Andalucía vuelve a destinar dinero para “seguridad” en centros de menores extranjeros para “contener conflictos” que los datos niegan
Pese a que los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía dicen que el índice de delincuencia asociado a los menores migrantes tutelados en Andalucía es del 0,54%, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos sigue destinando dinero público en “seguir reforzando la seguridad” en los centros de menores extranjeros no acompañados “para evitar y contener posibles situaciones de conflicto o de riesgos externos”.
Un “proyecto de inversión por importe de 150.000 euros”, según se contempla en el acuerdo presupuestario firmado por los socios de gobierno y Vox para el año 2020, que superaba el debate de totalidad este miércoles en el Parlamento de Andalucía. “Seguir reforzando la seguridad de los menores atendidos en los centros MENAs, así como de los trabajadores de los mismos”, dice el punto 29 del acuerdo, “como continuación” a la enmienda parcial de Vox, incluida finalmente en julio por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos en los presupuestos de 2019 para aumentar en 800.000 euros “la partida para reforzar la vigilancia y la seguridad en centros para menores extranjeros no acompañados (Menas)”.
En todo caso, fuentes de la Consejería de Igualdad indican que dicha cantidad de 800.000 euros aceptada para las cuentas andaluzas de 2019 “nunca lo llegamos a contemplar en nuestro presupuesto”. “Se habló de esa partida pero no llegó a contemplarse”, insisten, si bien añaden que “lo que sí se va a contemplar es la partida de 150.000 euros previstos” en los presupuestos andaluces para 2020.
Como ya informó este periódico, entre enero de 2015 y mayo de 2019 fueron atendidos en la comunidad autónoma 15.693 menores en estos centros, de los que solo 83 han tenido medidas judiciales de internamiento por comisión de algún delito, es decir, poco más del 0,5%. La formación de extrema derecha reclamó 800.000 euros en una enmienda al presupuesto andaluz de 2019 por un “aumento previsto” en el número de llegadas.
Vox prefiere ignorar los datos oficiales: “No es lo que nos cuentan los vecinos”, dijo hace apenas tres semanas su portavoz parlamentario. “Albergues de inmigrantes de especial peligrosidad”, los denominó Vox Sevilla en un tuit del pasado 3 de junio, en plena polémica por la apertura de un centro de este tipo en el barrio de La Macarena de Sevilla, que ha contado con el apoyo vecinal ante lo que consideran “racismo”.
Avanzando contra la “inmigración irregular”
También en relación con la población inmigrante, PP, Ciudadanos y Vox dan un paso más en los presupuestos para 2020 en la pretendida expulsión de “inmigrantes irregulares” por parte de la extrema derecha al prever un convenio para compartir con Interior archivos de la Junta y ordenar “adecuadamente los flujos migratorios”.
El acuerdo alcanzado en junio por PP, Cs y Vox en Andalucía para desbloquear los presupuestos ya se advertía: “Tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el Convenio”.
Ahora, el punto 27, con un lenguaje también algo confuso, se apuesta para 2020 por “continuar negociando” con el Ministerio del Interior y “remitir una propuesta de convenio de colaboración” para la creación de un “órgano de coordinación” dependiente de la Secretaría General de Interior de la Consejería de Presidencia para “la coordinación y gestión conjunta de la información que obre en los archivos de la administración andaluza”. El objetivo final, según se desprende de este punto, es “luchar contra las mafias que trafican con personas, para ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares de acuerdo con lo que establecen las normas nacionales y europeas y, por último, garantizar las mejores condiciones de trabajo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración irregular”.
Cabe recordar que el acuerdo suscrito entre PP y Vox el pasado 9 de enero para investir al nuevo presidente de la Junta, ejecutado una semana después, señalaba que se trabajará “decididamente” para cumplir varios objetivos, entre ellos “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.
De manera más ambigua de la que se contemplaba en las exigencias primeras de Vox al PP, que aludía a que la Junta “encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”. El desarrollo previsto supondría aportar a la Policía los ficheros de Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde están registradas las personas que tienen acceso a la atención sanitaria normalizada a pesar de estar en situación administrativa irregular en virtud de una cifra (52.000 inmigrantes) que está usando Vox, y que sale precisamente de un informe de un sindicato policial como cifra de personas en situación irregular con tarjeta sanitaria. La ley, en todo caso, prohíbe la cesión masiva de datos sanitarios de inmigrantes a la Policía pues inclumpliría “el principio de proporcionalidad”.
