La política laboral del Ayuntamiento de Marbella: 4,3 millones para contratos en fraude de ley y sanción por cargar decenas de miles de horas extra

El Ayuntamiento de Marbella se ha dado de bruces con una realidad relativa a su política de recursos humanos: tendrá que afrontar con un notable desembolso de dinero público las consecuencias de su estrategia de contratación y retribución de personal, que lleva años siendo denunciada en vano por los sindicatos. Tendrá que hacerlo, además, mientras comienza a aplicar un plan de ajuste que incluye bajadas de sueldo y amortización de plazas, lo que ya ha provocado movilizaciones sindicales.

La aprobación del plan de ajuste el pasado 13 de septiembre tiene como objetivo acceder al Fondo de Ordenación Estatal, que el Ayuntamiento necesita para abonar 43 millones de euros de sentencias urbanísticas procedentes de la época del GIL. El equipo de gobierno acomete el plan mientras se felicita de ser el municipio con “menor presión fiscal de la Costa del Sol” y de haber congelado los impuestos. También se opone a reforzar el gravamen del IBI que pagan las segundas residencias, que en Marbella son muchas.

El plan debe servir para aliviar la carga financiera de un municipio que lleva años ejecutando una errática política de recursos humanos, censurada reiteradamente por los tribunales. ElDiario.es Andalucía informó en su día de que la contratación en fraude de ley de cientos de trabajadores había provocado que muchos de ellos denunciasen al consistorio y lograsen sentencias que obligan al municipio a contratarlos como indefinidos o indemnizarlos. Este medio también desveló en julio de 2020 el abono sistemático de decenas de miles de horas extraordinarias cada mes en algunos servicios municipales.

Un año después, el Ayuntamiento asume que ambas prácticas van a suponer un notable desembolso de dinero público. El consistorio no ha respondido a los reiterados intentos de este medio por conocer su postura en los dos asuntos.

50.000 horas extra en un solo mes

La Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción al Ayuntamiento de Marbella por acumular la realización de miles de horas extra superando ampliamente los límites de la ley (80 horas anuales) y sin aparente control.

El Ayuntamiento pagó a determinados empleados del servicio de limpieza hasta 50.000 horas extra en un solo mes, según consta en sendos documentos firmados por el jefe de la unidad de personal y nóminas del consistorio. De esta forma, una veintena de trabajadores llegaron a superar las 300 horas extra en un solo mes, singularmente marzo y abril de 2019, justo antes de las elecciones municipales. Hay algún trabajador que en 2019 acumuló más de 2600 horas extraordinarias, 1972 al año siguiente y 911 en lo que va de 2021. Los sindicatos CGT y SEPMA siempre albergaron la sospecha de que el reparto desigual de estas horas extra podía encubrir ascensos o sobresueldos.

Tras una denuncia del sindicato SEPMA, el asunto llegó ante la Inspección de Trabajo, que pidió el registro de horas extraordinarias de todos los trabajadores municipales. La conclusión del inspector es rotunda. “Por parte de múltiples trabajadores se supera la realización de 80 horas extraordinarias retribuidas al año sin probar que la realización de las mismas se deba a fuerza mayor”, se lee en el acta.

Ya en su día el Ayuntamiento admitió implícitamente que vulneraba la ley. “No consta que ningún trabajador haya realizado 500 horas mensuales. Esas cifras harán referencia al cómputo anual”, respondió el consistorio a preguntas de este periódico. Pero tanto el convenio como el Estatuto de los Trabajadores fijan un máximo de 80 horas extra anuales por trabajador. Superarlas supone una infracción grave del Estatuto de los Trabajadores, con una sanción de hasta 7500 euros si se concluye, como apunta el inspector, que se trata de una infracción continuada.

Según la respuesta del concejal de Recursos Humanos al sindicato SEPMA, el interventor no ha puesto reparos a esta práctica, que supone para el consistorio un importante gasto. Sin embargo, sí constan reparos en un informe de la Cámara de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2016 (bajo gobierno del PSOE), en el que se advertía del “abono de cantidades por encima de los límites legales” en las nóminas.

