolfo Suárez por oponerse al referéndum de autonomía de 1980- fue redimensionada como “padre de la Andalucía moderna”.
La Junta creó una nueva medalla de Andalucía con su nombre, y que en su primera edición recayó en el primer presidente de la Junta, el socialista Rafael Escudero, y rebautizó con su nombre la sala donde se reúne cada semana el Consejo de Gobierno, en el Palacio de San Telmo.
Moreno también ha rescatado del olvido al que fuera fundador del extinto Partido Andalucista (PA), Alejandro Rojas Marcos, concediéndole una autoridad en materia autonomista que el PSOE siempre le negó. De este acercamiento a los restos del PA -en consonancia con la absorción que el PP ha hecho de los últimos alcaldes ligados a este partido de cara a las municipales de mayo- surgió la idea de declarar el 4 de diciembre Día de la Bandera de Andalucía, para conmemorar las manifestaciones de 1977 en las que millón y medio de andaluces salieron a las calles para exigir una autonomía plena, refrendada posteriormente en la consulta del 28-F.
Desde entonces, Rojas Marcos parece haber renacido como “consejero áulico” de Moreno y, igual que le pidió (con éxito) un día de la bandera andaluza, apremia al presidente andaluz a rediseñar la casa natal de Blas Infante -“hay más fotos de Escudero que de Infante”-, a cambiar el nombre a Canal Sur -en la estela de la propuesta de Vox- y, en suma, a “desmontar la manipulación del PSOE” sobre la autonomía. La historia la escriben los vencedores y el PP obtuvo 58 diputados el pasado 19 de junio.
Del otro andalucismo, el que se ubica en la orilla de las izquierdas, Moreno también ha recogido símbolos que ha compartido con el grupo de Teresa Rodríguez para hacerlos suyos: la potente figura de un mártir del proceso de transición a la autonomía andaluza: Manuel José García Caparros, el joven muerto de un disparo de policía en la manifestación del 4 de diciembre del 77, en Málaga.
El líder popular recibió a sus hermanas en el Palacio de San Telmo, a la par que apoyó y amplió una propuesta de Adelante Andalucía para que el Parlamento pida al Congreso la desclasificación de los archivos secretos sobre su muerte. Una iniciativa que ya acometió Unidas Podemos en la Cámara Baja -de manos de una diputada de IU- sin que los documentos revelasen nada manifiestamente importante. Pero en términos políticos sí lo fue que Moreno respaldase la última iniciativa de Teresa Rodríguez antes de abandonar su escaño, en una materia en la que el PP apenas se ha significado (Memoria Histórica) y para rendir homenaje a un episodio negro de la lucha autonomista.
En todos estos pasos, tanto en la vertiente económica y judicial, como en la batalla por los símbolos del 28-F, la víctima ineludible del andalucismo de Juanma Moreno es el PSOE andaluz. Los socialistas se ven orillados de las páginas de la historia que durante años protagonizaron. El presidente de la Junta, además, acusa a la nueva dirección de Juan Espadas de haber arriado la bandera blanca y verde para erigirse en el portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía. En el relato político del PP andaluz, tanto para las municipales como para las generales, “sanchismo es lo opuesto a andalucismo”.
Los socialistas, en cambio, esgrimen los números del Gobierno central en materia económica como “el mejor ejemplo de la defensa de Andalucía”. El salario mínimo interprofesional ha pasado de 735,90 euros a 1.080 euros en los cinco años desde que el PSOE llegó al Gobierno de España. Mientras la Junta anunciaba su recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas, el Consejo de Ministros aprobaba una nueva subida del salario mínimo, que beneficiará al 18% de los trabajadores andaluces: “364.000 empleados a tiempo completo y 100.000 más a tiempo parcial”.
La revalorización de las pensiones, tras aprobar una subida del 8,5% para este año, beneficiará a otros dos millones de andaluces: 1,6 millones de pensionistas contributivos, 93.321 perceptores de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, y a otros 471.013 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en Andalucía. La ayuda directa de 200 euros para personas vulnerables alcanzó a 178.000 familias andaluzas.
La reforma laboral, otro de los hitos del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, ha sido defendida por la coalición de izquierdas Por Andalucía como “la medida más andalucistas de las que se han aprobado” hasta ahora, habida cuenta de que el paro es el problema endémico y estructural de esta región desde hace 45 años. En esta comunidad, pese a cerrar el año 2022 con un 19% de desempleo, se realizaron 1.430.758 contratos indefinidos, un 496,8% más que en 2021 antes de la entrada en vigor de la reforma (287.947 contratos fijos)
Para los grupos de izquierdas en la oposición al Gobierno de Moreno, hablar del 28-F también es esgrimir estos números que impactan en “las clases medias y bajas de Andalucía”, y recordar otras medidas que también les afectan directamente como la prórroga de las rebajas fiscales en el recibo de la electricidad y del gas, la congelación del precio de la bombona de butano, la bajada del IVA de los alimentos de primera necesidad, las bonificaciones al transporte público (Renfe, Cercanías, Media Distancia y autobuses de titularidad estatal). “El Gobierno se dirige a una mayoría social frente a los menos de mil ricos andaluces por los que pelea Moreno en los tribunales”, advierten los socialistas.
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