Una práctica que se mantiene: casi 70.000 horas extra en seis meses

Se trata, en todo caso, de una práctica que se mantiene. Este medio ha tenido acceso a la relación oficial de horas extra de meses recientes. Las cifras totales solo en el periodo de febrero a julio son de 68.568,19 horas extra, con un coste total de 1.742.000 euros.

A pesar de que un mes tiene 150 horas laborales (a 37,5 diarias, según convenio), hay un trabajador de parques y jardines que supuestamente realizó 274 horas extra en febrero. La operativa se repite en otros departamentos: en Pavimentación hay trabajadores con 153 o 135 horas extra en un mes. En Fiestas, con 126 horas. En Limpieza, uno solo acumula 611 horas de febrero a julio de 2021, con 215 horas solo en ese último mes. Según ese documento, de febrero a julio se le habrían abonado 19.750,84 euros en concepto de horas extra.

“Se paga una cantidad de horas extraordinarias impresionante, cuando muchos servicios están privatizados. Por ejemplo, ahora la limpieza de los colegios”, comenta José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA. “¿Cómo se pagan esas horas extra habiendo subcontratado casi todos los servicios en áreas de limpieza, obras municipales y parques y jardines?”.

En los últimos días, y tras conocer el acta de infracción, el Ayuntamiento ha anunciado que tiene encargado un estudio sobre cargas de trabajo y para un nuevo borrador de reglamento al Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Málaga.

Cientos de puestos para toda la vida, ganados por sentencia

A este revés se suma la confirmación de que las condenas que recibe el Ayuntamiento desde 2018 tampoco saldrán gratis. El pasado viernes el Pleno aprobó (con el único voto a favor del PP) un expediente de modificación presupuestaria por 4,3 millones de euros, destinado a “hacer frente al pago de sentencias judiciales en el ámbito de Personal”, según confirmó Félix Romero, concejal de Hacienda.

Se trata de un problema que también viene de antiguo. El Ayuntamiento marbellí contrató durante años a cientos de trabajadores con contratos de obra y servicio, a veces utilizando para ello ayudas europeas o de los planes de empleo. Aunque supuestamente los contrataba para campañas específicas o tareas concretas, se dedicaban a la limpieza ordinaria del municipio. El departamento de recursos humanos acudía sistemáticamente a bolsas de eventuales para encomendar tareas comunes de jardinería o limpieza.

Cuando expiraba su contrato, muchos trabajadores acudían a los tribunales. Y casi todos lograban demostrar que realizaban tareas estructurales y que su contratación no tenía un fin específico. Desde 2018, los jueces han dictado alrededor de 150 sentencias que concluyen que se trataba de contratos en fraude de ley, y han condenado al Ayuntamiento a readmitir como indefinidos a los trabajadores o indemnizarles por su despido como si lo fueran. De esta forma, personal que entraba para unos meses a través de una bolsa ha acabado logrando un puesto para toda la vida. “Aquí se entra por sentencia”, explicaba en su día Daniel Pérez García, secretario de la sección sindical de CGT y miembro del comité de empresa en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento recurrió en su día al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero perdió. Sin embargo, siguió recurriendo sistemáticamente cada sentencia en su contra, evitando contratar hasta que se lo ordenaban los juzgados. “En vez de contratar tras la sentencia de primera instancia, decidieron, con la excusa del interventor, que no lo harían mientras la sentencias no fuesen firmes. Recurrieron todas, pero todas se han confirmado”, explica el sindicalista. El resultado es que ahora Marbella debe pagar más de cuatro millones de euros en salarios de tramitación, destinados compensar a cada trabajador por el tiempo que ha estado indebidamente sin trabajar.

Marbella tenía un gasto en personal presupuestado para 2021 ligeramente superior a los 167 millones de euros y cuenta con unos 3000 trabajadores. El gasto de 4,3 millones de euros para hacer frente a las condenas en su contra es la confirmación de que la política de contratación del Ayuntamiento de Marbella, que no ha celebrado oposiciones durante años, va a salir cara.